Viernes, 21 de Septiembre de 2018
Última actualización: 17:25 CEST
Represión

La Comisión de Derechos Humanos exige aclarar la muerte violenta de un cubano bajo custodia policial

Alejandro Pupo Echemendía, fallecido bajo custodia policial. (CIBERCUBA)

La Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDHRN) exigió este lunes "elucidar la responsabilidad oficial" ante la muerte violenta de un preso bajo custodia policial en Placetas, Villa Clara.

En su informe mensual sobre represión, la opositora CCDHRN consideró el hecho como el "más grave ocurrido durante el pasado mes de agosto".

La organización recordó que el día nueve del mes pasado, Alejandro Pupo Echemendía, murió en la estación de la Policía de Placetas.

"Los familiares y testigos aseguran (y mostraron fotografías a ese respecto) que el cadáver presentaba diversas lesiones indicativas de que Pupo Echemendia había sido brutalmente maltratado antes de su fallecimiento", señaló la organización.

"Resulta inobjetable que Pupo Echemendía fue conducido por agentes de la PNR, subordinados al Ministerio del Interior, internado en la estación policial de Placetas y de allí lo sacaron muerto: habría que elucidar la responsabilidad oficial ante este caso flagrante de otro ciudadano que muere bajo custodia policial", demandó.

Por otra parte, mencionó en su reporte la realización de un juicio contra funcionarios que presuntamente falsificaron documentos para "facilitar" traslados de residencia de provincia a la capital y cobraron por ello.

DIADIO DE CUBA reportó el caso. La Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para las principales implicadas, Sonia Milagro Barban, exabogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro, e Iluminada Machado, exfuncionaria del Consejo de Administración Provincial de La Habana, en un caso que refleja los obstáculos a la residencia legal en la capital del país impuestos por el Gobierno.

"Por primera vez en la Historia de la República de Cuba, hacia fines del pasado mes se anunció oficialmente la apertura de un juicio penal contra una veintena de funcionarios y otros ciudadanos a quienes se acusa de cohecho, falsificación de documentos y otros delitos encaminados a facilitar el traslado 'ilegal' de personas que residían en otras provincias hacia la capital de la república, para lo cual establecieron una verdadera red delictiva", indicó la CCDHRN.

En cuanto a la represión de opositores, la organización dijo haber verificado "por lo menos 219 detenciones arbitrarias, por motivos políticos". El número es similar al registrado en julio (229).

Aunque la cifra de arrestos ha bajado, alertó la CCDHRN, "la policía política secreta ejecutó al menos 21 actos de hostigamiento y cuatro agresiones físicas contra opositores".

Asimismo, impidió que nueve disidentes pudieran viajar a Perú en agosto para participar en dos eventos académicos. Otra decena tampoco pudo salir del país durante el mes. Las autoridades alegaron diversos pretextos o simplemente utilizaron "argumentos de fuerza", denunció la CCDHRN.

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