El vicepresidente Ramiro Valdés Menéndez presentó el "enfrentamiento abierto y severo del robo" como una de las cuestiones imprescindibles para asegurar una "adecuada implementación de la política de la vivienda en Cuba", según publicó el sitio oficial Cubadebate.
Valdés, que presidió una reunión de trabajo en Bayamo, también se manifestó a favor de "no admitir desorden ni impunidad" en el sector.
"Es inadmisible que los recursos no lleguen al pueblo, y por eso se debe ordenar bien el proceso, analizar los problemas existentes y tomar medidas judiciales, políticas y administrativas, cada vez más rigurosas", indicó el dirigente.
El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), llamó a "organizar el control popular sobre la importante actividad, pues muchos de los instrumentos legales existentes resultan ineficientes".
"No estamos haciendo lo que corresponde", admitió.
"Todo ello debe ir aparejado a la creación de mayores capacidades constructivas, para lo cual es vital movilizar a las masas, tarea en la que desempeñan un rol fundamental las autoridades del PCC, dijo.
Miles de necesitados de vivienda en Cuba llevan años esperando respuestas a su situación. Muchos casos se han acumulado a lo largo de los años tras las afectaciones provocadas por huracanes y otros eventos climáticos.
Recientemente, Miguel Díaz-Canel apeló a las minindustrias locales de materiales de la construcción para llegar a las 50.000 viviendas anuales que se ha propuesto el Gobierno y que hasta ahora ha sido incapaz de levantar para dar solución a uno de los problemas más graves que aquejan a la población en Cuba.
En la misma reunión de esta semana, la vicepresidente Inés María Chapman habló de "la necesidad de ejecutar las obras de forma ordenada, teniendo en regla todos los permisos, documentación y micro-localizaciones, para evitar que, una vez concluida, la vivienda no pueda entregarse, lo cual genera insatisfacciones en el pueblo".
La burocracia y la corrupción que ella misma genera es otro de los problemas que enfrenta la vivienda en la Isla.
En tal sentido, Chapman pidió "acortar los plazos, eliminar trabas e improvisaciones, todo ello a partir de la adecuada consulta y compatibilización entre los diferentes organismos implicados".
"Terminar las urbanizaciones, ejecutar los viales, y garantizar servicios asociados como drenaje, abasto de agua y tratamiento de residuales, que determinan la condición de habitable del domicilio, son otras cuestiones de especial atención en la implementación de la política", agregó.
En una reunión de chequeo reciente, la directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, Vivian Rodríguez Salazar, informó que hasta septiembre se habían terminado 17.531 viviendas. La cifra representa apenas el 35% del plan anual del Gobierno.
Cuba concluyó el año 2017 con un fondo de viviendas de alrededor de 4.000.000, pero con un déficit que ronda el millón de inmuebles, según datos publicados recientemente por el extinto Instituto Nacional de la Vivienda.
Solo en La Habana, con poco más de 2.100.000 habitantes, existe un déficit de 206.000 viviendas, seguido de la oriental Santiago de Cuba con 103.000, en un país con una población total de 11.200.000 personas.
La situación de la vivienda y el estado de las edificaciones en el país es preocupante. Hay familias que sobreviven en sitios readaptados como vagones de tren.
Los cubanos tienen que improvisar e ir solucionando los problemas constructivos de sus viviendas con medios propios y muchas veces caen en lo que el Gobierno califica de "ilegalidades urbanísticas".
Conseguir materiales para la construcción es bastante difícil o suelen tener precios demasiado elevados que el cubano de a pie no puede pagar con el salario. El Gobierno también impide las reparaciones realizadas por los propietarios y pone trabas y requisitos cuando no ofrece nada a cambio. Por ejemplo, en 2016 solo en La Habana las autoridades impusieron 5.471 multas por remodelaciones de exteriores.
No existe una política ni estrategia nacional para remodelar las edificaciones ni para la conservación de las viviendas.