Martes, 11 de Diciembre de 2018
Última actualización: 01:53 CET
Vivienda

El Gobierno cubano amenaza a 17 familias de Matanzas con demoler sus viviendas

Un asesor jurídico de la empresa henequenera amenaza a los vecinos. (DDC)
Dos vecinas protestan contra las amenazas de desalojo. (DDC)

El Gobierno y la Dirección Municipal de la Vivienda de Matanzas intentan desalojar a 17 familias que residen desde 2001 en un terreno colindante con una fábrica de derivados del henequén.

"Aquí nacieron nuestros hijos, que ya van a la escuela y muchos a la secundaria básica", dice Yosvany Maldonado León, portavoz de la comunidad.

"Estas casas son de mampostería y techo de zinc, algunas ya tienen las cubiertas de cemento, todas están electrificadas. Tenemos hasta un CDR, llamado Senén Casas Regueiro. Ahora, de repente, nos dicen que son tierras pertenecientes a la henequenera y debemos derrumbar las viviendas y marcharnos a nuestro lugar de origen. Esto es una gran injusticia".

Situado junto al río Canimar y cerca de la autopista que conduce a Varadero, el caserío está formado por más de 150 viviendas, pero solo 17 están bajo presión del Gobierno.

Osleidis Áreas, una de las afectadas, comenta que la Policía dio inicialmente 72 horas para que derrumbaran los inmuebles donde habitan desde hace 17 años.

"Pero por el Plan Verano (vacacional) han detenido la represión, pues han venido desde otras provincias muchos familiares nuestros y están pasando las vacaciones con nosotros. Hemos conocido que solo están esperando que se vayan los visitantes para volver a la carga", alerta.

Denia Fernández Rey, activista prodemocracia que visita todos los años a su prima en Canimar, señala que "este sitio antes del triunfo de la revolución era un campo de pelota, que luego convirtieron en basurero".

"La gente fue llegando, limpiando y acomodándolo para vivir. No es justo que, luego de tantos años de habitarlo, ahora los desalojen sin una justificación que los convenza".

Yosvany Maldonado dice que la Policía intenta evitar que la acción se vea como un desalojo forzado, porque el Gobierno cubano asegura que esa práctica se acabó en 1959.

Cuenta que los vecinos han agotado todos los canales establecidos para reclamar y defenderse, pero no han conseguido nada.

"La henequenera, que es la dueña de las tierras, dice que esto es un asunto del Ministerio de Agricultura. En cambio, Agricultura se limpia las manos diciendo que este es un problema del Gobierno, y el Gobierno alega que es jurisdicción de la henequenera; un círculo vicioso en el que todos le dejan el trabajo sucio a la Policía, que viene con la fuerza y nos dice que debemos derrumbar las casas".

"Desde hace muchos años estas viviendas posen un documento llamado 'Numero de Acuerdo' —explica Yosvany Maldonado —, que no es una propiedad como tal, pero nos da derecho a votar en las 'elecciones'".

"Con el 'Numero de Acuerdo' participamos en el Censo de Población y Vivienda y fuimos inscritos, pero ahora nada de eso vale", señala.

Katherine Tejeda, madre de dos niñas que nacieron en este caserío de Canimar, asegura que "el presidente del CDR renunció al cargo porque vio que esto que quieren hacer con nosotros es una infamia".

"Yo hago hincapié en que debemos resolver este problema por la vía pacífica, sin violencia, para no darle motivos a la Policía. La delegada de la circunscripción, Misleydy Núñez, también nos apoya, pero reconoce que nada puede hacer contra los 'factores'", en referencia al Gobierno y a la Dirección de la Vivienda municipales.

Jaquelín Romero Sosa es una de las primeras vecinas que se instaló en el caserío. "El último intento de desalojo tuvieron que detenerlo cuando a una embarazada le subió la presión y tuvieron que llevarla en una ambulancia para el hospital de Matanzas", dice.

"También perdimos a un compañero hace dos meses, Rolando Mariño, de 50 años, quien sufrió un infarto masivo por las amenazas de desalojarlo de su vivienda".

Noel Piña Espinoza, esposo de Jaquelín Romero Sosa, dice que a muchos habitantes del lugar el banco incluso les entregó créditos para comprar materiales de construcción con lo que mejoraron sus casas. Ahora las autoridades quieren que las derriben.

"Aquí tenemos una farmacia, una escuela primaria, dos consultorios y un kiosco en divisas. Es una comunidad organizada donde todos sus pobladores trabajan y están integrados al CDR y a la FMC. Entonces, no somos tan ilegales como ahora quieren hacernos creer".

"A mí me han acusado de 'cabecilla contrarrevolucionario'", se queja Yosvany Maldonado. "Es incierto, solamente he querido llevar la voz de mi gente y reclamar nuestro derecho a una vivienda".

"Hemos querido hacer llegar a la prensa nuestro reclamo, pero nunca encontramos oídos receptivos. Espero que alguna vez nos escuchen, por nuestros hijos, que nacieron aquí y piensan que estos son sus hogares; por nuestros ancianos, que quieren morir en paz en esta tierra; por nuestras mujeres, que creen que la Revolución las apoya, y por esta comunidad que solo quiere un techo donde vivir tranquilamente".