En horas de la tarde del pasado jueves 17 de marzo Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo Castro, uno de los jóvenes condenados por las protestas antigubernamentales del 11J, atentó contra su vida. En estos momentos, Castro, que padece de cáncer, se encuentra hospitalizada en una sala de psiquiatría.
"Me llamó para decirme que había ingerido unas pastillas, entonces la llevamos para el policlínico", contó a DIARIO DE CUBA María Teresa Pérez, madre de Castro. Informó que su hija se encuentra ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico Julio Trigo, del municipio Arroyo Naranjo. "Está en observación, con un estado de salud estable, a la espera de ser dada de alta", añadió.
Una semana antes de este suceso, Castro había sido puesta en libertad sin cargos, después de haber permanecido dos semanas detenida. Fue amenazada por la policía política con ser procesada por el supuesto delito de "desacato a la autoridad", para frenar el activismo de esta madre en pos de la libertad de su hijo y los demás menores presos por las manifestaciones del 11 de julio.
En recientes declaraciones a esta redacción, la madre de Castro ya había expresado que la acusación contra su hija era infundada. Pérez dijo que su hija en ningún momento tuvo un acto violento contra las autoridades que la acosaban.
Según cuenta Pérez, en los días posteriores a la excarcelación de Yudinela Castro, "fue citada y hostigada por la policía política que la ha hecho ir en varias ocasiones a la unidad de Villa Marista después de haber sido puesta en libertad sin cargos".
El 16 de marzo el portal oficial Cubadebate dio a conocer las condenas de los jóvenes manifestantes de La Güinera y Toyo, en La Habana. En la nota, Rowland Castillo figura con una pena de 18 años de privación de libertad. La familia está muy indignada por esta sanción. Castillo es un joven deportista que practicaba lucha libre, sin antecedentes penales, con buenos resultados y medallas a nivel nacional en su deporte.
Para Rowland Castillo Castro, la Fiscalía emitió una petición fiscal de 23 años. Durante la vista oral, le había sido recomendada una sanción de 12 años, pero finalmente sentencia estableció 18 años de privación de libertad.
El viernes, el grupo Justicia 11J denunció como una arbitrariedad del proceso a los juzgados por las protestas de La Güinera y Toyo "la invariabilidad del delito de sedición en las sentencias, a pesar de la posición común defendida por los abogados de la defensa, que sostenía la sustitución de este delito por otros como desórdenes públicos y atentado, por carencia de evidencias científicas que demostraran la comisión de un hecho de naturaleza sediciosa".
