Viernes, 14 de Diciembre de 2018
Última actualización: 22:26 CET
Política

México, la guerra continúa

López Obrador durante una conferencia sobre seguridad. (REUTERS)

"La política es optar entre inconvenientes", declaró el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad que regirá los pasos de la futura Administración para combatir el incremento de la inseguridad en el país.

Dando marcha atrás en una de sus promesas electorales, el regreso de los militares a los cuarteles después de 12 años de guerra contra el narcotráfico, López Obrador ha optado por profundizar la militarización de la seguridad pública, convencido de que "hay mucha descomposición en los cuerpos policiales".

Por tanto, el punto más destacado del nuevo plan de seguridad es la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo castrense compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Marina, que dependerá de la Secretaría de Defensa y para 2021 deberá contar con alrededor de 120.000 efectivos —el doble de los 50.000 militares que actualmente contribuyen a las tareas de seguridad—.

El proyecto prevé un despliegue progresivo de la nueva entidad por todo el territorio nacional, priorizando en un primer tiempo las zonas más conflictivas y de mayor densidad poblacional.

La Guardia Nacional, en refuerzo o en sustitución de las fuerzas del orden locales, ejercerá pues labores de prevención, de vigilancia, de investigación e incluso de presentación de detenidos ante el Ministerio Público. 

Estrategia fallida

Presentado como "un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto" al de los gobiernos anteriores, el esquema del futuro presidente perpetúa una estrategia fallida, ya que desde que el expresidente Felipe Calderón decidiera en 2006 sacar a las tropas de los cuarteles para luchar contra el narcotráfico, el país ha registrado la muerte violenta de cerca de 200.000 personas, la desaparición de unas 35.000 y el desplazamiento forzado de otras 250.000.

La decapitación de los cárteles históricos ha conducido a la fragmentación de las bandas criminales en grupos más pequeños y esparcidos por el conjunto del territorio mexicano, produciéndose una diversificación y un aumento de la criminalidad —robo de combustible, extorsión, secuestro, etc.—.

Doce años después de la salida de los militares a las calles, México ostenta índices de violencia inauditos. En 2017, por ejemplo, murieron asesinadas 31.174 personas, es decir 6.615 más que en 2016, suponiendo un incremento del 27% en un año, pero también más del doble de asesinatos que hace solo ocho años.

No es de sorprender que en los últimos días varias asociaciones de la sociedad civil y ONG, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, hayan criticado duramente la opción militarista, señalando que pone en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y es que desde 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reportado miles de denuncias por abusos a los derechos humanos cometidos por el Ejército, incluidos casos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.

El equipo de López Obrador insiste en que las medidas complementarias del plan de seguridad buscan contrarrestar esta situación. En lo adelante, por ejemplo, la nueva legislación tipificará como delitos los incumplimientos de las recomendaciones de las diversas comisiones de Derechos Humanos existentes en el país, convirtiendo así en vinculantes sus conclusiones.

Además, se prevé crear una instancia consultiva, el Consejo para la Construcción de la Paz, compuesto por representantes públicos y de la sociedad civil y también por un observador permanente de las Naciones Unidas, así como reconocer explícitamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y recurrir a la misma para la investigación y castigo si se producen crímenes de lesa humanidad.

Aun así, en el plan presentado no se habla de capacitación policial para los militares, entrenados básicamente para anular al enemigo, ni se plantea una hoja de ruta para la reestructuración y la mejora de las distintas fuerzas policiales con el fin de propiciar el regreso de los soldados a los cuarteles. 

¿Constitución a la medida?

Todo lo anterior hace pensar que lejos de revertir el peso del Ejército en el mantenimiento del orden público, el sexenio de López Obrador verá un país cada vez más militarizado.

Y ello pese a que la Suprema Corte de Justicia de México invalidara en un fallo, la semana pasada, la Ley de Seguridad Interior, la cual fue votada en el Congreso en 2017, a instancias del Gobierno de Enrique Peña Nieto, para darle un anclaje legal al papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.

Según los magistrados, dicha norma vulneraba la Constitución al convertir en permanente la presencia del Ejército en las calles y, también, al dejar demasiada abierta a la interpretación el empleo justo y proporcionado de la fuerza.

La futura Administración no ha tardado pues en anunciar que usará su mayoría en ambas cámaras del Congreso para modificar la Constitución y eliminar las trabas que obstaculicen el uso de los soldados en las labores de orden público.

La urgencia se explica por la intención de poner lo antes posible en manos del nuevo Ejecutivo el control de la seguridad en todo el territorio. Una competencia que, debido al régimen federal, es compartida con las distintas gobernaciones. Es también un modo de no tener que lidiar, al menos en un principio, con las policías locales, por lo general, corruptas e ineficaces.

Así y todo, es de temer que la idea de tallar la Constitución a la medida del Gobierno cobre realidad en detrimento de las instituciones. Una señal inquietante de lo que podría ser el procedimiento imperante en la próxima legislatura.

Más allá de México, la militarización de la seguridad pública se está convirtiendo en una vía de escape cada vez más solicitada en la región, como es el caso en Brasil y Argentina, por solo mencionar los otros pesos pesados del tablero continental. 

Dado el oscuro historial de los ejércitos latinoamericanos, su creciente influencia en la vida pública parece ser síntoma de un peligroso malestar.

3 comentarios

Imagen de Zoyla Bárbara Sosas Pérez

La aprobación a López Obrador baja del 64,6 % al 55,6 % en noviembre https://www.diariolasamericas.com/c4167230

Imagen de el viejo capao

Yo creo que Trump debe hacer ya pero ya una estrategia para frenar a este comunista... No sé, ir a la toma de pososión de este pendejo, marcar la raya, hacer declaraciones, no sé, hacer calgo, carajo que se nos llenará EEUU de migrantes estilo Colombia...

Imagen de Zoyla Bárbara Pérez Sosa

Bueno y dónde están esos mexicanosssssssssssssssssssss pendejos que se creyeron eso de "abrazos, no balazos", "becarios, no sicarios"?????? Siempre pensé que México era un gran peligro para América Latina porque nunca he visto un país en la región más procomunista que México. Fui maestra en Miami en escuelas privadas y siempre en los grupos de mexicanos oía frases como "los cubanos gusanos", "Fidel es bueno", "Cuba es una maravilla", "el Imperialismo Yanqui", etc. Luego fui dos semestres como maestra invitada a las Escuelas Preparatorias de la Universidad del Valle de México y a pesar de ser una escuela privada para clase media alta siempre escuchaba cosas de esos hijitos de papás tales como: "¿usted es cubana de Cuba o de Miami?", "¿Y qué cree usted de la magnífica obra del Comandante en Jefe Fidel?", y otras preguntas totalmente desenfocadas, pero muy muy pro comunistas. Luego en las taquerías y en los mercados callejeros me identificaban con Cuba por mi acento y me decía: "Viva Fidel". Yo experimenté muy horrorizada que en México desde hace mucho mucho tiempo se coquetea con el comunismo. Yo conozco más o menos regularcito el entorno educativo en varios países de América Latina y solo en México vi y percibí ese aliento fétido del comunismo en la conciencia de las gentes sin importar las clases sociales. Y he ahí el resultado: un desastre comunistoide a las puertas de EEUU. 

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