Sábado, 19 de Enero de 2019
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Política

Perú, las instituciones rehenes del fujimorismo

Seguidores del fujimorismo en una manifestación de apoyo a Alberto y Keiko Fujimori. (M. MEJÍA/AP)

"Las mentiras hay que también entenderlas en su propio contexto, hay atenuantes y agravantes", afirmó a fines de agosto Keiko Fujimori en defensa del fiscal general de la nación, Pedro Chávarry, quien negaba tener contactos con una vasta trama de corrupción destapada este verano y que afecta a amplias capas del Poder Judicial en Perú.

Una declaración que revela el grado de descomposición del sistema político peruano, donde la prevaricación y el cohecho son monedas corrientes.

No en balde, la casi totalidad de los presidentes del país en lo que va de siglo ha quedado salpicada por los distintos casos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht: Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo.

Es justamente por aportaciones ilícitas de Odebrecht, de un monto de 1,2 millones de dólares, a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, que esta y una veintena de miembros de su partido, Fuerza Popular (FP), fueron detenidos la semana pasada por lavado de activos y organización criminal.

Pese a la anulación, este miércoles, por parte de un tribunal de apelaciones de la orden de arresto de diez días que pesaba sobre el grupo, Fujimori y sus allegados seguirán siendo investigados de acuerdo a la ley de crimen organizado.

La líder de la oposición tiene también abierto otro proceso de lavado de activos, que ha involucrado incluso a la DEA, y sus vínculos con la organización de jueces y fiscales corruptos parecen bastante comprometedores.

Esto último como parte del escándalo que sacude a la vida pública peruana desde el verano: la presunta existencia de una gigantesca red criminal integrada por fiscales, jueces supremos, empresarios, dirigentes deportivos y políticos para sacar provecho propio mediante el tráfico de influencias y la manipulación de sentencias. El caso es conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto.

En algunas de las grabaciones de audio filtradas a la prensa aparecen varios jueces y fiscales programando reuniones extraoficiales con la "Señora K".

Por lo pronto, la revelación de esta trama se ha saldado con la destitución del ministro de Justicia, Salvador Heresi, y la renuncia o despido de varios jueces y fiscales. Además, hay una investigación judicial en curso.

Y no es de excluir que la orden de arresto de la semana pasada fuera, por parte de ciertos sectores del Ministerio Público, un intento de dar muestras de independencia e integridad en un momento en que la credibilidad del Poder Judicial peruano queda fuertemente cuestionada.

Crisis del fujimorismo

En todo caso, el suceso ha significado un episodio más en la crisis que atraviesa el fujimorismo. 

Esta se inició con la guerra entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji respecto a la actitud a adoptar ante la presidencia de Peruanos Por el Kambio (PPK), asumida en 2016 por Pedro Pablo Kuczynski y desde marzo de este año por Martín Vizcarra. 

Kenji abogaba por pactar con el oficialismo para obtener la liberación del pater familias, el antiguo autócrata Alberto Fujimori, mientras que Keiko se inclinaba por una oposición sin concesiones. 

El indulto concedido por  Kuczynski a Fujimori, durante la Navidad pasada, terminó por sellar la escisión entre ambos.

La decisión de Keiko de privilegiar la intransigencia se enmarca, en cierta medida, en una estrategia de promover un fujimorismo sin Fujimori, desligando a FP de la vieja guardia para poder afincar su control sobre la principal fuerza de la oposición.

El desplome del partido en las elecciones regionales y municipales, del pasado 7 de octubre, viene a confirmar la crisis del fujimorismo. FP obtuvo tan solo tres alcaldías provinciales de las 190 en disputa y se quedó sin gobernación regional.

Por si fuera poco, en los sondeos Keiko Fujimori es considerada por la ciudadanía como la figura más corrupta del país, contando con la desaprobación de más del 80% de los encuestados.

Esta pérdida de credibilidad se refleja en el irrisorio 2% de votos que recaudó el candidato de FP para la alcaldía de Lima, pese a que Keiko hiciera continuamente campaña a su lado.

La sombra de la corrupción

Hay al menos dos factores que concurren en este descalabro. 

El primero concierne la implicación del fujimorismo, y de su líder, en los casos más sonados de corrupción que han marcado al Perú en los últimos años.

El segundo atañe a la errática política de oposición diseñada por el fujimorismo, percibida en la ciudadanía como un simple instrumento para potenciar los intereses exclusivos de FP y de su cúpula sin la menor consideración por el interés general. 

Prueba de ello son las argucias empleadas por la bancada opositora, que domina el Congreso, para desvirtuar las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo, y que serán votadas en referendo en diciembre, para combatir la corrupción y democratizar la vida política.

Por ejemplo, uno de los proyectos de ley buscaba eliminar la reelección inmediata de los legisladores. Pero otra de las reformas, que instaura un sistema bicameral (Cámara de Diputados y Senado) en lugar del sistema unicameral actual, le permitió a la mayoría fujimorista plasmar el texto de modo que los parlamentarios no puedan ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, "en el mismo cargo". Así, nada impedirá la postulación continua de diputado a senador y viceversa.

No menos sospechosa es la ley exprés votada por FP para evitar el reingreso de Alberto Fujimori en prisión. La norma permite la libertad bajo vigilancia electrónica de los mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su pena o que tengan una enfermedad crónica. 

Alberto Fujimori tiene 80 años y ha cumplido más del tercio de su condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, corrupción y usurpación de funciones. Además, supuestamente ostenta un cuadro clínico demoledor: cáncer de la lengua, taquicardia, hipertensión, fibrilación auricular, gastritis hemorrágica, hernia lumbar.

A principios de mes, poco después de que un juez anulara el indulto navideño de Kuczyinski, Fujimori fue trasladado a una clínica, donde permanece desde entonces.

Por último, la bancada fujimorista no ha dudado en archivar este lunes la acusación contra el fiscal general de la nación, Pedro Chávarry, por beneficiarse de la red de Los Cuellos Blancos del Puerto para alcanzar su cargo. Y ello pese a los indicios más que notorios de la implicación de Chávarry en la trama.

Según la Constitución, el fiscal debe ser desaforado por el Legislativo para poder ser investigado. Por lo tanto, por ahora, Chavárry sigue en su cargo.

Y es que en el desempeño de sus funciones se muestra sumamente útil: la semana pasada retiró a una fiscal clave en las investigaciones a Keiko Fujimori.

Un atenuante suficiente como para ser protegido a todo precio por FP.

Visto así, actualmente el enroque del fujimorismo representa un obstáculo de peso para el sano ejercicio de la democracia en Perú.