Bancarización: convertir a cada cubano en policía de sí mismo

Durante tres años hemos estado advirtiendo sobre la intención castrista de reconducir la economía hacia canales electrónicos que permitan monitorear más y mejor la vida de los cubanos. Y ahora acaba de comenzar la fase final de ese proyecto de bancarización largamente planificado por el régimen.

Es vital comprender este proyecto desde su arista política, pues es en las relaciones de poder y las instituciones que de estas emergen donde, en última instancia, se define la economía de un país.

"Estos canales permiten operaciones más seguras, más rápidas, y es importante que económicamente reporten un beneficio para la población", afirmó Alberto Quiñones, vicepresidente del Banco Central, mientras comunicaba la decisión estatal de acelerar a fondo, partiendo desde el 3 de agosto, la bancarización del país.

Y el problema es que tiene razón: la bancarización logra armonizar un más efectivo control social con una economía más eficiente. Por eso, incluso un Estado quebrado como el castrista puede —si encuentra quien le subvencione la costosísima inversión inicial— encontrar atractivo moverse a un sistema de pagos electrónicos que, bien administrado, se autofinancia una vez en marcha.

Parece claro que los rusos, que desde el inicio de su reconquista de Cuba precisaron la necesidad de adecuar el sistema bancario nacional, sean los candidatos probables a financiar la nueva cadena con la que el castrismo quiere amarrar al pueblo.

Pero no solo los rusos, Alberto Quiñones aseguró que "todos los comercios que brinden bienes y servicios tienen que tener medios de pagos electrónicos y los actores económicos deben tener contratados los servicios de las pasarelas de pago o POS". No es opcional, con lo que el castrismo está forzando a los cubanos, específicamente a los emigrados que mediante remesas evitan que la gente (rectifico, que más gente) se muera de hambre, sufraguen este sistema de vigilancia.

Y se ve que el Gobierno va en serio, pues con el bajísimo poder adquisitivo al que han reducido la moneda nacional, es extremo que solo permitan "5.000CUP para operaciones menores de los actores económicos (es el límite por operación bancaria diaria en efectivo para entidades)". Un límite que impide que los negocios cubran en efectivo siquiera los gastos de papelería, obligándolos así a llevar toda operación a través del banco, viéndose entonces forzados a depositar en estos las grandes masas de CUP acumuladas para comprar dólares en el mercado informal.

¿Cómo van a justificar ahora MIPYMES y cuentapropistas las extracciones necesarias para comprar dólares en la calle, al doble del precio de un minúsculo mercado legal puesto al servicio de la asignación de divisas del Estado y no del mercado?

Para obligar más, además del ridículo máximo diario de 5.000 pesos, el viceministro del Banco Central advirtió que "en la red de cajeros solo se podrán usar las tarjetas asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios, bonificaciones". Es decir, las tarjetas asociadas a empresas no servirán para extraer efectivo, teniendo que ir por caja si quieren sus 5.000 míseros pesitos diarios, pagando el altísimo peaje de colas extenuantes para la salud física y psicológica donde se despilfarra algo tan preciado como el tiempo.

Habla por sí sola la violencia, la severidad con la que el castrismo impone esta bancarización, cuya progresividad estará solo determinada por la disponibilidad tecnológica que puedan ir instalando, pero cuyo diseño financiero extremadamente restrictivo dejaría a los cubanos, en caso de ser implantado a cabalidad, sin acceso al efectivo, es decir, sin privacidad.

¿Queda claro ahora que la crisis de carencia de efectivo que hemos sufrido estos últimos meses fue planificada? Habría sido mucho más barato y eficiente ampliar el cono monetario acorde a los precios actuales y futuros previsto, antes de tomar este camino de la bancarización. Sin embargo, nadie ha discutido la posibilidad de emitir billetes de 10.000 o 50.000, pues el Gobierno decidió, al contrario, reducir liquidez, y que los viejos pasen la madrugada frente a un cajero, para intentar forzar así a las MIPYMES a soltar el efectivo que han acumulado. Pero como había fallado en ese propósito, ahora obliga a las MIPYMES por ley.

El Gobierno creó un problema —la falta de efectivo— para imponer una solución —el dinero electrónico— aunque esto, inevitablemente, conlleve un abrupto enfriamiento de la economía en un momento en que la miseria está en niveles máximos.

Una vez más, el castrismo pone por delante sus intereses de casta a los intereses del pueblo. Otra vez la necesidad de controlar el país se impone sobre la necesidad de hacerlo prosperar.

Cuando se entienden las posibles opciones que tenía el Estado y se ve cuál de ellas eligió, no es suspicacia, sino certeza que, detrás de esta bancarización aparentemente económica, fiscal, financiera, se esconde una intencionalidad política en momentos en que, aparte de miseria, cunde el descontento social y hay, desde la perspectiva castrista, que modernizar el totalitarismo para mantener las cosas en su lugar: ellos arriba, nosotros debajo.

Y como nadie es más consciente que el propio castrismo de lo improbable de mantener funcionando estos sistemas en Cuba, y sabiendo, como saben, las consecuencias que traería un colapso de medios de pagos y una deflación así inducida, que sean capaces de jugársela con esta medida, tras las funestas consecuencias de la Tarea Ordenamiento, habla de un Gobierno asustado, desesperado, sin rumbo y sin otra idea que la represión, esta vez convirtiendo a cada cubano en policía de sí mismo, obligándolos a dejar, mediante historial bancario, registro de sus acciones.

Tal nivel de desespero e impotencia en el Gobierno, entonces, debe ser esperanzador para quienes queremos no mejorar esta pesadilla, sino despertar de esta larga noche.