Los familiares de los presos políticos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro fueron revisados de forma humillante por las autoridades de la prisión de Guamajal, en Villa Clara, al salir de una visita. Rosabel Sánchez, su hija, informó sobre lo ocurrido en un audio que envió a Martí Noticias.
"A través de este pequeño audio quiero denunciar la represión a la que estamos sometidos. Salimos de la visita y, antes de salir, nos requisaron a nosotros nada más, porque había varias personas y a nadie los requisaron, y a nosotros, los familiares de Loreto y de Donaida Pérez Paseiro, que es la esposa, y que también es presa política, nos requisaron", explicó Sánchez.
La hija del preso político denunció que fueron desnudados por los guardias del penal al concluir la visita: "Nos quitaron la ropa para revisarnos, nos hicieron hacer cuclillas, nos quitaron las cintas del pelo, el gancho… Por una carta que mi papá había mandado, donde él denunciaba los maltratos a los que es sometido, denunciaba que no le están dando medicamentos, donde él denunciaba todos los abusos por los que está pasando aquí en la prisión Guamajal, en la provincia de Villa Clara".
Sánchez insistió en denunciar a las autoridades del centro penitenciario "por el mal rato" que hicieron pasar a los familiares.
"Lo sacaron esposado y lo metieron de vuelta al túnel; no sabemos si está para el túnel o en celda, y yo, como hija, temo por lo que le pueda ocurrir, y responsabilizo a los carceleros de la prisión de Guamajal por lo que le pueda ocurrir a mi padre", agregó la hija Hernández García, quien es además sacerdote yoruba.
En septiembre pasado Hernández García, Pérez Paseiro y la presa política del 11J Arianna López Roque, anunciaron que se negaban a aceptar el paso a régimen de menor severidad, porque consideraban "indigno". Los tres opositores afirmaron que, respondiendo a su condición de presos políticos, no van a acogerse al sistema de reeducación que tiene diseñado el régimen para "corregir" a los "enemigos de la revolución".
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, son integrantes de la "Asociación Yorubas Libres de Cuba". Fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente por manifestarse en Placetas, Villa Clara, durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
De igual manera, Yindra Elizástigui Jardines, madre del preso político Luis Robles, denunció a DIARIO DE CUBA que su hijo tiene en estos momentos infección en los riñones y no está recibiendo tratamiento: "Temo que su salud va de mal en peor y sin recursos para combatirlas. Estoy gestionando un medicamento para llevarle pero aquí las cosas son cada vez más caras y difíciles de conseguir".
Otros familiares y activistas de derechos humanos denuncian que continúa el deterioro de las condiciones carcelarias de vida que sufren los presos políticos cubanos en el sistema penitenciario del régimen. En la prisión 1580, Compañía 10, en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, está recluido Orlando Carvajal Cabrera, joven de 21 años de edad que fue condenado a 12 años de cárcel bajo el cargo de "sedición". El cargo se le imputó por su participación en la manifestación que tuvo lugar el 12 de julio de 2021 en La Güinera, Arroyo Naranjo.
Carvajal Cabrera, que sufre de serios problemas renales, no recibe medicamentos en la cárcel, denunció a Martí Noticias su madre, Marilyn Cabrera Mouré.
"Ahora mismo está pasando un cólico nefrítico con muchos dolores. Me resolvieron un medicamento para podérselo entrar. A él le pidieron en el juicio 20 años de prisión y en la casación se le quedó en 12", explicó.
Por su parte, la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Taimir García Meriño, residente de Las Tunas, presa en el penal Granja Cinco, provincia de Camagüey, se encuentra en un "delicado estado de salud" y distante de su domicilio, una situación que dificulta las visitas a los familiares, alertó su esposo, Holmis Rivas Carmenate.
"Lleva varios días con inflamación y reforzamiento en los pulmones y fiebre. No le han dado antibióticos porque en la prisión no hay antibióticos. La mantienen todavía allá, en Camagüey", alertó su esposo.
García Meriño fue condenada en marzo de 2022 a cinco años de cárcel bajo los cargos de "atentado", "desobediencia" y "desacato", por manifestarse contra el acoso de los inspectores estatales a los emprendedores privados.
Otros tres presos políticos del 11J sufren las limitaciones y abusos en los penales de la Isla, así lo informó a Martí Noticias desde Ciego de Ávila el miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, el abogado Juan Carlos González Leyva.
Javier Delgado Torna, que fue regresado por las autoridades nuevamente a prisión después de que no se le renovara la licencia extrapenal que se le otorgó por un año por las precarias condiciones de salud que padece, y José Rodríguez Herrada, igualmente enfermo y sin asistencia médica. Ambos están recluidos en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara, y fueron condenados a tres años y medio de prisión bajo el cargo de desorden público por participar en una manifestación antigubernamental en Caibarién, que tuvo lugar en octubre del pasado año.
"A Javier Delgado Torna no le están dando los medicamentos para la diabetes, es hipertenso y tiene enfermedades agudas del corazón, ha sufrido varios desmayos debido a la falta de medicamentos y atención médica", dijo el activista. "A José Rodríguez Herrada, el régimen cubano le está negando la asistencia médica y los medicamentos", agregó González Leyva.
Yusnaira González Pérez, de 28 años, sentenciada a cinco años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, es madre de dos niños menores de edad y la justicia cubana le sigue negando el beneficio de prisión mínimo rigor, que le toca por el tiempo que ya ha cumplido. Cumple su condena en la prisión El Caney, de Santiago de Cuba.
