El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Granma, justificó las condenas a 30 años de cárcel impuestas a cubanos que participaron en las protestas del 11J y las sanciones de privación de libertad aplicadas a manifestantes de entre 16 y 20 años de edad, en un artículo que se refiere a las manifestaciones ocurridas en más de 50 ciudades cubanas entre el 11 y el 13 de julio pasado como "hechos vandálicos".
Según Granma, los condenados a 30 años de cárcel son dos, en respuesta a la reciente declaración del Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien hizo referencia a estas altas sentencias a instó a las autoridades cubanas a liberar a los prisioneros políticos.
Granma afirma que estos dos manifestantes fueron juzgados por el delito de sedición "porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos", obviando que, además de la alegada violencia, debe existir un "concierto expreso o tácito" entre las personas involucradas, para que exista dicho delito. El medio estatal tampoco hizo mención de la naturaleza política de este delito, que convierte a esos cubanos en prisioneros políticos.
De acuerdo a Granma, uno de los condenados era reincidente en la comisión de hechos delictivos y se encontraba de licencia extrapenal. El otro era "multirreincidente" y antes había sido sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
El régimen cubano suele presentar como delincuentes comunes a todos los ciudadanos que expresan su oposición abierta o su descontento. El único muerto reconocido oficialmente durante las protestas, Diubis Laurencio Tejeda, fue descrito en la prensa oficial como un delincuente que había cumplido prisión, lo que fue desmentido por familiares y vecinos.
En cuanto a los manifestantes cubanos de entre 16 y 20 años de edad que fueron sancionados con prisión, el medio estatal sostiene que se les aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas.
Con estas edades, fueron sancionados 31 acusados, de acuerdo al órgano oficial del PCC, que sostiene que "a 22 de ellos se les probó mala conducta social", sin aclarar en qué consiste esa conducta, y que estaban "sin vínculos laborales o estudiantiles".
Las exigencias de libertad para los cubanos presos por participar en las protestas, por parte de la UE, Amnistía Internacional y Pen Internacional, entre otras organizaciones, serían, a juicio Granma, parte de "las más recientes campañas subversivas contra la Revolución cubana".
Esto habría sido revelado por un grupo de investigación venezolano llamado Misión Verdad, citado por Granma y según el cual la ONG argentina Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) "estimuló económicamente las protestas".
Sin embargo, el régimen cubano no ha podido mostrar hasta el momento pruebas de que las manifestaciones hayan sido organizadas, lideradas ni financiadas por ningún agente interno ni externo.
El citado reporte de Misión Verdad habría mencionado otros supuestos "actores" como el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, DIARIO DE CUBA, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda, que describe como el "núcleo tecnocrático del uribismo, de donde proviene Iván Duque", y otros medios independientes cubanos que han denunciado la represión. Según Misión Verdad, CADAL pidió a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el 11 de julio, porque la ONG argentina es "patrocinadora" de Otero Alcántara.
La publicación señala que la misma petición se hizo a favor del rapero Maykel Castillo Pérez "Osorbo", quien está detenido desde mayo de 2021 por los presuntos delitos de "resistencia" y "desacato".
Ni Granma ni el grupo investigativo Misión Verdad cuestionan que el tiempo de encarcelamiento sin juicio ni petición fiscal para ambos artistas ha violado los límites establecidos por las leyes cubanas. Tampoco cuestionan que el régimen haya permitido salir del país al rapero Eliécer Márquez "El Funky", acusado dentro de la misma causa de Otero Alcántara y Osorbo, lo que vendría a demostrar que ellos dos permanecen presos por negarse a aceptar el destierro a cambio de su libertad.
