El Tribunal Provincial de La Habana admitió esta semana la demanda contra la Aduana General de la República presentada por la abogada y directora del independiente Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, quien está en desacuerdo con la resolución que declaró sin lugar el reclamo de libros y folletos que le fueron decomisados en abril pasado, al regresar de un viaje a Estados Unidos.
Con la admisión de la demanda por el Tribunal, la Aduana se ve emplazada a presentar, en un término de 10 días, el expediente del decomiso de los libros. El jefe de la Aduana en el Aeropuerto Internacional José Martí, Jorge Luis Bubaire Quintana, debe comparecer para hacer valer los argumentos para esa acción.
En agosto, Diversent sufrió otro decomiso al regresar de un viaje a Ginebra, según declaró a DIARIO DE CUBA. En esa ocasión, dijo, las autoridades incautaron el documento "Situación del derecho a la libertad de opinión y expresión en Cuba", que la abogada había presentado ante el relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye.
La abogada recordó que, debido al constante hostigamiento y revisión de las pertenencias de sus miembros, Cubalex presentó el 5 de septiembre un "Recurso de Queja" contra la Aduana. El documento exige al Estado cubano que garantice y proteja la seguridad personal de los integrantes de la organización, "absteniéndose de violentar nuestro derecho a la intimidad y los derechos a la libertad de opinión, así como se abstenga de realizar actos de hostigamiento que inciden negativamente en nuestra salud física y mental".
Diversent no es la única en batalla legal contra la Aduana. El activista y periodista independiente Boris González Arenas, colaborador de DIARIO DE CUBA, presentó ante el Tribunal Provincial de La Habana una demanda por ocho libros que le fueron decomisados el 1 de abril pasado, a su regreso de un viaje a España.
"Yo presenté una reclamación cuando me decomisaron los libros y la Aduana la declaró sin lugar. Para poder impugnar esa resolución existe un término de 30 días hábiles y se deben contratar los servicios de un abogado de Bufetes Colectivos. Solicité a la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos que me asignara un abogado, ellos le pasaron esa tarea a la Dirección Provincial, pero ahí el director, Alberto Miguel Gómez, demoró el trámite para que se venciera el término de poder reclamar. Él tenía la obligación de tramitar mi solicitud con un Bufete Colectivo del Cerro. Finalmente pude hacer el contrato con un abogado de bufete y he presentado la demanda ante el Tribunal Provincial", explicó González Arenas.
Tanto Diversent como González Arenas desean que las autoridades aduaneras le expliquen de qué manera esos libros y folletos atentan contra los intereses generales de la nación.
Para el decomiso de materiales impresos y otros artículos a activistas de derechos humanos u opositores, las autoridades aduaneras esgrimen la Resolución Nº5 de 1996, que "prohíbe la importación y exportación de libros, pinturas, grabados, publicaciones, figuras y cualquier otro objeto que su contenido sea considerado contra la moral y las buenas costumbres y atenten contra los intereses generales de la nación".