Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia de Cuba, y la contralora general de la República, Gladys María Bejerano Portela, dejaron creado un grupo temporal de trabajo con dos subgrupos para elaborar la anunciada ley que regulará las funciones constitutivamente asignadas a la Contraloría General de la República, como órgano superior de fiscalización estatal, publicó el diario oficial Granma.
Según el medio estatal, uno de los subgrupos estudiará las relaciones entre auditores y auditados y el otro trabajará el sistema de control interno, la atención a los planteamientos de la ciudadanía y a los colectivos de trabajadores.
La propuesta de política se prevé concluir, en una primera fase, para entregar en los primeros días de noviembre, y el anteproyecto el 30 de diciembre próximo, para que inicie su curso legislativo de consultas, previo a su "debate" ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que no suele rechazar ninguna de las propuestas presentadas.
Según Bejerano Portela, "existe un diagnóstico precedente, enriquecido y sistematizado durante los 12 años de creado el órgano, que será actualizado, para lo cual se considerarán las opiniones de todos los actores del Sistema Nacional de Auditoría, directivos y trabajadores de las entidades sujetas de control".
En la reunión fueron presentadas dos nuevas aplicaciones para web y celulares: Contraloría en mi móvil y Normas cubanas de auditoría, disponibles para descarga en el sitio web oficial del organismo estatal, y en Apklis, plataforma cubana de distribución y actualización de aplicaciones móviles.
El ministro de Justicia pidió "trabajar de manera intensa, para tener concluidas, al mismo tiempo, la propuesta de anteproyecto y las normas complementarias que permitirían aplicar la nueva ley, una vez aprobada".
La Ley de la Contraloría General de la República, según establece la Constitución, tendrá que dejar claros la misión del órgano, sus niveles de subordinación y relación, y los principios de funcionamiento.
El calendario legislativo propuesto por el propio Gobierno lleva considerables retrasos. La Gaceta Oficial de la República ha publicado 1.928 disposiciones jurídicas desde el 10 de abril de 2019 hasta 1 de abril de 2021, ninguna ha sido en favor de garantizar el ejercicio de los derechos individuales de los cubanos.
Las leyes previstas dentro del cronograma, relacionadas con derechos y problemas cruciales para los cubanos, fueron pospuestas. Tal fue el caso de las leyes de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y de Vivienda, entre otras.
Si los comunistas cubanos se dedicaran a producir boniatos con el mismo celo con que se dedican al “control”, aquello sería un paraíso. Primero hay que producir, para luego controlar. Pero ellos ponen la carreta delante de los bueyes, y cuando aquello no camina, le echan la culpa al vecino. Estúpidos!