Autoridades han reconocido la relación entre las "ilegalidades" en el sector de la vivienda y las necesidades de un techo donde vivir de los cubanos, uno de los problemas más acuciantes de la sociedad cubana que el Gobierno ha sido incapaz de resolver en décadas y que se ha agudizado tras eventos meteorológicos de gran impacto.
Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, en su intervención en la Comisión de Industria, Construcción y Energía de la Asamblea Nacional, se refirió al "reordenamiento urbanístico" que está realizando el Gobierno.
Argumento que Cuba, "desde su condición de 'isla estrecha y alargada', precisa un correcto aprovechamiento del suelo y del agua para garantizar un desarrollo sustentable", precisó una nota del periódico oficial Granma.
Chapman citó las acciones de la bautizada como Tarea Vida que busca la reubicación de pueblos enteros en las costas ante "las consecuencias de eventos climatológicos" y la necesidad de producción de alimentos en suelos no urbanizables ocupados ilegalmente.
Las autoridades participantes en la Asamblea Nacional calificaron las ilegalidades como un atentado contra el diseño económico de la nación.
Según el informe del Instituto de Planificación Física, 2019 inició con un inventario de 110.200 ilegalidades de las acumuladas de años anteriores. De ellas 20.188 fueron cometidas por personas jurídicas y 90.012 por personas naturales. Además, 1.146 nuevas ilegalidades detectadas en 2018 no fueron erradicadas y quedaron pendientes para 2019.
Las provincias donde más irregularidades se presentan son La Habana, Granma, Matanzas y Santiago de Cuba, al tiempo que Holguín y la capital se reconocen como los territorios con mayor cantidad de "nuevas ilegalidades".
Para Chapman, aunque muchas de las ilegalidades responden a las necesidades domiciliarias de la población, hay que "paliar esta situación usando las vías correctas, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna cubana en su artículo 71" y a pesar de las denuncias contra la actuación del Gobierno en estos temas, pidió "confianza en la voluntad política del Estado de garantizar a cada cubano el derecho a una vivienda digna".
"Dentro de la lista de acciones punibles en las que se incurre con mayor regularidad se encuentran", según Granma, "violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos; incumplimientos de las regulaciones de hacer (demoliciones); construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida".
También, "cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida; construcciones de obras para otros usos con autorizos expedidos para vivienda (trabajo por cuenta propia), y ocupaciones ilegales de suelos".
Por ello, el Gobierno buscar "aprobar la norma jurídica para ordenar y legalizar viviendas (unas 230.000), locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas" y hacer "cumplir con el principio de erradicar de inmediato el 100% de las nuevas ilegalidades detectadas y crear las condiciones para identificarlas desde el inicio", entre otras medidas.