El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este lunes la decisión del Gobierno de EEUU de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a cubano-estadounidenses reclamar propiedades en la Isla confiscadas hace más de cinco décadas.
Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza vs. el mundo
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 4, 2019
"Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el Gobierno de Trump", publicó el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter.
A continuación, en un segundo texto, asegura que "Cuba reitera a sus socios económicos y a las empresas extranjeras que operan en el país todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos. Tienen como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las leyes de sus propios países."
Y, finalmente, apunta que la "decisión del Departamento de Estado es un acto hostil e irresponsable que busca recrudecer el bloqueo y asfixiar la economía cubana. Esta es una medida que tiene oposición en el mundo y en el propio EEUU, cuyos empresarios están en contra del bloqueo y favorecen el comercio con Cuba."
Estos tuits responde al comunicado del secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, que anunció que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton.
El título III, que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EEUU sus propiedades que fueron nacionalizadas tras la Revolución de 1959, nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, ya que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.
Tras semanas amenazando con activar esta disposición, el Gobierno de Donald Trump anunció este lunes que finalmente prorrogará su suspensión, aunque con una salvedad: sí podrán interponerse demandas contra aquellas compañías incluidas en una "lista negra".
En esa "lista negra" figuran entidades "bajo el control" de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de Seguridad, así como el personal con "transacciones financieras directas" que podrían dañar al pueblo cubano, según el Departamento de Estado.
Por otra parte, la prórroga de la suspensión del título III en el resto de los casos, principalmente empresas extranjeras que operan en Cuba, será solo por 30 días más (hasta ahora eran plazos renovables de seis meses), lo que según el canciller cubano es una "inaceptable amenaza contra el mundo".
La nueva suspensión decretada hoy es de 30 días y expirará el día 17 de abril, según el comunicado del Departamento de Estado en Washington.
Legisladores de EEUU elogiaron la medida de la Administración Trump contra Cuba
Al respecto, los senadores estadounidense Marco Rubio, Rick Scott, y el congresista Mario Díaz-Balart emitieron un comunicado elogiando la decisión del presidente Trump de permitir demandas judiciales contra más de 200 compañías operadas por el régimen comunista de Cuba.
Este anuncio, aseguran, es el primer paso dado por la administración de Trump para responsabilizar al régimen cubano por sus crímenes, reportó EFE.
"El presidente Trump está enviando un fuerte mensaje de que los Estados Unidos no se quedará sin hacer nada mientras el régimen cubano continúa apoyando a la familia criminal de Maduro a expensas del pueblo venezolano", declaró Rubio.
"Durante 60 años, el régimen cubano ha obligado a millones de personas a exiliarse, desestabilizando a los países vecinos. El régimen de Cuba también ha dado refugio a fugitivos de la justicia y a terroristas internacionales, e hicieron millones de dólares traficando bienes robados. Al comenzar el proceso de implementación del Título III y el Título IV de la Ley Helms-Burton, los Estados Unidos responsabiliza al régimen cubano por sus delitos, incluyendo su apoyo a la familia criminal de Maduro. La justicia está llegando, y esto es tan solo un primer paso", aseguró el senador.
Por su parte, Scott indicó que "permitir que ciudadanos estadounidenses demanden por propiedades robadas en Cuba y negar la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos extranjeros involucrados en el tráfico de propiedad robada es un gran paso para cortar el flujo de dinero al régimen de Castro."
Mientras, Díaz-Balart señaló que la justicia "para las víctimas de las confiscaciones del régimen de Castro está muy atrasada. Los años de extensiones consecutivas pueden haber dejado caer a algunos en una falsa sensación de impunidad. Sin embargo, ahora las compañías que voluntariamente se enredan en negocios con el régimen antiamericano, ilegítimo y opresivo en Cuba se les advierten que serán responsables por beneficiarse de las grandes pérdidas sufridas por las víctimas del régimen."