Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, defendió este miércoles que el Gobierno haya descartado una asamblea constituyente porque "contrariaba" las prerrogativas de la Asamblea Nacional del Poder Popular e identificó al Partido Comunista de Cuba (PCC) como "defensor" de la Ley de leyes.
En una conferencia en la inauguración del Congreso Internacional Abogacía 2018 en La Habana, que recogió el periódico estatal Granma, el funcionario se refirió a algunas de las cuestiones que han sido planteadas en las "consultas" tuteladas del Proyecto de Constitución, que se llevan a cabo hasta el próximo 15 de noviembre.
"Otra cuestión planteada era que debía convocarse a una asamblea constituyente. Desde nuestro punto de vista ello contrariaba frontalmente la cláusula de reforma que atribuye a la Asamblea Nacional la facultad constituyente. A ello se une que en la reforma no hay una ruptura con el pasado, sino cambios en medio de una continuidad política y social", dijo.
Asimismo, dijo que "el cambio operado en la cláusula de reforma no impide una reforma total y esta tampoco tiene que subvertir en su totalidad el orden político y social que la Constitución refrenda".
Acosta ratificó que las reformas hacen "diferente al (texto) vigente, sin perder su naturaleza y esencia socialistas".
Otra de las cuestiones que ha levantado críticas es el papel del PCC que en la reforma "se mantiene como elemento rector de la sociedad y el Estado".
Para Acosta, "se ha pretendido, desde algunas posiciones, contraponer el papel del Partido a la soberanía popular y a las atribuciones que en el orden estatal corresponde a cada uno de los órganos definidos en la Constitución".
"Lo primero a plantearse es que el Partido no está situado por encima de la Constitución, como ente político viene obligado a acatarla y es también su defensor. Asimismo, en su actuación no debe sustituir los órganos estatales y administrativos, pues estos tienen atribuciones y competencias definidas por la Constitución y las leyes", acotó.
Este miércoles opositores cubanos presentaron en La Habana un manifiesto en el que rechazaron los artículos 1 y 3 del proyecto de la nueva Constitución del país, que declaran el irrevocable carácter "socialista" del Estado cubano, y sobre todo con el 5, que define al PCC como "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado" descartando cualquier posibilidad de pluripartidismo y con esto la vulneración de la soberanía del pueblo.
Sobre la definición de Cuba como "un Estado socialista de Derecho", Acosta manifestó que "esta afirmación no es un simple enunciado de complacencia. Es la determinación y voluntad de alcanzar el imperio de la ley y el carácter supremo de la Constitución en los marcos de un Estado socialista".
Sistema económico
Acerca de la regulación del sistema de la economía cubana, el secretario del Consejo de Estado dijo que "no se trata de una economía socialista de mercado, sino de considerar este en los marcos de un sistema de planificación, que por supuesto tendrá que tener una mayor flexibilidad".
Según el funcionario, "ha llamado la atención el reconocimiento, entre las diversas formas de propiedad, de la propiedad privada".
Al respecto argumentó que "la Constitución no la crea, esta existe desde antes" y recordó que "los cambios (…) derivados de los acuerdos del VI y VII Congresos del Partido, viabilizaron la existencia de esa forma de propiedad en el país".
Admitió que la actividad privada surgida "rebasa lo que se le ha llamado (eufemísticamente) como trabajo por cuenta propia, al posibilitarse la contratación de mano de obra", sin embargo, dejó claro que "ella no distingue ni tiene predominio en el modelo" y defendió "las regulaciones y control necesarios" sobre esta.
Recordó que el proyecto contempla "la prohibición de la concentración de la propiedad en manos de personas naturales o jurídicas no estatales, con el objetivo de preservar 'los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social'".
Matrimonio
Homero Acosta se refirió a lo "polémica" que ha resultado "la variación del concepto de matrimonio abandonándose la actual concepción de que se establece entre un hombre y una mujer y en su lugar se consigna que es entre dos personas, con lo cual se da cauce a la posibilidad del matrimonio igualitario".
"Se optó por mantener esa configuración y asumir el reto del nuevo concepto, a sabiendas de que su inclusión podía generar discrepancias atendiendo a razones culturales, prejuicios y visiones estereotipadas que no se transforman de un día para otro", dijo.
"Si la Constitución proclama el reconocimiento con amplitud del derecho de igualdad por qué debe limitar que personas con diferente orientación sexual puedan alcanzar el matrimonio. Tendrá que seguir este concepto anclado en visiones ya superadas por el tiempo o modificarse y reconocerse como un derecho, al igual que va ocurriendo paulatinamente a nivel planetario", añadió.
Aseguró que "las posiciones frente a esa regulación pasan por los que prefieren mantener el concepto de la actual Constitución; los que favorecen la redacción del proyecto; quienes aceptan el reconocimiento civil de las parejas de hecho y no el matrimonio; otros que están de acuerdo, pero limitan el derecho a la adopción y, por último, algunos abogan por el concepto de 'dos o más personas'".
Sobre este particular, la más fuerte posición contraria al matrimonio homosexual la han planteado numerosas congregaciones cristianas de la Isla, que han apelado incluso a la ideología comunista y a los "padres fundadores" de la nación en una inusual campaña que ha invadido espacios públicos a la vista del Gobierno.
"En nuestra opinión, el Derecho no puede permanecer esclavo perpetuo de rezagos sociales, aun cuando en un momento pueda entrar en colisión con parte del espectro social", dijo Acosta.
El funcionario también respondió a críticas suscitadas sobre "algunos derechos económicos y sociales" que el Gobierno dice que no puede configurar dentro de la Constitución.
El secretario admitió que su "garantía no puede ofrecerse de inmediato por razones económicas que superan la voluntad estatal y que haría ficticia la Constitución (…) Tal es el caso del derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, entre otros".
"La fórmula utilizada impone al Estado trabajar por alcanzar la plenitud de esos derechos, pero, desde nuestra perspectiva, no puede configurarse de modo terminante por las propias limitaciones objetivas que tiene su consecución", dijo.
Acosta presentó el Proyecto de Constitución y su "debate", "como un ejercicio único de democracia real y efectiva".
"Debemos entenderlo como lo que es: un proyecto. No es el texto definitivo. Es perfectible", señaló.
"Una vez concluida la 'consulta popular' se evaluará por la Comisión redactora cada propuesta, incluidas las dudas de nuestros ciudadanos", añadió.
Prometió que "ninguna opinión será dejada de tener en cuenta", pero aclaró que esto "no significa que cada recomendación será inscripta en el texto, pues hay disímiles y hasta contradictorias sugerencias".