Lunes, 26 de Septiembre de 2016
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Justicia

Culpables por convicción

Humberto González Otaño, de 56 años de edad, un joyero de San Miguel, murió violentamente en la madrugada del 14 de septiembre de 2010.

Dos individuos penetraron en su casa mientras dormía junto a su esposa y perpetraron el crimen.

El pasado 28 de noviembre, el Tribunal de la Habana juzgó a seis marginales de Mantilla, una de las barriadas más pobre de la capital, acusados de organizar y ejecutar el asesinato de Tarzán, sobrenombre del orfebre.

Lo que sigue es una crónica de lo sucedido en el tribunal.

Los acusados

Comienza la audiencia. El tribunal, la fiscalía y los abogados defensores dan por reproducidas las conclusiones del caso, como si todos los presentes estuvieran al tanto de lo ocurrido la noche de actos.

A continuación le toca el turno a los acusados con sus declaraciones. Pedro Valerino Acosta, Jesús Daniel Forcade Portillo, Leonardo Rodríguez Díaz, Ramón Echevarría Fernández, Leonardo Wiliam Limonta Rojas y Juan Enrique Galindo Madán, uno por uno, se dirigen al colegio de cinco jueces.

Todos, excepto Valerino Acosta, reconocen haber planeado robar en la vivienda de la víctima al menos en una ocasión. Desistieron porque los perros de la casa y los del vecino ladraban fuertemente, según el fiscal en su escrito acusatorio.

La noche del asesinato, la esposa de González Otaño dio de comer a la perra, pero no hubo ladridos. Nadie sabe qué sucedió con los canes. Ni el tribunal ni los abogados defensores sienten curiosidad. Discuten las pruebas documentales. A la mayoría de los acusados les constan antecedentes criminales.

El fiscal dice que ninguno estudia ni trabaja, se relacionan con elementos antisociales, irrespetan las normas de convivencia social, son guaposos, alteran el orden, se manifiestan con palabras obscenas, han sido objeto de investigación por el Ministerio del Interior, no participan en las actividades de las organizaciones de masas a pesar de pertenecer a ellas.

El Pompi declara. Así llaman a Pedro Valerino Acosta, de 29 años de edad. Según su versión, le dio a Daniel y a Ramón el contacto del joyero en San Miguel, que compraba prendas y cambiaba dólares norteamericanos por pesos convertibles.

La policía afirma que el Pompi le propuso a todos robar en el lugar, por lo que el fiscal solicita para él 18 años de privación de libertad por el asesinato, y 15 por el robo con fuerza e intimidación a personas.

Tarzán, considerado como el hombre que mejor pagaba el oro en La Habana, fue descrito como alguien de avanzada edad, grueso, enfermo y millonario. Pompi visitaba su casa con Eduardo Sierra, uno de los testigos que ha declarado en el juicio. Nadie pregunta al instructor del caso por qué Sierra fue descartado como sospechoso, si conocía a la mayoría de los acusados.

Por su parte, Galindo Madan y Limonta Rojas, ambos de 27 años de edad, no participaron en el crimen, pero junto a Daniel y Ramón, intentaron robar una vez en casa de Tarzán. La fiscalía afirma que fueron los organizadores del plan y exige para Limonta Rojas, conocido como el Negro, una sanción de 20 años de privación de libertad por el asesinato y 15 por el robo.

La esposa de la víctima, después de que la policía inspeccionara el lugar del crimen, encontró una linterna sobre la cama, entre varias prendas de vestir. Recordó que la noche de los hechos despertó bruscamente, con golpes en la cara. Un hombre, montado a horcajadas sobre ella, le iluminaba el rostro y la amenazaba con un cuchillo.

Tras los hechos, la esposa de Tarzán le entregó la linterna a un señor llamado Luisito, para que este la hiciera llegar a los investigadores del caso.

Los peritos especialistas en odorología obtuvieron una huella olorosa en el aparato. Coincidió con la muestras de olor de Juan Enrique Galindo Madan. La fiscalía pide para él una sanción de 22 años de cárcel por el asesinato y 15 por el robo. Nadie pregunta en la sala cómo se obtuvieron resultados positivos respecto al Pica —sobrenombre de Galindo Madan—, si antes del análisis la linterna fue manipulada por varias personas.

Los otros acusados, Leonardo Rodríguez, de 49 años; Daniel, de 29; y Ramón, de 40, supuestamente ejecutaron los hechos. La señora Fernández y su vecino afirman ante el tribunal que fueron dos los agresores, aunque no reconocen a ninguno. La policía dice que entraron en la casa por la ventana del baño. A Leonardo no lo vieron porque se quedó vigilando. La fiscalía solicita para ellos 25, 30 y 27 años de privación de libertad respectivamente, por el delito de asesinato, y 15 por el delito de robo.

Los testigos

Comienzan a declarar los testigos. La esposa de la víctima entra nerviosa en la sala. La señora Esther Fernández Almeida, de 60 años, recibió de las autoridades cubanas permiso para salir del país en marzo pasado, a pesar de ser testigo clave en el caso. Ha regresado a testificar en el juicio. Nadie le pregunta sobre su salida al exterior.

Contaba al plenario cómo alejaba el arma con que la amenazaba su agresor, cuando se lesionó ambas manos. Inesperadamente, confiesa que se desmayó después de recibir un golpe del atacante. El fiscal dice en su acusación que ella vio cómo golpeaban a su esposo, aun con los ojos tapados y las luces de la habitación apagadas. Nadie le pregunta qué tiempo estuvo sin conocimiento.

Fernández Almeida dice a la policía haber tenido más de 40 años de matrimonio con el fallecido, y dos hijos en común. Sin embargo, ante el plenario de jueces, dijo que llevaban 20 años de matrimonio. En otra declaración confesó que se casaron en 1970, cuando él tenía 16 y ella 19, y se divorciaron en 2003. En 2008 volvieron a contraer matrimonio. Nadie pregunta al instructor del caso por qué la descartaron como sospechosa.

La esposa de Tarzán recuenta cómo su marido lanzó al suelo al sujeto que tenía encima de un puñetazo. Pero el sobrepeso le impidió incorporarse. Terminó también en el suelo mientras el que estaba sobre ella se le abalanzó encima, con el cuchillo en la mano. En la caída se rompió el cristal de la mesa de noche. Milagrosamente, ninguno de los agresores se lesionó. Toda la sangre y huellas dactilares en la escena del crimen pertenecen a las víctimas. 

El fiscal afirmó en su pliego acusatorio que el Cundo —sobrenombre de Jesús Daniel— y el Bobo —apodo de Ramón— presionaron fuertemente el cuello de la víctima, después de golpearlo con un hierro. Tarzán les dijo que el dinero estaba en la cocina, según testifica el capitán Wiliam Sourt Guilarte, perito criminalistico que participó en la recolección de evidencias.

"¿Saúl, lo mato?", escuchó decir la señora Fernández Almeida al agresor que amenazaba a su esposo para que dijera dónde estaba el dinero. Fernández Almeida dijo al tribunal que siete meses después del asesinato, participó en una prueba y reconoció aquella voz en la del Bobo y la del Narra, como se conoce a Leonardo Rodríguez.

Esther recordaba a su esposo pedirles a los atacantes que no le colocaran cinta adhesiva en la boca, porque le impedía respirar, y que éstos lo amarraron por los pies. Tarzán terminó confesando que guardaba el dinero bajo el colchón. Los agresores abandonaron el lugar con joyas valoradas por la fiscalía en 206 mil 193 pesos cubanos. Ninguna ha sido recuperada.

Humberto González Otaño falleció como consecuencia de las lesiones que le provocaron los agresores, según la fiscalía. Medicina Legal certificó como causa directa de la muerte la asfixia mecánica, por sofocación y maniobras combinadas sobre el cuello y los orificios respiratorios.

La esposa asegura que movió al joyero, de 1.70 de estatura y 200 kg de peso, para acomodarlo, y que le dio dos pastillas. Sus vecinos también afirman haberlo visto con vida, aunque no les fue posible socorrerlo. Al menos uno de ellos lo describió como en estado de shock.

Incoherencias, sentencia

Los peritos forenses no asistieron al juicio oral. Jamás sabremos cómo el señor González Otaño pudo, después de presentar una fractura del cartílago tiroides (nuez de Adán) tragar dos tabletas, o hablar para negarse a que fracturaran las puertas para auxiliarlo, tal como afirmó su esposa. Los presentes no supieron si su muerte fue agonizante o inmediata.

Los agresores usaron guantes. No obstante, se encontraron cuatro huellas olorosas que dieron positivas respecto al Cundo y al Bobo. Los resultados también dieron positivo respecto a una persona que no resultó acusada, nombrada Ariel Cruz Hernández. El detalle no se menciona en el juicio.

En la audiencia participa, en calidad de testigo, una perito criminalística de la especialidad de odorología. Dice que el olor de una persona es único y pude quedar impregnado en los objetos, aun usando guantes. "Los objetos tocados por los agresores se introducen en bolsas de nylon selladas para conservarlos en bancos de olores", explica al plenario.

"Luego se comparan, con las impresiones olorosas de los sospechosos, mediante el empleo de la técnica canina", concluye. La joven afirma que una huella de olor es tan fiable como el ADN. Ningún defensor protesta.

En la inspección del lugar del crimen se levantaron huellas de olor en dos de los cuatro trozos de cuerdas empleadas para amarrar a las víctimas. Nadie pregunta por qué el olor de González Otaño y su esposa no estaban en las sogas con que los ataron.

El tribunal y las partes se pronuncian sobre los otros dos testigos solicitados por la defensa, que no se presentan al juicio. Continúan los defensores con sus informes. Uno de ellos pide la absolución inmediata de todos los acusados. El público, en su mayoría familiares de los mismos, aplaude. En un ataque de histeria, la presidenta de la Sala Primera de la antigua Audiencia de La Habana los expulsa a todos, sin advertencia previa.

En una sola sesión de aproximadamente cinco horas, se discuten las pruebas base de la acusación. Queda claro que los acusados intentaron robar. Una tentativa que según la ley penal cubana no es sancionable, cuando el sujeto pone el hecho en conocimiento de las autoridades.

"Del dicho al hecho va un buen trecho y no hay evidencia que los incrimine" diría cualquiera. Sin embargo, Pedro, Jesús Daniel, Leonardo, Ramón, Leonardo Wiliam y Juan Enrique, saben cuál será el final. El juicio queda visto para sentencia. No hay dudas de que el tribunal los declarará culpables por convicción.