La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargada de monitorear el cumplimiento de esos valores a nivel global, alertó que el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua prosigue la persecución de quienes pueden aportar una visión alternativa en la esfera pública, incluyendo líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia Católica, defensores civiles y periodistas.
En una actualización sobre Nicaragua, la Oficina denunció el lunes que Managua se "desvía" cada vez más del estado de derecho y que la "impunidad es la norma" en el país, indicó la organización en su sitio oficial.
La Alta Comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, dijo que sigue "descorazonada" por la falta de medidas para impedir que se produzcan violaciones de las libertades fundamentales y por el "continuo distanciamiento del Gobierno de los derechos humanos, el estado de derecho y otros principios democráticos".
En este contexto, el 3 de octubre último las autoridades "cancelaron arbitrariamente" la personalidad jurídica de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente de la nación, alertó.
La Oficina advirtió que los dos representantes en la Asamblea Nacional de ese grupo fueron privados de libertad por la Policía sin orden de arresto ni debido proceso y que está preocupada por la salud y la integridad física de uno de ellos, Brooklyn Rivera, de 71 años, cuya suerte y paradero siguen sin conocerse desde su detención el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que equivale a desaparición forzada.
El otro miembro del grupo fue condenado a ocho años de prisión el 13 de diciembre por "atentar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas", en un proceso que careció de las debidas garantías procesales y judiciales, señaló Al-Nashif.
"Tras estas detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron reasignados ilegalmente al partido gobernante", añadió. Estas medidas son especialmente preocupantes en el contexto de las próximas elecciones regionales en la Costa Caribe, previstas para marzo de 2024.
Además, Al-Nashif señaló que continúan las restricciones al espacio cívico, con repetidos casos de detención arbitraria contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.
"Según fuentes de la sociedad civil, 17 mujeres y 54 hombres, entre ellos opositores políticos y defensores de los derechos humanos, siguen detenidos arbitrariamente", especificó.
Según los informes, algunos juicios penales en Nicaragua se celebran sin la presencia física de los acusados, que solo participan por videollamada, y sin asistencia letrada.
"Nuestra Oficina ha documentado informes de tortura durante la detención, así como información sobre amenazas contra los presos y sus familiares, advirtiéndoles que no denuncien las condiciones de detención", añadió.
Al-Nashif concluyó que cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas.
"Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo, anclado en los derechos humanos", finalizó la Alta Comisionada adjunta.
En representación del régimen de Ortega, la procuradora general, Wendy Morales, rechazó los señalamientos y acusó a la Oficina de llevar a cabo "una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las personas nicaragüenses y nuestra soberanía".
La ONU presentó la actualización de la situación de Nicaragua, la cual vigila desde 2018, cuando surgieron protestas civiles contra Ortega, las cuales fueron reprimidas con violencia y dejaron más de 300 muertos.
Mis Universo y Rosario: La bella y la bestia.
Y asi los van a seguir violando hasta que paren en el consejo de los DDHH.
Los Ortegas, como los Castro, hacen lo que les viene en gana y no pasa nada.
Ese paria de cerdos ... si ellos son responsables por cómplices ...