El contrapunto entre Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva está lejos de haber concluido con las disputadas elecciones de 2022 que llevaron de nuevo al poder al septuagenario referente de la izquierda brasileña y latinoamericana. La disputa tiene lugar ahora en la Justicia con dos procesos que, eventualmente, podrían terminar con la inhabilitación del expresidente conservador o llevarle a la cárcel.
El foco internacional ha estado, gracias a mensajes del propio Lula da Silva, en la presunta responsabilidad de Bolsonaro en los ataques a las instituciones públicas, que tuvieron lugar en Brasilia una semana después de que el primero asumiera la Presidencia por tercera vez, en enero pasado. Sin embargo, podría ocurrir una decisión más pronto en campo de la justicia electoral por descalificaciones que Bolsonaro hizo al sistema de votaciones de Brasil el año pasado, en plena campaña cuando buscaba la reelección.
Tras los precedentes del propio encarcelamiento en 2018 de Lula da Silva, siendo expresidente, no se descarta que se pueda repetir una sanción de este tipo en contra del hoy expresidente conservador, en el marco de la causa judicial que investiga lo que el Gobierno brasileño viene llamando como "intento de golpe de Estado" por seguidores de Bolsonaro.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), por su parte, decidirá este 22 de junio si responsabiliza a Bolsonaro, tras la descalificación y mentiras que propagó el entonces presidente Bolsonaro en pos de su reelección. En particular, los magistrados analizan la intervención del mandatario en una reunión con embajadores extranjeros en junio de 2022, en la que usando su rol de jefe de Estado denunció que habría trampa en el proceso electoral y puso en duda la transparencia del sistema de votación automatizado.
Dependiendo del veredicto, Bolsonaro podría quedar inelegible, es decir, inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un lapso de ocho años. Si eso sucede, por la vía de los hechos, el expresidente no podría concurrir a las elecciones de 2026, para las cuales prácticamente se encuentra en campaña desde ya.
Justamente Lula da Silva acusó al sistema de justicia de torcer decisiones para sacarlo de la carrera presidencial de 2018, cuando fue enviado a la cárcel teniendo en su contra varios procesos judiciales relacionados con la trama de corrupción que envolvió tanto a sus dos gobiernos, entre 2003 y 2010, como al de su sucesora y heredera política, Dilma Rousseff (2011-2016), quien terminó siendo destituida de la Presidencia por el Congreso, también por corrupción.
En opinión del analista internacional Bremmer, de la firma global Eurasia, aunque es necesario establecer responsabilidades para la clase política, el actual cerco judicial contra Bolsonaro "puede reforzar la percepción de gran parte de la población de que el Poder Judicial puede estar sujeto a influencias políticas", especialmente en un entorno polarizado como el de la sociedad brasileña. Bremmer fue entrevistado por la sección en portugués de BBC.
"Ya está probado que intentaron dar un golpe coordinado por el expresidente (Bolsonaro) que ahora intenta negarlo, pero que cuando perdió las elecciones, se encerró en casa para preparar el golpe (…) vamos a investigar y quien tenga culpa, va a pagar, va a ser juzgado por la Justicia común e irá a la cárcel si ha cometido crimen", sostuvo Lula da Silva el pasado 19 de junio en unas declaraciones que analistas consideraron fuera de lugar, dado que siendo cabeza del Poder Ejecutivo asumió la vocería del Poder Judicial, que por cierto no ha señalado de forma taxativa la responsabilidad de Bolsonaro en los sucesos del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
La Justicia brasileña, entretanto, sí ha encontrado pruebas que responsabilizan al teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro, y al exministro de Justicia, Anderson Torres. Sin embargo, el proceso está en marcha y ha removido también al estamento militar. Unos 80 uniformados, con diversas responsabilidades en la seguridad de la capital brasileña, están siendo investigados para determinar su grado de responsabilidad con los hechos, que terminaron siendo actos vandálicos contra edificios públicos en Brasilia.
Usualmente enmarcados bajo la narrativa de archienemigos políticos, Bolsonaro salió de Brasil antes de la toma de posesión para evitar entregar la banda presidencial a Lula da Silva, y en materia de opinión pública, el conservador podría ser una suerte de némesis para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
De acuerdo con una encuesta de la reconocida firma Datafolha, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 12 y 14 de junio, Lula da Silva tiene una evaluación de su Gobierno muy similar a la que tenía, en su momento, Bolsonaro al cumplirse medio año en poder.
De los entrevistados por Datafolha, el 37% considera al Gobierno actual de excelente o bueno y el 27%, "malo o pésimo". Otro 33% dice que la gestión del PT es "regular". Datos similares se registraron en junio de 2019, cuando Bolsonaro comenzaba su presidencia.
Además del caso del asalto a los poderes públicos de este año, Bolsonaro —de 68 años— enfrenta otras cuatro investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), susceptibles de penas de prisión. Son procesos diferentes a lo que lleva adelante el TSE.
Boldonaro, uno de los mejores presidentes de Brasil.