Al menos 18 personas murieron el lunes en lo que se convirtió en la jornada más sangrienta de las protestas en Perú a favor del depuesto presidente Pedro Castillo y exigiendo elecciones en ese país, sacudido por una interminable crisis política.
Los enfrentamientos más graves tuvieron lugar en la ciudad de Juliaca, en el departamento andino de Puno (sur del país y fronterizo con Bolivia), epicentro de las protestas. Allí han fallecido 17 personas, según confirmó la Defensoría del Pueblo. Entre los fallecidos habría y al menos un menor de 18 años, indicó EFE.
Además, un bebé falleció cuando era trasladado al hospital y la ambulancia fue detenida por un bloqueo de carreteras en Chucuito, también en Puno.
Con estas nuevas muertes, el total de fallecidos relacionados con la protesta desde el 11 de diciembre asciende a 46.
Las protestas en Perú comenzaron después de que Dina Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia del país, tras el fallido autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión.
Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.
El ministro de Defensa afirmó tras los sucesos que "el Ejército el día de hoy no ha tenido contacto con la población", por lo que todos los enfrentamientos de los manifestantes habrían sido con la Policía. Esto, pese a que las Fuerzas Armadas están desplegadas en virtud del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Boluarte desde el inicio de las movilizaciones.
Según la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, los manifestantes de Juliaca han usado "armamento casero" en las manifestaciones, por lo que exhortó a actuar de forma pacífica, sin "estos niveles de violencia".
"La solución a este problema es política. Por eso nuestro llamado al Congreso y al Gobierno para que encuentren una salida real", concluyó, citada por EFE.
La del lunes fue la sexta jornada consecutiva de protestas en Perú desde que las manifestaciones se retomaron el 4 de enero, tras una tregua navideña. Del total de fallecidos hasta la fecha, 36 murieron en enfrentamientos y otros siete "por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo" de vías, según la Defensoría del Pueblo.
La presidenta Boluarte ha reformado varias veces su Gobierno en medio de las protestas, mientras el Congreso peruano aprobó un adelanto de las elecciones generales para abril de 2024.
Mientras tanto, la Corte Suprema rechazó la apelación que presentó la defensa de Castillo contra los 18 meses de prisión preventiva.
Organizaciones de derechos humanos urgen al cese de la represión en Perú
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú, entre ellas Amnistía Internacional (AI), exigieron el lunes a las autoridades del país el cese inmediato de la "represión" y del "uso indebido de la fuerza" en las protestas en la ciudad de Juliaca.
A través de las redes sociales, AI Perú lamentó los decesos ocurridos en el actual epicentro de las protestas, y solicitó "a las autoridades el cese inmediato del uso indebido de la fuerza contra la población civil", citó EFE.
Otras organizaciones se sumaron al llamado de AI, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Perú Bolivia y Ecuador, que instó a las autoridades "a garantizar el respeto de los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad en el uso de la fuerza".
"Hacemos un llamado a todos los actores concernidos a respetar el paso de ambulancias y la labor de la misión sanitaria. El personal de salud es clave para llevar atención a las personas heridas. Cada minuto cuenta", agregó CICR en Twitter.
En la misma línea, la misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su "profunda preocupación por la escalada de violencia" en el país y urgió a "adoptar medidas para prevenir más violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones pacíficas".
También se pronunció la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que exhortó a la presidenta Dina Boluarte a parar "la matanza en Puno", y la organización feminista Flora Tristán, que pidió al Ministerio Público "iniciar una investigación de los hechos" para sancionar a los responsables.
Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) denunció a través de Twitter que la Policía Nacional del Perú (PNP) "está disparando perdigones y bombas lacrimógenas desde helicópteros contra la población civil".
"Esto viola todos los principios de un Estado de Derecho", sentenció la organización.
KEIKO PARA PRESIDENTE.