El Gobierno de España aprobó en el primer semestre de 2018 la venta a Nicolás Maduro de repuestos para blindados por 20 millones de euros (22.896.000 dólares), pese a la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea (UE) que prohíbe suministrar dicho material a Caracas.
Fuentes gubernamentales citadas por el diario El País alegan que el contrato es anterior al decreto de la UE, aunque su aprobación política fuera posterior.
Ante el deterioro de la democracia en Venezuela y la falta de respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, el Consejo Europeo aprobó, el 13 de noviembre de 2017, un embargo a Venezuela de armamento y material susceptible de ser utilizado para la represión, así como la congelación de activos de una lista de altos cargos del régimen bolivariano que luego se ha ido ampliando.
El reglamento, que entró en vigor un día después el 14 de noviembre, prohibía suministrar a Venezuela cualquier material incluido en la llamada Lista Común Militar de la Unión Europea, que cita expresamente los vehículos terrestres diseñados o modificados para uso militar y sus componentes.
En el primer semestre de este año, según revela la Estadística sobre Exportaciones de Material de Defensa de la Secretaría de Estado de Comercio, España vendió a Venezuela piezas de vehículos militares por 6.216 euros.
Para el diario español, "mucho más importante fue, sin embargo, que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) aprobara, todavía bajo el Gobierno del Partido Popular (PP), una licencia para exportar a Caracas componentes de carros de combate por 20 millones de euros".
La cifra es casi diez veces superior a todas las ventas de armas españolas a Venezuela en el año 2017 (3,5 millones) o 2016 (2,6).
Los carros de combate del Ejército venezolano van a ser modernizados con la incorporación de equipos informáticos y electrónicos, suministrados en su mayor parte por una empresa israelí, mientras que la integración corresponderá a la firma española Star Defence Logistic Engineering SL (SDLE).
Los vehículos pertenecen a la 11na Brigada Blindada del Ejército Bolivariano, con base en el Estado de Zulia, al noroeste del país, junto a la frontera con Colombia, con la que Venezuela mantiene una fuerte tensión.
Un responsable de SDLE explicó a El País que su firma tiene una licencia temporal para mantener los AMX-30 venezolanos. "Hasta ahora, no hemos recibido ninguna indicación para cesar este servicio Si la recibiéramos, la acataríamos. Mientras, tenemos que cumplir nuestros compromisos", dijo.