Domingo, 16 de Diciembre de 2018
Última actualización: 22:44 CET
Política

Venezuela, el tormento de los pasaportes

Inmigrantes venezolanos muestran sus documentos al subir a un autobús en la ciudad peruana de Tumbes. (ERNESTO ARIAS/EFE)

"Producir papel demanda grandes cantidades de agua. Con la prórroga de pasaporte cuidamos nuestro planeta", rezaba meses atrás un cartel publicado en la página oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME). 

Un anuncio que, en la situación actual, suena a puro cinismo.

En octubre del año pasado el SAIME comenzó a prorrogar los pasaportes vencidos por dos años, intentando paliar la imposibilidad de cubrir el aumento de pedidos de pasaportes registrado en los últimos años. 

La emigración se ha convertido en la única salida para amplias capas de la población venezolana, fomentada por la inseguridad (más de 25.000 asesinatos en 2017), la inflación (este año superaría el millón por ciento), la recesión (una contracción del 42% del PIB en el último quinquenio) y la deriva autoritaria del poder.

Se estima que más de dos millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014. 

Sin embargo, el hecho de que la obtención de un pasaporte se haya convertido en un tormento para el venezolano de a pie se debería a la falta de divisas para importar los insumos necesarios para su fabricación, según dejan entender fuentes oficiales. Los trámites suelen pues tardar meses, incluso años.

Aun las nuevas modalidades, como la prórroga o el pasaporte exprés (de un precio superior), han resultado igual de lentas. Con frecuencia la página web del SAIME y la correspondiente plataforma de pagos están fuera de servicio.

Corrupción de largo alcance

Así, los afectados son los miles de venezolanos que en estos momentos buscan salir del país y cuyo éxodo masivo ha llevado a países de la región, como Perú y Ecuador, a exigirles la presentación de un pasaporte, cuando antes bastaba con una cédula de identidad.

También la diáspora acusa las consecuencias de esta penuria. Son frecuentes los casos de venezolanos en el extranjero que se ven atrapados en situaciones kafkianas, ya sea imposibilitados de salir del territorio donde se encuentran o, por el contrario, de efectuar gestiones administrativas indispensables para su estadía.

El modo habitual para solucionar el asunto consiste en acudir a "gestores", es decir intermediarios que están asociados a funcionarios corruptos. Los documentos de viaje se subastan entre 2.000 y 5.000 dólares, pero pueden alcanzar el monto de 10.000 dólares.

Esto apunta a un vasto entramado de corrupción en el SAIME. Algo que no es de sorprender si se considera que, según la ONG Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina y el onceno a nivel mundial.

La magnitud del problema es tal que se extiende más allá del territorio nacional. En febrero de 2017, un documental de la CNN reveló la existencia de una red de venta de pasaportes a ciudadanos de Medio Oriente, desde principios de siglo, vía la embajada venezolana en Irak.

El pasaporte venezolano es un documento cotizado, ya que permite ingresar sin visa en aproximadamente 130 países, entre ellos los del área Schengen en Europa.

La influencia cubana

La coincidencia entre el procedimiento de prórrogas establecido por el SAIME y el que aplica el régimen cubano a sus ciudadanos no ha pasado desapercibido en los medios independientes venezolanos.

Precisamente, el sistema de identificación de Venezuela es uno de los puntos en que la participación cubana es preponderante. Así, la empresa estatal cubana Albet Ingeniería y Sistemas es la proveedora de los softwares usados por el SAIME para los documentos de identidad.

En un reportaje publicado este verano por Caraota Digital, Víctor Manuel De Abreu concluía que "la participación de organismos, empresas e instituciones cubanas se ha correlacionado de manera directa con ciertas modificaciones en la política migratoria y de identificación en Venezuela, primero desde lo institucional y luego desde lo operativo, con la reciente implementación del sistema de prórrogas al pasaporte".

En este sentido, a semejanza del régimen cubano, es notorio el uso coercitivo que hace Caracas de los pasaportes al retirárselos o denegárselos a artistas, periodistas y diputados que se opongan al Gobierno.

La no emisión de pasaportes habría sido una de las trabas que usaron los consulados venezolanos, antes de las elecciones presidenciales de mayo de este año, para desalentar el voto de la diáspora, que sería mayoritariamente contrario al régimen.

En este contexto, es poco probable que el régimen venezolano dé seguimiento a la declaración de los países latinoamericanos que, reunidos a inicios de semana en Ecuador, le han pedido que tome "de manera urgente y prioritaria" las medidas necesarias para expedir documentos de identidad oficiales con el fin de evitar a sus ciudadanos las dificultades legales que están encontrando al abandonar Venezuela. 

Los Estados de la región deberán probablemente hallar acuerdos que les permitan abordar el flujo migratorio venezolano sin la colaboración de Caracas.

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