Este martes el presidente boliviano Evo Morales promulgó la controvertida Ley de Organizaciones Políticas, votada la semana pasada por la Asamblea Legislativa, que establece que los partidos políticos celebren elecciones primarias para la designación de los candidatos presidenciales a las elecciones generales de 2019.
Un dispositivo que ha suscitado duras críticas en la oposición, pues favorecería los planes para la reelección del actual mandatario.
"El poder está moviendo los engranajes para asegurarse la continuidad de Evo Morales", así lo resume, en conversación con DIARIO DE CUBA, Ernesto Bascopé, politólogo y colaborador del periódico paceño El Diario.
El proyecto de ley se venía gestando en el Parlamento desde hace semanas con la intención de aportar correcciones sustanciales al funcionamiento de los partidos políticos: democratizar los mecanismos de nominación de candidatos, potenciar la presencia de las mujeres, contener los traspasos políticos, lograr mayor transparencia en la financiación.
Sin embargo, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) aceleró de pronto los trámites para que la ley se aplicara en los comicios del año próximo. Lo cual supone un adelantamiento brusco de los plazos electorales para que los partidos formen alianzas e inscriban a sus precandidatos.
La oposición en apuros
Esta premura estaría destinada a poner en aprietos a una posible unión de la oposición, sin la cual será prácticamente imposible vencer a Evo Morales, ya que recorta los tiempos de negociación para alcanzar acuerdos y diseñar un programa común.
Además, según Bascopé, en la situación actual el nombramiento anticipado de precandidatos "es poner un blanco en la cabeza de cada uno de estos individuos que se anime a postular a la presidencia, porque brinda al oficialismo más tiempo para eliminarlos con triquiñuelas jurídicas, por ejemplo, iniciándoles juicios por cualquier razón e inhabilitarlos como candidatos".
Tal como ha sido el caso recientemente del exmandatario Carlos Mesa, quien, pese a no haber formulado la intención de postularse a las elecciones presidenciales, está a dos puntos de Evo Morales en las encuestas.
A principios de verano la Fiscalía General presentó una denuncia contra Mesa por presuntos actos ilegales, durante su mandato entre 2003 y 2005, en la anulación de las concesiones que tenía una firma chilena en el salar de Uyuni.
El juicio tendrá que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero hay pocas dudas respecto a su decisión, pues está en manos del oficialismo.
La nueva ley también afecta a las plataformas ciudadanas que han ido surgiendo en el país desde que se hizo evidente que el MAS no respetaría los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, en el que la población rechazó una modificación constitucional prevista para que Morales pudiera ser reelegido nuevamente.
Hasta ahora estas plataformas se han concentrado esencialmente en movilizaciones de protesta contra las pretensiones del mandatario de postularse como candidato presidencial en 2019 y, de paso, por la democratización de la vida política.
No era de excluir, sin embargo, que candidatos independientes, ajenos al sistema de partidos, pudiesen surgir de ellas. Con la obligatoriedad de las primarias esta opción queda excluida.
Por tanto, como precisa Ernesto Bascopé, "las plataformas van a tener que escoger entre apoyar a un candidato o ser irrelevantes". Lo más probable es que "algunas de ellas se asocien a partidos políticos de manera más o menos explícita, intentando mantener cierta independencia, pero es difícil que logren sobrevivir a las elecciones".
Concentración de poder
Visto así, la nueva ley es un paso más para forzar la reelección de Evo Morales, pese a que esta sea contraria a la Constitución.
Ya en noviembre del año pasado, en un polémico fallo, el Tribunal Constitucional había optado por dar prioridad a los "derechos políticos" de los representantes del pueblo por encima de los artículos constitucionales que restringen las veces que pueden ser reelectos, allanando el camino para un nuevo mandato de Morales.
No era la primera vez que el Tribunal Constitucional emitía una decisión polémica en favor del MAS. También en 2013 le permitió a Morales presentar su candidatura a las presidenciales del año siguiente, alegando que la limitación constitucional a dos mandatos consecutivos no contemplaba su primer periodo (2006-2010), puesto que la nueva Constitución había entrado en vigor en 2009.
Estos tejemanejes se han dado a la par de una concentración de poder cada vez mayor en manos del Ejecutivo, mediante la supeditación del Poder Judicial, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, la cooptación o el desmantelamiento de los movimientos sociales que disienten de las políticas gubernamentales y el acoso judicial a la oposición.
Esta concentración de poder se vería reforzada por la nueva ley de partidos. Así, buscando contener los traspasos políticos en la Asamblea Legislativa, este dispositivo hace que los escaños sean "propiedad del partido, puesto que un diputado que se aleje de la línea partidaria podría ser expulsado y el partido se quedaría con el curul".
Según Bascopé, esto responde a una preocupación del MAS, dado que en el último Parlamento hubo "algunos legisladores que se atrevieron a discutir la primacía absoluta de Evo Morales". La nueva ley buscaría pues limitar estos imprevistos y dejar en manos de "las cúpulas partidarias el control del Parlamento, de los Consejos Municipales y Departamentales".
De confirmarse este diagnóstico, el oficialismo estaría operando en Bolivia un vaciamiento de las instituciones democráticas y tallando un sistema político a la medida de Evo Morales.