Domingo, 16 de Diciembre de 2018
Última actualización: 19:54 CET
Política

Argentina, la corrupción en la mirilla

Agentes de la policía montan guardia frente al piso de Cristina Fernández en Buenos Aires. (EFE)

"Para hacer política hay que reunir plata", lanzó públicamente Cristina Fernández en 2003, al principio del mandato de su marido, Néstor Kirchner. Una declaración que en estos días cobra particular eco con la revelación del vasto entramado de corrupción que habría funcionado durante el tiempo en que el kirchnerismo estuvo en el poder (2003-2015).

En el origen del escándalo están los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, un alto funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Durante casi diez años, entre 2003 y 2010 y entre 2013 y 2015, Centeno registró con lujo de detalles (horarios, rutas, nombres) cientos de viajes que habría hecho con bolsos repletos de dinero, fruto de sobornos que empresas constructoras habrían pagado a cambio de contratos con el Estado. 

Estos apuntes llegaron primero a la redacción del diario La Nación y luego fueron entregados al juez Claudio Bonadio, destapando una inmensa red en la que estarían involucrados exfuncionarios, empresarios y jueces.

Lava Jato argentino

En poco más de dos semanas de investigación la causa ha llegado a sumar 14 detenidos, 13 testigos arrepentidos –es decir, que colaboran con la Justicia a cambio de una reducción de pena– y 43 imputados.

Entre los funcionarios de alto calibre se encuentran el antes mencionado Baratta, mano derecha de Julio De Vido, exministro de Planificación (2003-2015) y también investigado por irregularidades en el manejo de fondos públicos, y Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCVI) entre 2003 y 2007.

También sobresalen grandes empresarios como Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y propietario hasta hace dos años de la constructora Iecsa, implicada en la investigación.

La magnitud y el funcionamiento de la trama hacen que la prensa local hable de un Lava Jato argentino, por el nombre de la investigación judicial que en Brasil, a partir de 2014, puso al descubierto una monumental red de corrupción en la contratación de obras públicas, mediante la petrolera estatal Petrobras, salpicando al conjunto de la clase política brasileña.

A raíz de las alegaciones de distintos imputados, que señalan a Cristina Fernández de Kirchner como pieza clave de la trama, el juez Bonadio ordenó el allanamiento de tres propiedades de la expresidenta. Debido a la inmunidad parlamentaria con que cuenta la actual senadora, la orden no se podía llevar a cabo sin previo consentimiento del Senado.

Este miércoles, después de dos intentos fallidos, la Cámara Alta aprobó finalmente la medida judicial. La víspera, convencida de que no contaría con un respaldo mayoritario, la propia Cristina Fernández pidió a los senadores que permitiesen la realización de los allanamientos.

No obstante, Fernández intentó que se respetaran ciertas condiciones, en particular que no hubiese cámaras de televisión durante las pesquisas. Algo que no fue atendido por sus colegas, por carecer de fundamento legal.

¿Justicia o cacería política?

En el kirchnerismo existe la convicción de que la cascada de investigaciones judiciales que enfrentan actualmente la exmandataria y parte de sus antiguos colaboradores corresponde a una estrategia de acoso y descrédito dirigida por el oficialismo.

Hace unos meses, un reportaje de la BBC indagaba si había una persecución política contra el kirchnerismo en Argentina.

Citado por el medio británico, el juez Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, aseguraba que el fundamento de las investigaciones era concreto y tangible.

Sin embargo, Juliano consideraba cuestionable la prisión preventiva impuesta a exfuncionarios que estaban siendo investigados desde hacía años y colaboraban con la Justicia. Además, le llamaba la atención que en los escándalos relacionados con obras públicas solo se investigara a empresarios próximos a los Kirchner y ninguno de aquellos cercanos al actual Gobierno, sobre los que también pesan denuncias de soborno. 

Con la implicación de Calcaterra en la trama de los cuadernos, esta última sospecha bien podría verse desechada.

Sin embargo, señalaba la agencia de prensa británica, existen indicios de que la Justicia estaría midiendo con una doble vara al oficialismo y al kirchnerismo.

Por ejemplo, Luis Caputo, el actual presidente del Banco Central, y el hasta hace poco ministro de Energía, Juan José Aranguren, han beneficiado de un trato indulgente por parte de los jueces en las causas que tienen abiertas. 

"¿Si los exfuncionarios K fueron arrestados por temor a que pudieran alterar pruebas debido a su posición de poder –como sostiene la Justicia– no deberían también recibir prisión preventiva los funcionarios en ejercicio, que ostentan un poder aún mayor?"

Es lo que resaltan estos días los medios afines al kirchnerismo. Según Página12, "dos arrepentidos acusaron al grupo Macri de amañar licitaciones y pagar coimas, pero no se llamó a declarar ni al presidente ni a su padre", como sí se hizo con Cristina Fernández. 

En una columna reciente en La Nación, un diario opuesto al kirchnerismo, Carlos Pagni insiste en que para alcanzar semejantes niveles de corrupción hace falta mucho más que los Kirchner. "Se necesita a todo el sistema inferior, a los subordinados, a los empresarios y a una Justicia que no mire."

Y, refiriéndose a esa Justicia que mira hacia otro lado, Pagni declaraba a la BBC que "los jueces toman a los corruptos kirchneristas como escudos humanos para cuidarse o salvaguardarse de su propia irregularidad o de su propia presunta corrupción".

La coincidencia de la corrupción estructural de la clase política argentina con la estrategia de blanqueamiento de ciertos sectores del Poder Judicial induciría así a una sobreexposición del kirchnerismo en las causas más sonadas de los dos últimos años.

De la profundidad que alcancen las investigaciones y del tratamiento que se dé a todas las partes involucradas, la operación lanzada por el juez Bonadio puede marcar el inicio de un proceso de saneamiento de la vida pública argentina o bien reducirse a un ajuste de cuentas.

2 comentarios

Imagen de Balsero

Una nota bien equilibrada. Los K robaron a dos manos, durante 12 años. Los primeros 4 años los dirigió él, suficiente para organizar la maquinaria de desviación de fondos, con base en el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. El mecanismo era casi siempre igual: se les adelantaba dinero a los "elegidos" durante las licitaciones, que - luego de deducir impuestos - iban a recogerse por parte de choferes designados por la confianza que tenían con el matrimonio. Miles de bolsos repletos fueron a parar a propiedades, empresas fantasma y paraísos fiscales. La llamada "embajada paralela" en Venezuela es otro capítulo de la corrupción K, aun sin investigar.

Imagen de el viejo capao

bien lo dijo el viejito ridiculo de mujica (que bajó la pobreza en uruguay a costa de un endeudamiento y un clientelismo terrible) "esta vieja (cretina fdez de tefuiste) es peor que el tuerto de su marido"... esa rata caracoquista disfrazada de comunista es una corrupta de las peores, vieja maldita.

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