Miércoles, 12 de Diciembre de 2018
Última actualización: 00:59 CET
Brasil

La Justicia acorrala al círculo íntimo de Temer en la pesquisa por corrupción

El presidente Michel Temer (der) y uno de los detenidos, José Yunes. (FOLHAPRESS)

La Policía de Brasil arrestó el jueves a dos amigos del presidente Michel Temer, como parte de una pesquisa sobre presunta corrupción vinculada con un decreto que regula los puertos del país, dijeron abogados citados por Reuters.

Los fiscales sospechan que Temer recibió sobornos a cambio de la ampliación de concesiones en el puerto de Santos, el de mayor actividad de América Latina. El mandatario ha negado cualquier proceder impropio en el caso.

Aunque Temer bate récords de impopularidad, con menos de un 5% de aprobación, aspira a competir en las elecciones presidenciales de octubre. El escándalo podría complicar más esos planes.

El mes pasado, un juez del Supremo Tribunal Federal levantó el secreto sobre las cuentas bancarias del presidente.

La policía arrestó a José Yunes, exasesor de Temer que trabajó con el mandatario hasta diciembre de 2016, y a Joao Batista Lima, coronel en retiro de la Policía Militar asociado con el presidente desde que era jefe de Seguridad Pública para el estado de Sao Paulo, hace tres décadas.

También fueron detenidos Celso Greco, dueño de la firma de logística Rodrimar S.A., y Wagner Rossi, exjefe de la Companhia Docas do Estado de São Paulo, la autoridad portuaria de Sao Paulo.

Los abogados de los amigos de Temer dijeron que no se justifican los arrestos y que sus clientes son inocentes.

"Tenemos la más absoluta convicción de que habiendo claridad e imparcialidad en la conducción de las investigaciones (...) al final quedará esclarecida la absoluta inocencia del presidente", dijo entre tanto a periodistas el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun, reportó la AFP.

"Esto no debilita al Gobierno porque el presidente Temer no tiene nada que ver con eso", enfatizó.

La Policía está investigando si Temer aceptó sobornos a cambio de firmar en mayo pasado el decreto, que benefició a Rodrimar, la cual opera algunos servicios en Santos.

El decreto extendió de 25 a 35 años los contratos para empresas que operan en el puerto, con la posibilidad de renovar la concesión por hasta 70 años.

En febrero, el jefe de la Policía Federal había dicho que en la investigación no se había encontrado evidencia de corrupción.