A raíz del segundo aniversario de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, el centro de información legal Cubalex realizó un análisis "del orden constitucional, la protección penal y sentencias por el delito de sedición". La ONG, con sede en Estados Unidos, publicó un informe con un corte parcial de una investigación que realizó en colaboración con el grupo Justicia 11J, que se dedica a verificar y divulgar información relacionada con las protestas públicas en la Isla.
Según explicó Cubalex, se trata de un "primer acercamiento" al análisis del uso del derecho penal por parte del Estado cubano "para restringir y, en muchos casos, impedir el ejercicio de los derechos humanos a las personas bajo su jurisdicción".
El análisis se centró en analizar los mecanismos legales utilizados por el régimen para "proteger el orden constitucional y su intangibilidad" y su relación con el 11J. Para realizarlo, las organizaciones se sirvieron de documentos oficiales emitidos en los procesos judiciales contra 182 personas sancionadas por sedición, en las provincias de La Habana, Matanzas y Holguín.
Señalaron que en la actualidad en Cuba "están vigentes las penas de confiscación y de muerte por causas políticas" y "no se han restaurado las garantías básicas del debido proceso". También recogieron que se discrimina a toda persona "que no cumpla o esté en desacuerdo con las decisiones políticas o económicas del grupo en el poder".
"El derecho penal y los tribunales de justicia son una herramienta de control de la ciudadanía. Las protestas son consideradas actos sediciosos", concluyeron los redactores del informe.
Además destacaron que todas las sentencias judiciales que fueron analizadas "estuvieron impregnadas de un lenguaje estigmatizante y discriminatorio por razones políticas y de raza". De igual manera, encontraron que las pruebas incriminatorias "no eran suficientes para demostrar la participación de las personas sancionadas en acciones violentas que les imputaron, más allá de la duda razonable".
Según este estudio la mayoría de los testigos que participaron en estos procesos estudiados "fueron agentes del Estado quienes, además, resultaron ser las víctimas". Por otro lado, señalaron que los tribunales "omitieron referirse a la orden dada por los superiores para impedir el ejercicio de un derecho constitucional" y no mencionaron "las acciones realizadas por los agentes del Estado con este propósito". Como ejemplo de estas acciones mencionan la muerte de Diubis Laurencio Tejeda "a consecuencia de un disparo y la intervención de particulares vestidos de civil que actuaron con violencia".
"Estos, bajo las órdenes de los agentes del Estado, cometieron graves violaciones, entre ellas la desaparición forzada de carácter temporal y las torturas durante la detención", aseguraron.
Al finalizar apuntaron que el tribunal "apoyó las conductas abusivas desde el poder político y garantizó la impunidad". Denunciaron que, hasta el momento, no existe una investigación abierta para juzgar y sancionar "a los responsables de graves violaciones de derechos humanos" a pesar de que "las causas que provocaron el estallido social del 11 de julio de 2021 continúan vigentes en la actualidad".
Método Cuba
En este mismo contexto del segundo aniversario del 11J, Cubalex, de conjunto con la organización PEN Internacional y Artists At Risk Connection, recogió el testimonio de 17 artistas independientes sobre "el exilio forzado" del que fueron víctimas tras sufrir la represión "de primera mano, a causa de artivismo". A partir de las entrevistas recogidas el informe registró las "tácticas represivas y a veces violentas empleadas por el Estado cubano para forzarlos a abandonar el país".
El documento indicó que después de la súbita represión gubernamental que dejó el 11J con el objetivo de silenciar el impacto de la protesta "el panorama artístico y cultural en Cuba se ha visto drásticamente socavado": "Esta represión de la disidencia se tradujo en la detención de casi 50 artistas tras las protestas. De ellos, al menos diez permanecen detenidos, mientras que otros 13 fueron obligados a exiliarse".
Entre los entrevistados se incluyen testimonios de artistas como Hamlet Lavastida, Tania Bruguera, Katherine Bisquet y Eliexer Márquez "El Funky".
La publicación subrayó la represión sistemática a la que se enfrentan estos artistas debido a su expresión creativa y destacó historias individuales de artistas en el exilio y los desafíos que enfrentan hoy en sus nuevos contextos. El informe, titulado Método Cuba, va acompañado de un prólogo de la poeta y novelista nicaragüense exiliada Gioconda Belli, y también de un pormenorizado análisis histórico sobre el proceso de censura que sufren los artistas en Cuba, escrito por el historiador y ensayista cubano Rafael Rojas.
El informe insta a los gobiernos de América Latina y a la comunidad internacional "a investigar las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los artistas en Cuba, especialmente en lo que se refiere a las restricciones a la libertad de creación, las detenciones arbitrarias y el exilio forzado". Método Cuba pide además "la liberación inmediata de los presos políticos" y de todos los artistas encarcelados "por expresar pacíficamente sus ideas y su trabajo creativo".
Entre sus principales hallazgos destacan que 16 artistas "alegaron que fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a interrogatorios policiales o judiciales, o puestos bajo arresto domiciliario". 15 artistas "mencionaron haber recibido amenazas explícitas de las autoridades de multas, encarcelamiento y despido profesional dirigidas a amigos, colegas y/o familiares".
"Todos los artistas afirmaron sufrir algún tipo de vigilancia a nivel físico o digital. 12 de los artistas afirmaron haber sido víctimas de campañas de acoso dirigidas por el Estado, soportando amenazas, filtraciones de sus conversaciones privadas y ataques en línea para deslegitimarlos u hostigarlos", recogió el documento. De igual manera, todos los artistas compartieron experiencias de censura que han sufrido en Cuba, pero también una vez exiliados.
Al concluir el informe, las organizaciones dirigen al Gobierno cubano tres recomendaciones:
–Liberar inmediatamente a todos los artistas y presos políticos encarcelados por expresar pacíficamente sus ideas y su trabajo creativo.
–Respetar el derecho al retorno de los artistas y eliminar todas las restricciones impuestas actualmente a los artistas en el exilio que deseen regresar a Cuba como su país de origen, garantizando su libre expresión y el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
–Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También incluyen otras recomendaciones para los gobiernos de América Latina y para la comunidad internacional para reconozcan y denuncien "las violaciones de los derechos humanos en Cuba en las interacciones con los foros regionales e internacionales". Recomendaron también que se dediquen esfuerzos a investigar las denuncias de abuso sistemático de los derechos humanos contra artistas, escritores y activistas en Cuba en lo que se refiere "a restricciones a la libertad de expresión artística, detenciones arbitrarias y patrones de exilio forzado".
En especial proponen a la sociedad civil internacional, las organizaciones culturales y los medios de comunicación que inviertan "en la creación de plataformas y coaliciones locales, regionales e internacionales que fomenten la solidaridad con los artistas cubanos, amplifiquen sus voces y denuncien las violaciones a la libertad de expresión en Cuba".
