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Un informe documenta 1.880 detenciones relacionadas con protestas en Cuba desde el 11J

Justicia 11J: 'Nuestro nuevo total de personas que han sido detenidas, al menos, en un escenario de protestas es 1.845. Del total, 773 continúan en detención'.

La Habana
Informe del grupo independiente Justicia 11J
Informe del grupo independiente Justicia 11J

Un informe del grupo independiente Justicia 11J actualiza la cifra de detenidos relacionados con protestas en Cuba a 1.880: 1.555 en el contexto del 11J, 103 en el contexto del 15N, 207 en 2022, 21 en lo que va de 2023.

"Nuestro nuevo total de personas que han sido detenidas, al menos, en un escenario de protestas es 1.845. Del total, 773 continúan en detención", indicó la organización.

Desde el lunes de esta semana se desarrolla en el Tribunal Provincial de Cienfuegos el juicio contra nueve manifestantes de la protesta en el reparto Covadonga, del municipio de Aguada de Pasajeros, durante el verano de 2022. Se les acusa de los delitos sabotaje, sedición y desacato. 

A finales de mayo se celebró, en el Tribunal de Centro Habana, el juicio a los manifestantes de la protesta de la calle Línea, el pasado 1 de octubre. Se juzgó a Hillary Gutiérrez, Frank Artola, José Adalberto Fernández Cañizares, Alejandro Guilleuma y Cinthia Treviño, por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos.

Con ellos, suman 909 las personas juzgadas y/o sancionadas en relación con protestas. Por otra parte, al menos 84 han salido al exilio tras su liberación, o durante excarcelaciones temporales.

El grupo recuerda que a inicios de mayo, pobladores de Caimanera, Guantánamo, protestaron frente a la sede del Partido Comunista local. Además de exigir condiciones dignas de vida, los manifestantes corearon "Libertad", "Derechos humanos", "Patria y vida", "Viva Cuba libre". Se escucharon también consignas de "Abajo el Comunismo" y "Abajo el PCC".

"En pocos minutos se perdió la comunicación con Caimanera. Cesaron las transmisiones en directo porque hubo un apagón de internet y de telefonía móvil a nivel nacional que impidió ver en tiempo real la represión violenta a los manifestantes por parte de civiles y militares; tal como ocurrió en distintas localidades del país los días 11 y 12 de julio de 2021".

La protesta de Caimanera, en la que participaron cientos de manifestantes, es una de las 33 protestas, entre colectivas e individuales en el espacio público o en prisiones, observada por este grupo de trabajo en lo que va de año. 

"Estos gestos de defensa de derechos han provocado al menos 21 detenciones, 11 de corta duración y, en 10 casos, los afectados han sido privados de la libertad bajo proceso de investigación o medidas cautelares. Tres de las víctimas están siendo procesadas únicamente en relación con publicaciones en redes sociales en las que se hacían llamados a la protesta pública masiva: Sulmira Martínez (Salem), Jesús Guerra y Agustín López Canino".

El informe señala siete protestas que han tenido lugar dentro de los centros penitenciarios Prisión de Valle Grande (1), Prisión de Guamajal (1), Granja 5 (1), Centro Correccional Confianza de Santiago de Cuba (1) y Prisión de Quivicán (3), como forma de reclamos ante la ausencia de derechos y atenciones básicas y contra el hostigamiento a familiares.

"Hasta donde sabemos, siete personas han resultado víctimas de castigos por protagonizar estas protestas: Jorge Luis Boada, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca, Abel Lázaro Machado, Yasiel Martínez, Alien Molina y Juan Enrique Pérez Sánchez. A otros cinco se les ha amenazado con ser trasladados a prisiones a más de 1.000 kilómetros de sus familias. Estos últimos son: José Manuel Arias Campo, Abdiel Cedeño Martínez, Wuilmer Sánchez Mojena, Maykel Mediaceja Ramos y Dairon Yunior Labrada Linares. Ienelis Delgado fue amenazada con la aplicación de una medida disciplinaria".

Justicia 11J expresa su preocupación por la continuidad de los patrones represivos para impedir un derecho básico como el de la manifestación pacífica, a pesar de los señalamientos de distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, y de foros y alianzas regionales, internacionales e intergubernamentales sobre este particular.

Además, la organización condena lo que considera "alineación del discurso de los medios de prensa acreditados en el país con el de los medios de prensa oficiales, al poner en duda la veracidad de la protesta en Caimanera, en abierta complicidad con el Gobierno".

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