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Represión

El régimen impide viajar al exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez

Según un comunicado del Directorio Democrático, el opositor testificaría en Washington sobre 'torturas sufridas durante 17 años en cárceles castristas'.

Washington

El Directorio Democrático y la organización JusticiaCuba denunciaron este lunes en un comunicado que el régimen cubano negó la salida de la Isla al exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien testificaría en una audiencia en Washington sobre "las torturas sufridas durante sus 17 años de prisión en las cárceles castristas".

El teniente coronel Machado, jefe de la Seguridad del Estado en Placetas, Villa Clara, "le informó a Antúnez que no podría salir del país por sus actividades opositoras".

Desde que fue excarcelado en 2007, Antúnez ha salido de la Isla en varios viajes para denunciar al régimen castrista. En julio de este año estuvo entre los exprisioneros políticos que recibieron al presidente Donald Trump durante su visita a Miami para anunciar su nueva política hacia Cuba, recordaron las organizaciones en el exilio.

"Esta es una medida violatoria de los derechos humanos, llevada a cabo por un régimen que sabe que la comunidad internacional ya está investigando y documentando los numerosos crímenes que ha cometido contra su propio pueblo y otros", dijo desde Ciudad de México, René Bolio, jurista y líder político que encabeza la denominada Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo.

La Comisión llevará a cabo una audiencia de testimonios de víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Cuba el miércoles 15 de noviembre en Washington, ddonde se espera que acudan varios congresistas norteamericanos, miembros de instituciones de la sociedad civil y la prensa, según el comunicado.

En una reciente entrevista con DIARIO DE CUBA Wilfredo Vallín, abogado y presidente de la independiente Asociación Jurídica de Cuba, calificó las restricciones de viaje del Gobierno sobre periodistas independientes, opositores y miembros de la sociedad civil independiente como "un abuso de poder y una violación a la ley".

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