Lunes, 26 de Agosto de 2019
Última actualización: 01:22 CEST
Tribunales

La OPS quiere evadir su responsabilidad con los médicos cubanos, dicen abogados de la demanda

Sede de la OPS en Washington. (DIARIO LAS AMÉRICAS)

Los abogados que representan a un grupo de médicos cubanos en su demanda contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Miami, aseguraron que esta evita "asumir su responsabilidad" para con ellos.

El abogado del equipo de los profesionales de la Isla, Sam Dubbin, declaró que "en lugar de asumir su responsabilidad, la Organización Panamericana de la Salud está tratando de trasladar el caso de Miami a Washington, DC".

La entidad evita también "abordar en modo alguno los méritos de la demanda. Además, es absurdo su argumento de que debe tener inmunidad legal por actos que violan las leyes penales", agregó, refiriéndose a la postura de la defensa, que alegó en el tribunal de Miami que juzgan el caso que este "tiene dos opciones: desechar la demanda porque la jurisdicción es incorrecta, o transferirla a otro distrito".

Los abogados de la OPS pidieron este jueves al juez que deseche una orden judicial que allanó el camino para que tribunales en Miami aborden una demanda de médicos cubanos exiliados en contra de esa organización internacional por conspirar con los gobiernos de Cuba y Brasil para facilitar una "red de tráfico humano" y "esclavitud".

Decenas de miles de médicos y profesionales de la salud de la Isla participaron en el programa Más Medicos en Brasil, alrededor de 3.500 de los cuales viven actualmente en Estados Unidos, la mayoría —unos 1.500— en el sur de Florida. Los galenos demandantes participaron en el programa entre 2013 y 2017.

"Estos médicos se encontraban entre varios miles de doctores cubanos que fueron traficados entre Cuba y Brasil por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de 2013 a 2017. El plan violó las leyes estadounidenses de lucha contra el tráfico humano y la extorsión, y generó más de 75 millones de dólares para la OPS", agregó Dubin.

En febrero pasado, no obstante el argumento de la OPS, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que las organizaciones internacionales con base en Estados Unidos no tienen inmunidad absoluta y pueden ser demandadas en ciertos casos en tribunales estadounidenses.

La histórica decisión de la Corte Suprema, tomada con siete votos a favor y uno en contra, afectó a International Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional, IFC), brazo del Banco Mundial que otorga fondos para proyectos privados en países pobres y en desarrollo.

IFC concedió 450 millones de dólares para la construcción en Mundra, Gujarat (oeste de la India), de una central eléctrica de 4.000MW que funciona con carbón y es propiedad de la empresa Tata Power. Sin embargo, agricultores, pescadores y habitantes de la zona acudieron a un tribunal federal estadounidense en 2015 para denunciar la contaminación del aire y del agua que provoca la planta, inaugurada en 2012.

La compañía no cumplió con el plan de acción ambiental y social para la planta, confirmó la Corte Suprema en su dictamen, y aunque aceptó haber causado daños —según EarthRights International—, argumentó tener total inmunidad contra las demandas y dijo que simplemente no podía ser responsabilizada.

Un tribunal de menor rango y un tribunal de apelaciones fallaron a favor de IFC. Pero la Corte Suprema rechazó las alegaciones de la empresa y determinó que la Ley le otorga solo la misma protección que a los gobiernos extranjeros y no una "inmunidad absoluta".

La decisión significa que otras instituciones internacionales tendrían también una protección limitada. Por ello, la decisión es un precedente favorable para la demanda contra la OPS interpuesta en Miami, como también podría estimular nuevas querellas.

Las firmas de abogados que representa a los médicos cubanos, Cuneo Gilbert & LaDuca, LLP y Dubbin & Kravetz, LLP, representaron con éxito a los sobrevivientes del Holocausto Húngaro que buscaban justicia contra el Gobierno de los Estados Unidos, en el caso del tren de oro húngaro.

Después de cinco años de litigio, el Gobierno aceptó un acuerdo que proporcionó 25 millones de dólares para la atención médica, los alimentos y otras necesidades de emergencia de los sobrevivientes de ese genocidio que sobreviven como indigentes en todo el mundo.