Domingo, 24 de Marzo de 2019
Última actualización: 04:46 CET
Corrupción

Robos, sobornos, abusos laborales: así funciona un paradero de La Habana, según sus choferes

Paradero de El Calvario. (J. E. RODRÍGUEZ)

Trabajadores del paradero de ómnibus estatales El Calvario, de La Habana, denunciaron a DIARIO DE CUBA presuntos hechos de corrupción por parte del personal administrativo y del sindicato oficialista, que perjudican el salario de los empleados y el servicio público.

Desde hace aproximadamente dos años, tras la designación de Miguel Ángel Velázquez Pérez como jefe de Tráfico "en funciones", han ocurrido en el paradero despidos y sanciones "arbitrarias" contra choferes que —aseguran las fuentes— se han negado a participar de una red de sobornos y otras irregularidades de la Administración del centro.

"Miguel Ángel vino sancionado de la empresa Transmetro de Cojímar, y tiene un historial de antecedentes penales que incluye desde hurto y amenaza hasta la tenencia de armas y lesiones", declaró Rogelio Sagarra Leyva, uno de los choferes afectados.

"Esta información la conocieron desde el principio, hace casi dos años, Ángel Renato Walker Osorio —director del paradero—, el secretario del Partido y la secretaria del Sindicato. Sin embargo, durante todo este tiempo se ha permitido que Miguel dirija el paradero como si fuese un negocio particular", aseguró Sagarra Leyva.

Según confirmaron otros choferes, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, el director de la Empresa Provincial de Transporte (EPT) habría indicado que Velázquez Pérez no podía ejercer como jefe de Tráfico en ninguna de las entidades subordinadas, debido a sus antecedentes penales y sus supuestas actividades ilegales, denunciadas en varias cartas anónimas dirigidas a la empresa.

"No obstante, Miguel sigue actualmente como jefe de Tráfico en funciones y es quien dirige realmente el paradero, porque Walker hace lo que este decide", señaló otro chofer. "Todos nosotros estamos dispuestos a brindar declaraciones si se inicia una investigación seria. No somos ni dos ni tres, somos casi todos", enfatizó.

Sagarra Leyva dijo que envió hace tres meses a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, único sindicato legal en la Isla y que sirve a los intereses del Gobierno), una carta denunciando la arbitrariedad de la sanción que le fue impuesta como represalia por denunciar constantemente la corrupción que presuntamente impera en el paradero. Hasta el momento, no ha obtenido respuesta.

"Al enterarse de que envié esa carta, Miguel me acusó ante la Policía de difamación, acusación que las autoridades no procesaron por no tener fundamento. A partir de ahí también se incrementaron las represalias en mi contra", afirmó Sagarra Leyva.

Los choferes afectados piden que el Ministerio de Transporte (MITRANS), la EPT y la Policía inicien una investigación a fondo sobre las violaciones laborales y delitos económicos que supuestamente comete la Administración bajo el amparo del director, Walker Osorio, y del jefe de Tráfico, Velázquez Pérez.

El Ministerio de Transporte hace la vista gorda, dicen los afectados

Las normativas de la EPT establecen que cada ómnibus debe realizar seis vueltas diarias que equivalen a 12 viajes. Sin embargo, los choferes de El Calvario aseguraron que al menos seis ómnibus de este paradero trabajan a discreción tanto del director como del jefe de Tráfico.

Por sus privilegios, a estos ómnibus los trabajadores los llaman "los HK", en alusión las siglas que llevan las chapas de los técnicos extranjeros en Cuba: están parqueados, solo cumplen con la mitad de las vueltas diarias establecidas, y pueden manejarlos exclusivamente aquellos choferes que se sometan a "la ley del corcho", como —dijeron los entrevistados— le llama el director Walker Osorio a la manera de gestionar el paradero.

"Si un chofer no tiene carro porque está en el taller o porque no cumple con las condiciones técnicas que exigen las normas de vialidad y tránsito, no le permiten manejar 'los HK', a menos que entregue 'el egbó' (soborno) a Walker o a Miguel. Además, estos carros son los únicos autorizados por ellos dos a trabajar con copilotos", aseveró otro chofer.

"Esta es una de las razones por la cuales el P6 y el P8 —las rutas que pertenecen a este paradero— son las líneas de peor frecuencia en La Habana, y somos nosotros los que tenemos que dar la cara a los pasajeros que desconocen la verdad con la que debemos lidiar diariamente", apuntó en referencia a que la Administración del paradero hace oídos sordos a las quejas de la población respecto al servicio.

Los "HK", según los choferes, son los ómnibus identificados con las numeraciones 600, 605, 610, 623, 625 y 626, que pertenecen a la dotación más nueva del paradero, compuesta por 30 ómnibus con apenas tres años de explotación.

El ómnibus asignado para la transportación del personal que labora en el centro —identificado con la numeración 600— no ejerce la actividad para la cual está destinado, sino que está a disposición particular del director, aseguraron los trabajadores.

Este ómnibus, dijeron, diariamente realiza viajes como una ruta local, consume más de 30 litros de combustible, y los ingresos que recauda no van a la contabilidad de la empresa, sino que presuntamente son para beneficio personal del director del paradero.

Delitos encubiertos y sindicato nulo

Entre las otras supuestas violaciones que relataron los choferes de El Calvario destaca el encubrimiento de delitos a la economía que el Código Penal cubano sanciona con penas de privación de libertad. Acusaron de malversación a la jefa de recursos humanos, Diana Castro, y dijeron que sus actividades fueron encubiertas por la Administración del paradero.

"Cuando se dio aquel explote, ellos (la Administración) disfrazaron el proceso y no hicieron la denuncia ante la Policía porque Diana los amenazó con que si ella explotaba hablaría sobre todo lo que sucedía. Decidieron darle la baja sin aplicarle ninguna medida o sanción", explicó otro de los choferes.

Los trabajadores mencionaron asimismo a Yanisleidis Beltrán, trabajadora del Departamento de Colecturía, quien —dijeron— fue sorprendida por Mario Zaldiñas, chofer y secretario del Partido, robando la recaudación diaria. Esta trabajadora aún continúa en su puesto laboral, sin que se la haya impuesto sanción alguna.

La práctica común para evadir las sanciones disciplinarias en este paradero es sobornar a la Administración, afirmaron los trabajadores. Por regla general, añadieron, las medidas recaen sobre aquellos choferes que se niegan a conducir vehículos con desperfectos técnicos, alegando que hacerlo pone en riesgo la vida de los pasajeros y constituye una violación de la legislación de vialidad y tránsito.

Más de una docena de choferes se encuentran actualmente sancionados por la Administración, lo cual afecta sus salarios y estímulos laborales. En este sentido, los choferes entrevistados calificaron las medidas de arbitrarias y coincidieron en que la sección sindical no defiende sus intereses.

"El que representa el órgano de justicia laboral, Rey, es incompetente, se ubica siempre del lado de la Administración, y retrasa a sabiendas las reclamaciones de los trabajadores afectados por las sanciones", apuntó un chofer que era miembro de la sección sindical y dejó esas funciones por no querer —dijo— participar en las irregularidades.

"Ningún chofer tiene confianza en Rey, que se ha convertido en un demagogo", apostilló.

El presunto robo de combustible, piezas y accesorios de los ómnibus es otro problema que afecta al paradero, sin que la Administración tome ninguna medida al respecto, indicaron los trabajadores. Afirmaron que, en una ocasión, ante las reiteradas quejas, el director expresó que no era su problema, "que él no era policía".

La EPT es la entidad que define la recaudación de cada ómnibus, tanto para los días habituales como para los días catalogados como "servicios especiales". Pero Velázquez Pérez, como jefe de Tráfico, "impone la recaudación que él entienda para cada chofer, no se rige por ninguna norma de la empresa", lamentó uno de los afectados.

"Y estas son cosas bien conocidas, llevamos casi dos años con este tipo de situación y nadie de arriba se pronuncia, ni ordena una investigación ni nos entrevista", criticó.

Otra de las supuestas violaciones de la Administración se relaciona con el incumplimiento del mantenimiento a los ómnibus según las normas del fabricante, como el líquido que se añade al combustible para limpiar las partes internas del motor.

"No echar este líquido implica que el carro tenga problemas con el sistema de inyección. Hasta los otros días habían más de 12 carros parados por esta problemática", comentó el chofer Rogelio Sagarra Leyva.

"Incluso hay que recurrir a mecánicos fuera del paradero porque los que hay no están capacitados, no dan pie con bola con los problemas técnicos de los carros", concluyó Sagarra Leyva.

Directivos de la Empresa Provincial de Transporte que fueron contactados para este reporte se negaron a ofrecer declaraciones sobre si estaban enterados de estos presuntos casos de corrupción, violaciones del código laboral y delitos económicos que denuncian los trabajadores de El Calvario.