Jueves, 14 de Diciembre de 2017
20:02 CET.
Propiedad

Expropiaciones y compensaciones: posibles soluciones

Comienzo estos apuntes con un primer debate o conflicto: el de si, dado un cambio político, los cubanos del exilio que perdieron sus casas y empresas se las van a arrebatar a los cubanos de la Isla.

Se trata de una premisa falsa: es la teoría del régimen de que "viene el lobo" del exilio (aunque parezca una verdad de Perogrullo, en los regímenes totalitarios de izquierda el culpable de todos los males es siempre una tercera persona ajena al régimen —otro país, los disidentes, opositores, una conspiración internacional, etc—, nunca el sistema per se).

Es la política del miedo y de la trinchera. De enemistar, separar y dividir, mediante el odio, a la nación cubana entre sus propios actores: el pueblo de dentro con el de fuera.

Enfrentando a los cubanos entre sí, el régimen ha logrado imponer todas sus premisas —por la vía de hechos consumados que luego han cobrado cuerpo de ley—, y, la más importante, la de inocular en la cultura sociopolítica nacional, como maestros de la propaganda, el aceptar el mal necesario pero "conocido" antes que el "bueno" por conocer, el peor remedio. A fin de cuentas, igualar a tabula rasa a todos desde "abajo", alimentando el desprecio, el odio y la envidia a los que una vez estuvieron "arriba" y fueron algo, como causantes y responsables de todos los males que aquejan al país.

El exilio, en su gran mayoría, no busca que le devuelvan estrictamente sus mismas casas (más del 90% en estado ruinoso, y, absolutamente irreconocibles o definitivamente destruidas), sino que —en algunos casos— le compensen legalmente por aquello que le despojaron manu militari mediante "nacionalización", figura jurídica sin contenido en ningún sistema democrático del mundo. Pues ni siquiera se tipificó como expropiación forzosa, que sí existía en la legislación precastrista y que habría dado lugar, al menos, a dirimir los derechos conculcados en la vía contencioso-administrativa.

Por consiguiente, si hubiese sido expropiación, la legislación vigente en Cuba hasta 1961, contemplaba la figura de la compensación o pago de justiprecio económico y/o en especie. El latrocinio no puede ser consolidado jurídicamente en ningún proceso de transición (no ha pasado en ningún país de Europa del Este, por ejemplo) de una dictadura a una democracia. Acerca de este tema proponemos tres ideas, sin ánimo de agotar un asunto que correspondería únicamente al legislador cubano, cuando este sea independiente para ocuparse de ello:

a)    El propietario nacionalizado de viviendas debería tener el derecho de adquisición preferente (prioritario al Estado o terceros), mediante la figura del tanteo y el retracto.

b)    El propietario nacionalizado de viviendas, podría escoger si desea un pago en contraprestación a materializarse en especie, bien en suelo edificable, bien en viviendas terminadas, en base al valor de mercado de lo expropiado. Un organismo público creado ad hoc y ex profeso se ocuparía de estos casos para los efectos pertinentes.

c)     El ocupante de la vivienda tendría que ser igualmente protegido, en cuyo caso, podría escoger —si así fuere de su interés— aceptar el precio de mercado que le ofrezca por ese inmueble el primitivo propietario expropiado (el cual, si las partes lo deciden de este modo y a falta de consenso, deberá ser valorado por entidad tasadora independiente), o, en su caso, si lo prefiere, recibiría otra vivienda en propiedad de nueva construcción en el ámbito urbanístico que se desarrolle a estos efectos. La vivienda la recibiría completamente gratis. El ocupante no podría ser coaccionado ni obligado a vender el inmueble que ocupa ni tampoco a abandonarlo, al menos, si no ha recibido una contraprestación que satisfaga su expectativa, o se cumpla el requisito compensatorio que marque la ley que así lo disponga. Antes de cualquier clase de transmisión o negocio jurídico traslativo de "la propiedad" inter vivos o mortis causa que pretenda hacer el ocupante legítimo de la vivienda, tendría siempre derecho de adquisición preferente el propietario primigenio que fue nacionalizado.

d)    En el caso de que la vivienda no esté ocupada por ninguna persona física (con la obvia presunción de "justo título" emanado de la Ley de Reforma Urbana o legislación similar, posesión pacífica e ininterrumpida y buena fe), sino por empresa, organismo o institución pública o privada, la vivienda debería ser devuelta ipso facto al primitivo titular expropiado. Si, de modo doloso, el Estado, institución pública o entidad participada por capital público, cambiase al ocupante de persona jurídica a persona física (para dotarse de las garantías recogidas en los incisos anteriores), quedaría sin efecto esta sustitución, y, en su caso, se aplicaría el supuesto anterior al dolo desvelado.

e)    Las empresas expropiadas deberían ser devueltas, ipso iure y con carácter inmediato, a los anteriores propietarios, sea cuales sean las condiciones, estado, ocupantes o titulares que tengan en el momento de la entrada en vigor de la ley que restituya la propiedad a sus legítimos propietarios primigenios (incluyendo en esta fórmula a los herederos que acrediten debidamente ésta condición). La empresa restituida a sus legítimos propietarios gozaría del mismo derecho de adquisición preferente, solo que en este caso se haría sin contraprestación crematística o económica al actual ocupante. En este caso se exigiría que el primitivo o primigenio titular (sería más lógico citar a sus herederos legítimos o testamentarios, luego de más de medio siglo de dictadura) ponga en marcha —en un plazo no mayor de dos años— la actividad industrial, comercial o de naturaleza similar en dicho inmueble, negocio o ámbito de actividad. El Estado, sus instituciones u organismos públicos, facilitarían y priorizarían la puesta en funcionamiento de las empresas privadas.

Un segundo debate o conflicto, más abocado a un modelo de transición a la democracia que busque resarcir y restañar las confiscaciones de propiedades, sería el modelo jurídico compensatorio que debería seguir Cuba para satisfacer estas pretensiones.

Propongo un modelo autóctono, que tome lo mejor de la experiencia compensatoria de algunos países que han hecho cambios políticos de dictaduras a democracias. En los casos expuestos en los puntos anteriores, he escogido el sistema alemán: de la Alemania Occidental al subsumir a la Alemania Oriental. Igualmente, he usado algunas tesis de juristas españoles y cubanos.

Cuba, y sirva como ejemplo ilustrativo, tiene mucho suelo sin edificar disponible y ese es un valor susceptible a servir como contraprestación suficiente para los derechos conculcados de aquellas propiedades inmobiliarias nacionalizadas. Como se ha apreciado, también lo sería para los ocupantes de viviendas, con el fin de que, como terceros adquirentes o presuntos adjudicatarios de buena fe en la mayoría de los casos, tampoco sufran un despojo injusto del único bien que les puede permitir tener capacidad financiera o de endeudamiento que les permita relanzarse a un futuro mucho mejor y próspero.

Se trata de aplicar el principio jurídico de compensación, de equidistribución de los derechos para que ni los unos, ni los otros, vean vulnerados los mismos. Esa es la razón de ser de una democracia.

Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram. Si resides en Cuba, suscríbete a nuestro boletín con una selección de los contenidos más destacados del día. Si vives en cualquier otro punto del planeta, recibe en tu buzón de correos enlaces a lo más relevante del día.

Comentarios [ 32 ]

Imagen de Anónimo

Excelente artículo con un análisis jurídico impecable.Pedro Pablo Sánchez 

Imagen de Anónimo

Demasiado condescendiente el autor con los ladrones de Birán. Esos usurpadores crearon el "Ministerio de Bienes Malversados" para precisamente quedarse ellos con todo-todo-todo lo que era de los empresarios, agricultores, terratenientes y clases medias y autónomos profesionales en nombre "del pueblo". NACIONALIZARON TODO MANO MILITAR y no pagaron o pagaron con papelito chino que no valía para nada. ¿Y ahora hay que respetarlos? Eso no es JUSTO. 

Imagen de Anónimo

Habría que ampliar un poco más sobre este tema. Uo le propongo a DDC a que el autor éste abarque otros aspectos que también podrían ser de interés. El escrito se queda un poco flojo o incompleto... No está mal pero este tema no alcanza para un solo artículo. Pero felicito a éste diario por el dosier tan interesante.

Imagen de Anónimo

A Lluvia del Mar: aquí solo hay que leer, yo no veo las preguntas que usted plantea. Está más claro que el agua. La gran duda es si el gobierno del cambio va a plantearse en serio arreglar los desmanes de la dictadura en materia de propiedad. 

Imagen de Anónimo

El inciso e) del análisis del autor es perfecto. Sencillamente es una solución legal justa que respeta a los nacionalizados y no afecta las arcas nacionales para compensar el expolio de la propiedad hecho por los desgobernantes de Cuba desde 1959.

Imagen de Anónimo

Hay que restablecer el derecho de propiedad a favor de TODOS los cubanos tanto los de dentro como los de fuera. Excelente artículo

Imagen de Anónimo

No entiendo en el señor Gutiérrez Tamargo una postura jurídica tan políticamente correcta. El latrocinio y expolio de la clase empresarial cubana por parte de los saqueadores de Sierra Maestra no tiene parangón en la Historia de Cuba. Si bien entiendo que la parte legal es irreprochable me sorprende que sea tan ambivalente en lo político, máxime cuando una cosa va de la mano de la otra y viceversa, incluso en democracia. 

Imagen de Anónimo

De la misma que este articulo suavisa el tema de las casas ocupadas producto de expropiacion hay otros que no son tan dadivosos y razonables. Los que comentan dan como hecho que asi se aplicaran las leyes de retorno. Pero hay un amplio sector que no apoya esta tesis. Habra que ver en su momento como se cuaja la caja.

Imagen de Anónimo

Quisiera decir que no se si es posible que estando en Cuba la dictadura actual fuese posible una propuesta de este tipo.

Imagen de Anónimo

Sr. Gutiérrez Vd. deberia estar en Cuba poniendo en práctica todo lo que propone (me gustaría que tuvieran una pizca de decencia en la Isla para tomarlas en cuenta). Es serio y de puro sentido común. Y creo que el 90% de nuestra gente sensata le apoyaría. No sólo le veo sentido  legal a lo que dice, sino una visión de Estado como persona que pocas o casi ningunas personas tienen en nuestra larga diáspora. Le felicito. Rubén Osorio. MEX.