El pasado 15 de julio se informó en el V Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que el PIB creció en 4,7% en el primer semestre del año. Sin embargo, se supo que dentro del sector de la construcción, el cual creció en 8,7%, solo se edificarán unas 30 mil viviendas durante todo el año; una cifra que agudizará la crisis habitacional en Cuba.
En la primera mitad del siglo pasado las necesidades de vivienda se satisfacían mediante el arrendamiento, la construcción y la compra. La renta, en dependencia de la calidad, el lugar y la dimensión, podía pagarse en la mayoría de los lugares con el 10% del salario. La compra podía realizarse a empresas como la FHA (institución crediticia que realizaba las operaciones bancarias con el Banco Pujol), que construían viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales. Los que recibían un salario mensual aproximado de 100 pesos podían solicitar un crédito con un 20% de interés amortizable en varios años. Los que tenían mayor solvencia podían realizar la compra directa. En 1949 una casa de mampostería, placa, piso de mosaicos o de terrazo, dos cuartos, baño intercalado, sala, comedor, cocina, portal y patio, como las que sorteaba la revista Resumen, costaba unos 4.000 pesos. Y en pueblos del interior, una casa de madera, techo de tejas, piso de cemento, baño y un cuarto, se podía adquirir hasta con 1.000 pesos.
El Gobierno que asumió el poder en 1959, ignorando esa experiencia, se propuso resolver el déficit habitacional existente en aquel momento. Con el lenguaje militar que caracterizó cada tarea, se emprendió la "batalla por la vivienda" mediante una secuencia de planes. El primero de 1960 a 1970 intentó construir 32.000 apartamentos anuales, pero no rebasó los 11.000 como promedio. El segundo de 1971 a 1980 subió la meta a 38.000 anuales, pero a duras penas llegó a las 17.000. Para recuperar lo dejado de producir, a partir de 1981 se planteó edificar 100.000 anuales, pero durante 25 años no sobrepasó las 40.000.
En el año 2005, cuando se sabía que el 43% del fondo habitacional estaba en "regular y mal estado"; que hasta abril de ese año la "falta de liquidez" había impedido resolver 15.889 derrumbes totales y 12.563 parciales; después del paso de cuatro huracanes (Michelle, 2001; Charley e Iván, 2004; Dennis, 2005), Carlos Lage, entonces secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, anunció que a partir de 2006 se iban a construir y terminar "no menos de 100.000 viviendas nuevas por año".
En el 2006 se incumplió; en el 2007 se dijo que de las 100.000 se construirán sólo 52.000. El descenso fue acelerado por otros cuatro huracanes (Fay, Hanna, Gustav e Ike, 2008) que afectaron alrededor de medio millón de hogares. En 2008, según la Oficina Nacional de Estadísticas se construyeron cerca de 45.000; en 2009 la cifra fue de unas 34.000; en 2012 fueron algo más de 32.000; y en el año 2013 no se llegó a 26.000 viviendas.
Un cálculo conservador de los incumplimientos en los diversos planes gubernamentales arroja un déficit de aproximadamente millón y medio de viviendas, que construyendo a un ritmo de 100.000 anuales se requerirían unos 15 años para suplir el déficit. Pero al ritmo de 30.000 —que es el estimado del año 2015— se necesitarían 50 años. Y si a ello se unen las nuevas necesidades y los continuos derrumbes, entonces se requeriría aproximadamente de un siglo.
Leyes y más leyes
— La Ley de Reforma Urbana dictada en 1960 confiscó todas las viviendas arrendadas, con excepción de las habitadas por sus propietarios y prohibió la compraventa y la hipoteca.
— La Ley General de la Vivienda promulgada en 1984 autorizó la "transferencia de la propiedad", pero los "propietarios" no podían vender, arrendar, permutar o alojar libremente a quien consideraran. Los cubanos pasaron a ser propietarios sin propiedad.
— Una segunda Ley General de la Vivienda, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores, propiciar la solución del déficit habitacional y fortalecer el control estatal sobre las operaciones, fue aprobada en 1988.
— El Decreto-ley 211, de julio de 2000, reguló las construcciones que entonces florecían por doquier y los trámites de permuta. Este decreto contemplaba inspecciones físicas en los inmuebles y exigía autorización para realizar permutas, algo que había sido permitido por la Ley General de 1988.
— El Decreto-ley, de febrero de 2001, otorgó al Instituto de la Vivienda poder para eliminar la compraventa entre particulares y otorgó a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.
— Finalmente, el Decreto-Ley 288 de 2011, restableció y reguló la compraventa de viviendas. Ahora los propietarios pueden permutar, donar, adjudicar o vender su casa a otros cubanos y las viviendas de cubanos que abandonen definitivamente la propiedad se traspasa a los copropietarios o a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
El recuento abreviado de las legislaciones dictadas en el último medio siglo traza el giro de la desaparición del propietario y del control absoluto e incapacidad del Estado, con un impacto negativo en el interés por el mantenimiento de inmuebles que no eran suyos. Ese medio siglo de propietarios sin propiedad explica en buena medida el deterioro habitacional que se manifiesta en los derrumbes cotidianos, particularmente en La Habana. Dos ejemplos bastan para ilustrarlo.
1) El 5 de diciembre de 2001, el edificio de cinco plantas situado en la calle Águila 558, en Centro Habana, que desde 1994 y durante 18 años sufrió cuatro derrumbes parciales hasta su desplome definitivo, dejando el doloroso saldo de seis muertos y varios heridos. El derrumbe afectó al edificio colindante, lo que provocó que sus ocupantes lo abandonaran inmediatamente, pues algunos de ellos, que habían sufrido un proceso similar diez años antes, estaban ubicados provisionalmente en el edificio inmediato al desplomado.
2) El 15 de julio de 2015, el mismo día que Marino Murillo informaba en la Asamblea Nacional la construcción de 30.000 viviendas para el año en curso, el edificio ubicado en la calle Habana 409, en La Habana Vieja, se derrumbó con un saldo de cuatro muertos (un niño, dos jóvenes, una anciana) y tres heridos.
En los 15 años que separan esos dos trágicos derrumbes, entre los huracanes que azotaron el país, las lluvias, el envejecimiento la falta de mantenimiento e insuficiencia de los salarios para acometer reparaciones, cientos de miles de hogares desaparecieron, muchas veces con pérdida de vidas humanas.
Y el hombre
La desmovilización ciudadana ocupa el primer lugar entre las causas de la actual crisis habitacional. Como las viviendas la empezaron a construir los hombres antes del surgimiento del Estado, se impone ubicar al ser humano —al margen de criterios políticos o ideológicos— en primer lugar y desde esa ubicación acometer la solución de la crisis. Algo que desde hace mucho tiempo los ingleses lo condensaron en una sucinta frase: "No se puede tratar con la gente y sus viviendas por separado".
La experiencia nacional y foránea enseña que sin la participación activa de la ciudadanía es imposible la salida de la crisis. Se impone, pues, la creación de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas de materiales de construcción, de reparaciones, de venta de materiales, de transporte y de financiamiento alternativo. La nueva política habitacional que la sociedad cubana requiere tiene que basarse en la combinación armónica entre intereses individuales y sociales, entre Estado y sociedad.
La disyuntiva está en que el Estado promueva y respete la autonomía y las libertades que propicien la participación civil de forma paralela y subsidiaria, o el Estado se ocupa de todo y con ello paraliza la potencialidad ciudadana hasta que la vivienda desemboque en tragedia nacional.
En la recién finalizada sesión de la Asamblea Nacional, el presidente Raúl Castro planteó: "Entre las principales tareas llevadas a cabo en interés de la actualización del modelo económico y social se encuentra la elaboración de la conceptualización teórica del socialismo en Cuba".
Si dicha conceptualización insiste en fortalecer el papel de la empresa estatal y conservar el sistema de planificación socialista como vías principales para la dirección de la economía; en encargar al cuentapropismo y al "cooperativismo" solo las actividades secundarias, entonces la conceptualización pasará a engrosar la abultada lista de fracasos. En su lugar se impone reconocer el camino equivocado y proceder a devolver las libertades confiscadas para que los cubanos puedan formar pequeñas y medianas empresas y convertirse en empresarios y trabajadores libres en su país.