La inflación en Venezuela cerró 2017 en 2.616% y puede llegar al 10.000% este año, según datos que presentó la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, ante la ausencia de información sobre estos indicadores por parte del Banco Central (BCV), reporta EFE.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, el opositor José Guerra, indicó en una rueda de prensa que la inflación del país está desbocada por "la impresión de dinero del Banco Central para financiar el déficit del Gobierno" de Nicolás Maduro.
"El 70% del déficit del Gobierno venezolano para el año 2017 fue financiado con impresión de dinero", dijo Guerra, quien agregó: "La inflación es distinta a la hiperinflación porque la inflación dentro de todo es normal. Una hiperinflación es insoportable. Es la ruina de un país".
Según el diputado Guerra —economista de profesión y con una larga trayectoria en el Banco Central a sus espaldas—, "estamos hablando de un inflación que puede pasar del 10.000% si el BCV sigue financiando al Gobierno".
El legislador dijo a EFE que solo en el pasado diciembre la inflación fue del 85%, y remarcó que en comparación con otros casos de hiperinflación registrados el siglo pasado en el continente, el de Venezuela todavía "no es el caso más fuerte" pero "este año lo puede ser".
Asimismo, aseveró que la Asamblea Nacional no ha publicado todavía el índice de caída en el Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, el diputado Rafael Guzmán, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, desestimó los constantes aumentos salariales anunciados por el Ejecutivo para tratar de contrarrestar la explosión de precios.
"No hay aumento de salario que pueda combatir esta situación", subrayó el también opositor que proyectó en un 14.000% el dato de inflación para 2018.
Guzmán se refirió además a la caída del bolívar frente al dólar en el mercado paralelo como una de las causas de que los precios aumenten casi a diario en el país, y señaló el control de cambio impuesto por el Gobierno chavista desde 2003 como la causa de esta depreciación.
"El Gobierno mantiene el control de cambio, es decir, sigue entregando dólares a un grupito para que ese grupito siga metiendo esos dólares en el mercado negro. Mientras exista control de cambio va a existir mercado negro", dijo Guzmán.
Por otra parte, el presidente del BCV, Ramón Lobo, evitó comentar el dato de inflación presentado por la Asamblea Nacional, el único poder en manos de la oposición y que ha sido declarado en desacato por el Tribunal Supremo, por lo que sus actos son considerados nulos por todas las instituciones cercanas al Gobierno.
"¿Eso todavía existe?", se burló Lobo del Parlamento, al ser abordado sobre el promedio de inflación que presentaron los diputados, durante una reunión entre las autoridades del ente emisor y representantes del Ejecutivo.
Este encuentro sirvió para que funcionarios entregaran al BCV la propuesta de Maduro de reactivar el sistema de subastas de Divisas Complementarias (Dicom), que dejó de funcionar en agosto y que ha acentuado la escasez de dólares en el país.
El BCV no publica desde 2015 datos oficiales sobre la inflación y el PIB, que ese año cerraron en 180,9% y con una contracción del 5,7%, respectivamente.
Los títulos de deuda, en default
Los títulos de deuda emitidos por Caracas están ahora técnicamente en default, advirtió entretanto la Asociación de Corredores de Mercados Emergentes (EMTA por sus siglas originales), reportó la AFP.
Estas obligaciones son consideradas desde ahora como "flat trading", es decir, que ya no interesan y su precio es únicamente su solo valor nominal. La decisión se aplica a partir del martes.
Sus compradores, que las revendieron a otros participantes del mercado internacional de obligaciones, ya no están obligados a asumir el costo de los intereses que conllevan.
Esta recomendación concierne a todos los títulos emitidos por el Estado venezolano que no están sometidos a las sanciones aplicadas actualmente por el Tesoro estadounidense, precisó la EMTA. Sin embargo no conciernen a aquellos emitidos por la petrolera estatal PDVSA.
La decisión de la EMTA tiene lugar tras varios incidentes ligados al pago de los títulos emitidos por el Estado venezolano estos últimos meses.
El último tuvo lugar a inicios de enero, cuando la agencia de calificación financiera Standard and Poor's Global Ratings (S&P) indicó que Venezuela no había honrado sus compromisos sobre bonos por un monto de 35 millones de dólares tras un periodo de gracia de 30 días.
Venezuela, ahorcada financieramente por la caída de las cotizaciones del crudo y una mala gestión económica, atraviesa dificultades para reembolsar a tiempo su deuda soberana evaluada en 150.000 millones de dólares y la de PDVSA, que por sí sola representa un 30% del total.
La población sufre una grave escasez de alimentos y de medicamentos, ya que no hay dinero para importarlos.
El país solo dispone de 9.700 millones de dólares de reservas y debía reembolsar al menos 1.470 millones antes de fines de 2017, y luego 8.000 millones en 2018.
S&P y la también calificadora de riesgo Fitch declararon a Venezuela y a PDVSA en default parcial en diciembre pasado, por retrasos con varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.