El preso político Roilán Zárraga Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se ha declarado en huelga de hambre, según denuncia su tía, Marta Hechavarría Castellanos. "Está plantado en huelga de hambre en la prisión de Baraguá, del municipio santiaguero de Mella, desde el día 21, en reclamo por atención médica", alertó Hechavarría Castellanos a Martí Noticias.
"Tiene problemas estomacales, tiene sangrado en las heces y el médico no ha querido atenderlo, no ha querido llevarlo a hacer un ultrasonido. Él me llamó y me dijo que a partir de ese día iba a hacer huelga de hambre y entonces él dejó mi (número de) teléfono a un compañero para que me avisara si ocurría cualquier cosa. Me llamó y me dijo que lo había sacado el jefe para hablar con él, pero que sigue en su huelga", agregó la tía del opositor y preso político.
Hechavarría dijo además que su sobrino le contó que en la cárcel "el agua es muy escasa" y que en ocasiones los prisioneros no tienen ni para beber. "A veces pasan días sin poder lavar la ropa. Los reclusos confinados en el destacamento 610 están llenos de sarna", añadió.
El activista fue detenido el día 2 de octubre de 2019 en su casa de El Caney en Santiago de Cuba por tres agentes de la policía política, momento en el que estuvo incomunicado y en paradero desconocido durante 35 días.
Aunque después salió de la cárcel con "libertad limitada", en noviembre de 2021 un juez de ejecución del tribunal municipal de Santiago de Cuba revocó la medida cautelar que tenía impuesta por poner carteles antigubernamentales en su vivienda y exigir libertad en la calle. Fue recluido en la prisión Aguadores.
A inicios de 2022, las autoridades lo pasaron a un régimen de menor severidad y lo ubicaron en un centro correccional con internamiento pero esa medida también se le invalidó, luego de que llegara tarde al establecimiento penitenciario tras recibir un pase a su casa. Fue internado en el penal Mar Verde y el 16 de septiembre de 2023 trasladado a la cárcel de Baraguá.
Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando Vaillant fueron los tres activistas que junto al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, fueron sancionados en febrero de 2020 por los cargos de "lesiones y privación de libertad", a raíz de la acusación de otro opositor. Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Freedom House y otras entidades y Gobiernos, se han pronunciado a favor de la libertad de los opositores y de la restauración de sus derechos.
Durante 2019, la UNPACU fue víctima de 37 asaltos a las viviendas de sus integrantes, donde las autoridades sustrajeron toda clase de propiedades. Solamente en septiembre de ese año UNPACU denunció más de un centenar de detenciones y golpizas contra activistas. La ofensiva represiva contra la organización opositora aumentó cuando sus integrantes y los de Cuba Decide convocaron a una manifestación nacional en protesta por el aumento de la represión contra la disidencia en la Isla.
