Caridad Regla Barrios Morales vivía desde el año 1970 en calle 1 entre Avenida Rosario y Victoria, en el municipio Arroyo Naranjo. En 1997 la ciudadela en que habitaba fue evacuada por las autoridades, debido al estado de deterioro en que se encontraba. La historia de lo que ha tenido que pasar desde entonces es una prueba de que la corrupción en Cuba se sostiene y perjudica seriamente la vida de los más débiles.
"Fui declarada un caso social, por tener dos hijos, uno de ellos con trastorno mental. Estaba divorciada y sin empleo", relata Caridad Regla. "Viví agregada en la casa de un familiar durante muchos años, esperando respuesta a mi caso. No fue hasta el 12 de marzo de 2007, diez años después, que me citaron al gobierno municipal de Arroyo. La compañera Mercedes Acosta, me entregó un documento, un acuerdo de la administración municipal, que me asignaba una vivienda, que jamás vi".
Caridad Regla cuenta que esperó hasta que no pudo más y regresó a ver a la misma funcionaria, Mercedes, quien entonces la trató muy mal.
"Argumentó que debía esperar a que me llamaran, pero jamás lo hicieron. Estuve rodando de un sitio a otro en casas de familiares y amigos que me apoyaron".
Luego de varias entrevistas inútiles, en febrero de 2017 las autoridades le entregaron una parcela en calle C entre Laguna y Güinera, reparto Mendoza. Las regulaciones territoriales y urbanas especificaban que debía construir en un término de 12 meses o perdería el derecho al terreno.
"Con lo caros que están los materiales de construcción, ¿con qué recursos voy a emprender una obra en un tiempo tan corto?", pregunta Caridad Regla. "Me dirigí entonces a la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo, a ver a la compañera Ivón, que atiende la sección de subsidios. Me dijo que no me podía ayudar, sin argumentar las razones", asegura.
Según la afectada, la directora de Vivienda, Rosa Miguelina Figueroa Aforri, le dijo que no sabía qué hacer con su caso. El presidente del Poder Popular municipal de Arroyo y el jefe del Departamento de Atención a la Población alegaron no poder ayudarla porque su caso no era competencia del gobierno.
"Me han sorprendido los 70 años rodando de un lado a otro, buscando solución a mi caso. Creo que mi destino será morir en la calle", lamenta Caridad Regla.
Para corroborar la historia de Caridad Regla, contactamos a Ivón, la funcionaria encargada de los subsidios.
"Los casos que estamos atendiendo son los que tienen expedientes actualizados", afirma. "De 1997 no existen registros, porque aquí se ha sustituido a todo el personal de aquella época y nadie sabe qué camino cogieron aquellos casos".
En el gobierno municipal de Arroyo Naranjo recibimos esta respuesta de una secretaria: "No se atiende a periodistas, a menos que vengan con una carta de autorización firmada por el Partido Provincial. Las reclamaciones solo pueden tramitarlas directamente los afectados, o sus abogados, sin la intromisión de terceros ajenos al caso".
Sin embargo, una antigua especialista de subsidios de Arroyo Naranjo, Caridad Estévez Rodríguez, quien ahora labora en Playa, accede a hablar del caso de Caridad Regla Barrios Morales "fuera del trabajo".
"Lo recuerdo bien porque cuando asumí el cargo su expediente ya estaba 'engavetado' desde hacía tiempo", explica. "Tal parece que le dieron 'la mala' con la vivienda que le habían asignado y luego le fueron dando largas para ver si se cansaba y no reclamaba más, pero resultó un hueso duro. Ahora no saben cómo salir de ella".
Esta antigua especialista de Arroyo Naranjo asegura que nunca tuvo responsabilidad sobre aquel expediente.
"Pero en los años que trabajé allí vi muchas injusticias parecidas, como las veo ahora en la Dirección Municipal de la Vivienda de Playa", asevera. "Los mismos hechos han ocurrido y siguen ocurriendo, y hasta peores, con total impunidad (…) El caso de Caridad Regla es solamente uno entre miles", concluye.