El consorcio brasileño Odebrecht dejó de operar el central azucarero 5 de Septiembre en Cienfuegos en colaboración con la empresa estatal AZCUBA a causa de los impagos de la parte cubana por casi dos años, según confirmó a Martí Noticias la Compañía de Obras e Infraestructura (COI), subsidiaria de Odebrecht en Cuba.
La suspensión de las labores de Odebrecht en el central se remontan a febrero de 2016 a causa de la "falta de fondos del cliente [AZCUBA] para la ejecución del contrato", afirmó un portavoz de la COI.
La prensa oficial de la Isla había mencionado en un reporte en enero pasado en un breve párrafo que el Gobierno "no hace mucho se liquidó aquí [en Cienfuegos] el contrato de administración del central 5 de Septiembre con el conglomerado brasileño Odebrecht, a raíz de la actual circunstancia sociopolítica del gigante sudamericano y el escándalo por corrupción que implicó a esta empresa".
El portavoz de la COI negó la versión de la prensa oficial de la Isla y "negó categóricamente que la corrupción sea un factor relevante en el fin de la colaboración azucarera con Cuba", precisa Martí Noticias.
La COI dijo que los acuerdos de Odebrecht con la Justicia de una decena de países "significan que la empresa asumió su culpabilidad y acordó pagar multas a cambio de continuar celebrando contratos con el sector público, pero no tienen ningún impacto en Cuba ni para COI, dado que no forman parte de dichos acuerdos".
"Todos los acuerdos concertados hasta la fecha tienen entre sus objetivos asegurar la continuidad de operaciones mediante el mantenimiento de los contratos vigentes y la habilitación para contratos futuros con los estados de todos los países en los que operamos", señaló el portavoz.
La COI, además, aseguró a Martí Noticias que el acuerdo con AZCUBA aún no ha sido liquidado, aunque reconoce "trabajar en conjunto con el cliente para ponerle fin al contrato".
Según datos oficiales, en 2013 y 2014, los dos primeros años del contrato con Odebrecht, el central 5 de Septiembre registró los niveles más bajos de productividad en diez años (de 2005 a 2014).
Asimismo, la prensa oficial se quejó de que se registraron en este central "las mayores fallas de la contienda 2015-2016", obligando a la industria a pasar por “reparaciones de envergadura”, para el inicio de la zafra de 2017.
El gigante brasileño Odebrecht firmó en 2012 un contrato para administrar este central con AZCUBA con una duración de 13 años.
Hipólito Rocha, director general de la Agencia de Promoción de exportaciones (Apex-Brasil), basada en La Habana, dijo en aquel entonces a Reuters que su país prevé una inversión inicial de unos 60 millones de dólares, como parte del contrato de administración del central 5 de Septiembre.
"Brasil tiene posibilidades de aportar mucho a Cuba, mucha tecnología, equipamiento, maquinarias modernas (...) la prioridad está por ahí, será en el tema de la agricultura, el tema alimentario", explicó Rocha.
El proyecto brasileño abre al capital extranjero la industria azucarera de Cuba, cuya producción ha caído desde unos ocho millones de toneladas en la década del 70 hasta apenas poco más de un millón de toneladas en la última zafra.
Actualmente, los ingresos por azúcar están detrás de los del turismo, las remesas, los servicios profesionales, el tabaco, el níquel y los productos farmacéuticos.
El sector tocó fondo en la zafra 2009-2010, cuando se registró la peor producción en 105 años, con tan solo 1,1 millones de toneladas. Desde entonces AZCUBA intenta reanimar este capítulo, que desde 2010 mantuvo una tendencia al alza rota solo durante la zafra 2015-2016, cuando la producción azucarera decreció en un 19%, apunta EFE.
Cuba consume entre 600.000 y 700.000 toneladas de azúcar por año y tiene un acuerdo de venta a China de 400.000 toneladas anuales.
La COI, además de estos manejos en el azúcar, ejecutó en Cuba obras por 800 millones de dólares para modernizar el puerto de contenedores de Mariel, al oeste de La Habana.
Odebrecht ha reconocido haber pagado millones de dólares a varios gobiernos y funcionarios para conseguir ventajas y contratos públicos. En esta trama están implicados varios expresidentes.