El escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez consideró este lunes que el Gobierno de Daniel Ortega "ha dado un salto al vacío" al enjuiciar a dos periodistas críticos con el Ejecutivo sandinista, en medio de la crisis que vive el país.
"Cuando un régimen convierte el derecho a informar en un delito, ha dado un salto al vacío", anotó en una declaración pública Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990, reportó EFE.
El escritor recordó que el dictador y expresidente Anastasio Somoza Debayle ordenó, en los años 70 del siglo pasado, callar las radios, y nació el periodismo de catacumbas.
"Sus secuaces asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro —director del diario La Prensa— porque su voz no lo dejaba dormir, y el pueblo se insurreccionó, y ya desesperado, en su agonía final, el dictador mandó a destruir las instalaciones del diario La Prensa, y no tardó en huir", continuó.
Asimismo, observó que en el marco de la actual crisis que vive el país, que se inició el 18 de abril pasado, ha ocurrido la quema de Radio Darío, el avasallamiento y toma militar de la redacción de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, que "han sido actos de poder ciego, contra toda ley y razón".
Lo mismo que la clausura violenta del canal de televisión 100% Noticias y la prisión y juicio a su director Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, lo que el novelista calificó como "pretensiones vanas, para la que no hay cárcel posible".
"La prisión de Miguel y Lucía es un intento vano de imponer el silencio", señaló, y tildó como "una aberración la persecución" contra los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, así como el comentarista político Jaime Arellano, quienes tienen orden judicial de captura.
"Mientras más oscura la noche, más pronto va a amanecer, dice el Popol Vuh", cerró Ramírez.
Mora, dueño del canal 100% Noticias, y Pineda Ubau, la jefa de prensa de ese medio crítico de la Administración de Ortega, están detenidos desde la noche del viernes pasado tras el allanamiento de esa televisora, y serán enjuiciados por terrorismo e incitar a la violencia, entre otros delitos imputados por la Fiscalía.
'Criminalización' por informar en Nicaragua
Por su parte, organismos humanitarios alertaron el lunes sobre un intento del Gobierno de Ortega, de "criminalizar" el derecho a informar en el país.
"Ejercer el trabajo de informar a la ciudadanía se ha vuelto en Nicaragua una situación peligrosa", advirtió en rueda de prensa el director ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
"Además de criminalizarlo, se ha convertido en un delito" informar en Nicaragua, señaló el defensor de los derechos humanos, y puso como ejemplo la prisión y juicio de Mora y Pineda y la orden de captura Galeano y Orozco.
"El rol de ustedes es informar a la ciudadanía y se ha vuelto un delito que se está pagando con encarcelamiento, persecución y hasta con la vida", continuó Carmona, para quien los críticos al Gobierno de Ortega se encuentran "en un estado de indefensión total".
"Tenemos una Policía, una Fiscalía y un Poder Judicial que se han convertido en los verdugos del pueblo de Nicaragua", alegó.
Los abogados de la CPDH que defienden a los periodistas detenidos afirmaron que la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de implicar a más comunicadores.
"Consideramos que el periodismo está en peligro. (La Fiscalía) va a ampliar esta acusación contra otros medios o periodistas notables de este país" que se hayan pronunciado en el marco de la crisis entre abril y junio pasado, indicó la abogada Leyla Prado, que defiende a Pineda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió la semana pasada de la "intensificación de la cuarta etapa de represión estatal" en Nicaragua contra periodistas y medios independientes.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
La cuarta fase incluye "incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas, detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores, expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas", de acuerdo con el organismo, a los que el Gobierno les dio por concluida su misión la semana pasada.
Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce 199 muertos.
Ortega, con más de 11 años en el poder de manera continuada, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido derrotado.