Civil Rights Defenders envió un informe sobre la situación de los derechos humanos en la Isla al Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas con una evaluación sobre la constitución y las leyes cubanas desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos y una serie de recomendaciones en este sentido al Gobierno cubano.
Según el texto al que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, la organización instó a los estados parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en especial al grupo de trabajo que analizará la situación de Cuba a promover una reforma constitucional para incluir medidas que garanticen todos los derechos fundamentales, eliminando los aspectos ideológicos, así como las menciones al Partido Comunista.
Ratificar e implementar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que el entonces canciller Felipe Pérez Roque en 2008.
Asimismo a invitar al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos a investigar sobre la situación de estos en Cuba, y realizar el pertinente monitoreo y análisis en sus futuros informes.
La organización demanda que se revise la pertinencia de nombrar un relator especial que vele por estos temas en la Isla y que se garantice el derecho a la igualdad y no discriminación de todos los ciudadanos y en especial de los grupos históricamente vulnerables.
Sobre este último particular pide que se sugiera a la estatal ONEI que "realice estadísticas oficiales sobre la situación" de estas comunidades.
Civil Rights Defenders considera necesario que La Habana elimine la pena de muerte y cumpla "con los estándares internacionales vigentes en esta
materia, eliminando la ambigüedad y la posibilidad de utilizar esta medida sancionadora como condena.
Además demanda que tipifique la tortura como un delito en la legislación nacional y que realice los ajustes pertinentes al artículo XI del Código Penal con el fin de eliminar el Estado de Peligrosidad como figura delictiva.
Asimismo, eliminar la adopción de toda medida cautelar pre-delictiva, una figura que utiliza el régimen frecuentemente para abrir procesos penales a periodistas independientes, activistas y opositores.
Solicita también la elaboración de un informe sobre la situación de las detenciones arbitrarias en Cuba, por parte del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Acerca de la administración de la justicia, incluida la impunidad y el estado de derecho, la ONG demanda al Gobierno de Raúl Castro que garantice el principio de legalidad y las garantías procesales en todas las detenciones y arrestos.
Realizar "los ajustes pertinentes en la Constitución para garantizar el procedimiento de Habeas Corpus, que no fue incluido en la Constitución de 1976 y está, en la actualidad, solamente recogido de manera ambigua en la Ley número 5 del 13 de Agosto de 1977 sin establecer el tiempo máximo de duración de la prisión provisional" y "generar las garantías legales pertinentes, para el ejercicio libre de la abogacía".
En su informe dirigido a EPU, Civil Rights Defenders defiende el derecho a la libre circulación de los ciudadanos cubanos y hace hincapié en que el Gobierno les garantice el pleno desarrollo del proyecto de vida que escojan, permitiéndoles elegir libremente la provincia donde desean vivir.
Igualmente enfatiza sobre la libertad de culto y de conciencia, expresión, asociación y reunión pacífica, tan coartadas por el régimen sobre todo para desarticular el movimiento de la sociedad civil independiente, y defiende el derecho a participar en la vida pública y política del país.
Por otra parte, pide que se elimine la subordinación del derecho a la libertad de expresión a los fines del Estado Socialista realizando los ajustes pertinentes al artículo 53 de la Constitución para garantizar la libertad de prensa y de expresión en su totalidad y se garantice el derecho del acceso a la información.
Sobre este último particular la ONG insiste a la ONU que La Habana debe "eliminar la ley 88, Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba conocida como Ley Mordaza" y "no tipificar el ejercicio de la libertad de expresión como un delito en los Artículos 113 y 115 del Código Penal".
Civil Rigths Defenders demanda que se realicen todos los ajustes normativos e institucionales necesarios para permitir el registro, legalización y operación de organizaciones y sindicatos independientes al PCC e instaurar una ley electoral que garantice la libre participación de los ciudadanos en el sistema político y la pluralidad de este, garantizando el sufragio universal libre, igual, directo y secreto, y los principios que forman el sistema electoral democrático: universalidad, igualdad, secreto y libertad.