El pasado 1 de noviembre de 2017 Cuba presentó ante la Asamblea General de la ONU el proyecto titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba".
En su intervención, el canciller cubano Bruno Rodríguez criticó la política contenida en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de EEUU hacia Cuba, emitido el 16 de junio de 2017.
Criticó la prohibición de transacciones económicas, comerciales y financieras con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior; la eliminación de los viajes individuales en la categoría de intercambios pueblo a pueblo; la prohibición de viajar a Cuba fuera del marco de las 12 categorías autorizadas; la oposición a las acciones que promueven el levantamiento del "bloqueo"; la derogación de la Política de Normalización de las relaciones emitidas por el presidente Obama en octubre de 2016 y el condicionamiento de suspensión del "bloqueo" a cambios dentro de Cuba.
De igual forma, criticó el traslado de la emisión de visas de La Habana para consulados estadounidenses en terceros países; la advertencia a ciudadanos norteamericanos para que eviten visitar a Cuba; la expulsión del personal cubano del Consulado General en Washington y la reducción de su personal en su embajada en La Habana.
Finalmente, el canciller cubano aseguró: "El bloqueo constituye el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba".
En 1992 solamente 59 países votaron a favor de la resolución cubana y en 2016 —con excepción de EEUU e Israel que se abstuvieron— todos votaron a favor, sin que eso afectara en nada el embargo estadounidense, porque las resoluciones de ese órgano constituyen recomendaciones y, por tanto, no son de obligatorio cumplimiento. Por tanto, al obtenerse el resultado máximo posible en la ONU, ese foro quedó agotado.
A partir de ese momento, el ambiente de distensión generado por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas recomendaba encaminar la solución mediante las negociaciones bilaterales.
Tres puntos a tener en cuenta lo aconsejaban y lo aconsejan:
Las causas internas
Como la reanudación de las relaciones diplomáticas no emergió de la victoria, sino del fracaso de ambos contendientes, cada parte quedaba en la obligación de cambiar para marchar hacia la normalización.
Así lo había expresado el general Raúl Castro en conversación sostenida en 1977 con dos senadores norteamericanos: "Nuestras organizaciones son como un puente en tiempo de guerra. No es un puente que se puede construir fácilmente, ni tan rápidamente como fue destruido. Toma tiempo, y si ambos reconstruimos ambas partes del puente, cada cual su propia parte del puente, podremos, darnos la mano, sin ganadores ni perdedores".
Para que esas palabras tomaran cuerpo, la normalización de las relaciones con EEUU tenía y tendrá que acompañarse con el empoderamiento de los cubanos, con la restauración de los derechos y libertades para su participación efectiva en los problemas nacionales. Y esto no es para nada ceder la soberanía a una fuerza exterior, sino darle la participación que le corresponde al pueblo en dicha soberanía.
Se trata de desandar el camino transitado desde que la nacionalización de las propiedades estadounidenses en Cuba condujo a la ruptura de las relaciones diplomáticas y a la promulgación de la Ley del Embargo. En ese contexto confrontacional, el Gobierno cubano desmontó la institucionalidad existente, desarmó la sociedad civil, solapó la ineficiencia y eludió cualquier compromiso con los derechos humanos.
A partir de 2008 el general Raúl Castro implementó un paquete de medidas cuyo principal resultado fue develar el agotamiento del modelo y la profundidad de la crisis. Por tanto se trata ahora de abandonar el aferramiento a la estatización, a la planificación centralizada y a la ausencia de libertades que, sin desconocer los efectos negativos del embargo, son las principales causas de la crisis en que Cuba se encuentra.
Las relaciones Cuba-EEUU
La política de la Administración Obama brindó una oportunidad de cambio que fue desaprovechada por la parte cubana para remover los obstáculos al interior del país.
Esa política, al no exigir la democratización de Cuba como premisa para restablecer las relaciones, contenía un peligro para la conservación del poder: la contradicción externa se desplazaría gradualmente hacia las contradicciones internas, lo que explica la insoluble contradicción del Gobierno cubano: cambiar y al mismo tiempo conservar el poder.
El presidente Barack Obama dictó seis paquetes de modificaciones: el primero amplió los permisos generales de viaje, ofreció facilidades comerciales a empresas privadas cubanas y a pequeños agricultores, acrecentó el monto de las remesas y donativos, expandió las exportaciones comerciales de bienes y servicios desde EEUU, incrementó el acceso de Cuba a las comunicaciones y proporcionó telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos.
Esos paquetes de medidas se reflejaron en el aumento de los viajes autorizados a Cuba, la llegada del primer buque de cruceros a puertos cubanos, el reinicio de los vuelos, el inicio de la transportación directa de correo entre los dos países, el establecimiento de acuerdos de varias empresas estadounidenses de telecomunicaciones. Las medidas facilitaron las negociaciones con otros países y reanimaron las expectativas y esperanzas de cambio.
Si esas medidas —incluyendo la Directiva Presidencial de octubre de 2016, dirigida a tratar de hacer irreversible los avances logrados— no arrojaron un mayor resultado es porque faltaron las correspondientes medidas de la parte cubana, la cual se limitó a permitir a los cubanos hospedarse en hoteles reservados para turistas; comprar computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil; vender su casa o su auto; salir del país sin tener que pedir permiso al Estado y permanecer hasta 24 meses en el exterior; y estableció puntos públicos de acceso a WiFi. Medidas que, más que avances, denotan hasta el punto en que habían retrocedido los derechos en Cuba.
El ejemplo de Vietnam
Como la suspensión del embargo es prerrogativa del Congreso estadounidense y no de la ONU, lo práctico desde la votación en 2016 era introducir cambios internos al estilo de la nación vietnamita.
Sobre ese país EEUU arrojó el triple de bombas que las empleadas durante la Segunda Guerra Mundial; el 15% de la población pereció o resultó herida; el 60% de las aldeas del sur resultaron destruidas y, después de culminar la guerra, el país enfrentó un bloqueo económico y ataques fronterizos. A pesar de ello, después de la victoria la generalización del sistema de economía planificada sumió al país en el hambre y la superinflación hasta que en 1986 se emprendió la "Renovación Vietnamita" bajo el lema de "Reforma económica, estabilidad política".
En vez de dedicar año tras año a presentar resoluciones en la ONU o a desarrollar campañas ideológicas contra el imperialismo, emprendieron un programa sistemático de reformas, basado en la introducción de mecanismos de mercado, autonomía de los productores, derecho de los nacionales a ser empresarios y entrega de tierra a los campesinos que desarrolló la iniciativa, el interés y la responsabilidad de los vietnamitas.
Por sus resultados, EEUU suspendió el embargo sobre Vietnam. En 2008 el país dedicó esfuerzos a salir de la lista de países subdesarrollados, en 2010 se trazaron el objetivo de entrar en el grupo de países de ingreso medio, en 2014 se ubicaron como el vigésimo octavo exportador más grande del mundo, y en 2016 aprobaron medidas destinadas a convertirse en una nación industrializada.