El semanario oficial La Demajagua, de la provincia de Granma, calificó el abuso sexual de menores como un asunto "candente" y de "gran preocupación".
En un inusual reporte sobre el tema, la publicación citó informaciones de autoridades de esa provincia acerca de casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
"Este es un tema candente y de gran preocupación, por eso creemos que los barrio-debates y las charlas pueden sensibilizar a las personas", dijo al periódico Nidia Revé, funcionaria de los CDR en el territorio.
De acuerdo con Revé, resulta crucial identificar los hogares proclives a tener un menor victimizado para tratar de prevenir cualquier hecho. "Cuando ocurre, procuramos atraer al menor e insertarlo en las actividades para que no se aísle y tampoco trate de atentar contra su vida", explicó.
Los delitos relacionados con niños y adolescentes son tema tabú para el Gobierno, que no publica cifras al respecto, y la prensa oficial rara vez los refleja.
La doctora Yaumara Milán Estrada, especialista de primer grado en Psiquiatría Infantil, citada por La Demajagua, coincidió en que es determinante tener percepción del riesgo, "no ser confiados ni desatender a los hijos".
"También es importante tener paciencia y no maltratarlos, sobre todo si son niños intranquilos, o presentan una discapacidad mental y física. La familia debe permanecer más cerca de su prole y saber dónde están, adónde van y con quiénes andan", apuntó.
La médica afirmó que, cuando llegan a las consultas los menores afectados, se les brinda tratamiento médico y psicológico si el daño es físico, y se trabaja con el grupo de Salud Mental. "Para borrar esa experiencia traumática aplicamos varias técnicas psicoterapéuticas", indicó.
Respecto al tema, la funcionaria María Elena Hechavarría Carralero, miembro del Secretariado provincial de la FMC, sostuvo que últimamente se ha requerido la realización de escuelas de educación familiar, donde se enseña a los adultos cómo percatarse cuando los niños son víctimas de un actuar inadecuado o del proceder vergonzoso de otra persona.
Los casos de niños y niñas abusados son evaluados por las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF). Sus especialistas asesoran a los familiares sobre cómo debe ser la conducta, el comportamiento y la atención al menor.
Declaraciones de Caridad León Castillo, subdirectora provincial de Educación, revelaron que existe un alto riesgo de violaciones o asaltos sexuales a estudiantes en camino a algunos centros educativos, por la lejanía de los mismos y su ubicación en zonas intrincadas del territorio.
"Tenemos situaciones riesgosas, porque reorientamos escuelas y hay educandos viajando solos, en horarios complejos, y en la montaña recorren caminos desolados para llegar al centro escolar", admitió la directiva.
Sin embargo, precisó, estos menores no son los más vulnerables, sino aquellos de los municipios urbanos, donde la familia está más desprendida.
León Castillo manifestó que es muy difícil darle atención a un niño victimizado, el trabajo no solo depende del psicopedagogo, sino del claustro de profesores y de los especialistas del departamento de Salud Mental.
"Hay quienes quedan muy afectados y desean suicidarse, por eso estamos junto a ellos brindándoles apoyo", subrayó.
La funcionaria afirmó que las actas de advertencia de la Fiscalía y los oficiales de Menores "nos están dando resultado, a quienes pasamos los casos más críticos y en los cuales nuestras acciones no han sido tan efectivas como quisiéramos o los padres se muestran indolentes".
Ada de la Caridad Marín Melo, fiscal jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, detalló que en "la Constitución existen pronunciamientos sobre la protección de los niños".
"Particularmente el Código de la Familia, en sus artículos 82 y 85, establece las relaciones paterno-filiales, y fija los derechos y obligaciones asociadas al cumplimiento de la patria potestad".
En el caso de los menores, existe en el Código Penal o Ley 62, un capítulo denominado "Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud", dirigido a protegerlos.
Entre las sanciones por los referidos hechos se encuentran las que oscilan desde los siete a los 15 años de privación de libertad, y en los casos más graves pueden imponerse sanciones de 20 a 30 años o muerte, precisó.
El reporte de La Demajagua, sin embargo, no precisó si hay personas condenadas por los abusos a menores.