Al cierre de junio fueron establecidos 339 procesos penales en Cuba, según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) citadas por el sitio oficial Cubadebate, por robo de combustible en el que se ocuparon 117.463 litros de carburante de diferentes tipos, entre ellos 85.823 de diésel y 21.016 de gasolina.
Las fuentes atribuyeron a este fenómeno una "afectación económica preliminar" de 488.644 pesos (CUP).
Holguín (48), La Habana (42) y Villa Clara (32) son los territorios con mayor incidencia. Esas tres provincias agrupan el 36% del total de procesos radicados, vinculados con el combustible.
Según el medio estatal, solo en el emplazamiento de grupos electrógenos ubicado en el callejón Kilómetro 12½ del Reparto Santa Fe, en Guanabacoa, se "filtraron" casi 2.500.000 litros de diésel, el combustible necesario para electrificar 51.714 viviendas durante un mes —según cálculos conservadores de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE)—.
Es una cifra registrada en un período que Cubadebate no precisó, pero que al parecer se extiende en el tiempo más allá de la actual etapa analizada.
Señaló a jefes de turno, custodios y operarios encargados de activar los sistemas para la generación de energía eléctrica, de manipular fraudulentamente el mecanismo diseñado para la actividad, con el fin de emplear menor cantidad de petróleo que la planificada. La cifra nunca dejó de ser reportada como consumida, por lo tanto, cada día se apoderaban de la diferencia.
Transportaban los tanques de 20 y 25 litros hacia las viviendas colindantes. Los implicados acordaban con pobladores de un asentamiento cercano a la entidad la venta de cada litro de petróleo en tres pesos cubanos (CUP). Estas personas revendían el producto a choferes de autos particulares a cinco CUP, apuntó.
Tras meses de investigación policial, y luego de seis registros domiciliarios, fueron ocupados 37.469 litros de petróleo, 1.273 pesos cubanos convertibles (CUC) y 5.259 CUP. Además, se confiscaron múltiples equipos electrodomésticos adquiridos como ganancia de la actividad y tres cisternas, entregadas a la Refinería Ñico López. La entidad certificó que el combustible era diésel especial en buen estado para su comercialización.
Por el delito de malversación, a los 17 implicados les fueron impuestas condenas de privación de libertad o trabajo correccional con y sin internamiento, en dependencia de su participación en los hechos. El juicio se celebró del 10 al 14 julio de 2017.
Otro caso que recogió el reportaje de Cubadebate se dio en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente, ubicada en Vía Blanca, Km 37½, El Caribe, en el municipio Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
En un operativo fueron detenidos seis implicados, que eran ya seguidos por oficiales de la Policía Técnica Investigativa.
Les fueron ocupados seis tanques metálicos; 21 envases plásticos —con capacidad para 20 litros— llenos de petróleo; además de un recipiente de dos litros y tres tanquetas metálicas de 20 litros completamente vacías. La capacidad de almacenamiento de los receptadores ascendía a 420 litros.
El 28 de marzo de 2019 recibieron sus sentencias de privación de libertad cinco de los acusados, al sexto se le impuso trabajo correccional con internamiento, precisaron fuentes judiciales al sitio de noticias.
Cubadebate presentó también la Terminal Fortuna, uno de los "paraderos" de ómnibus de transporte urbano más conocidos de la capital, como "la entidad de mayor incidencia, con cinco casos" relacionados con "desvío y mal uso de recursos".
En este centro, los más recientes implicados fueron sancionados con condenas de privación de libertad y trabajo correccional con internamiento.
Según la Fiscalía, las violaciones estuvieron enmarcadas en el no seguimiento y control del combustible a partir de las indicaciones establecidas por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE). En todos los casos, los acusados tenían cargos administrativos, por tanto, fueron procesados por corrupción.
El Gobierno cubano presenta "el enfrentamiento al delito y la corrupción, asociados al desvío de combustible y materiales de la construcción" como "políticas públicas del Estado". Se queja constantemente de las "cuantiosas pérdidas económicas" que genera un flagelo inherente al propio sistema. Casi siempre los involucrados están a cargo o vinculados con el almacenaje, uso, distribución y control de estos recursos.
A principios de año, Miguel Díaz-Canel dijo en una intervención en una reunión que ya lo del robo de combustible "era inadmisible" y reconoció que el problema era una "señal de incapacidad de las entidades estatales".