"¿Qué más hará falta para que el Gobierno asuma que, desde hace mucho, ni en las escuelas nuestros hijos están a resguardo de la violencia?". El cuestionamiento de Ángel Miguel Benítez, vecino de la barriada habanera El Cano, tuvo el respaldo de un grupo de padres que comentaban con él los hechos ocurridos en el Politécnico Olo Pantoja, del municipio La Lisa.
El suceso, catalogado de "inusual y lamentable" por la prensa oficial, ocurrió el pasado 17 de septiembre, cuando cuatro individuos, presuntamente integrantes de una pandilla juvenil que opera en la zona, ingresaron al centro escolar portando armas blancas y ocasionaron lesiones leves a nueve estudiantes, en lo que se presume haya sido un "ajuste de cuentas".
"Insistir en que este tipo de incidentes son hechos aislados es dar la espalda a una realidad con la cual tenemos que convivir mientras las autoridades ocultan el fenómeno", añadió Benítez, responsabilizando directamente al Gobierno, que por primera vez reporta un hecho relacionado con la violencia entre adolescentes y jóvenes con un centro escolar como escenario.
Durante el pasado curso 2017-2018, profesores del preuniversitario Kim Il-sung, en Arroyo Naranjo, alertaron a familiares de alumnos sobre presuntos actos delictivos que ocurrían en los alrededores y que protagonizaban sujetos que merodeaban la zona.
Aunque los profesores no precisaron si los sujetos pertenecían a bandas organizadas, ni qué delitos cometían, pidieron a los padres convencer a sus hijos de evitar una esquina en la que se reunían los supuestos maleantes.
"Le decimos al lugar 'La esquina del Diablo'", advirtió entonces un profesor de Química en alusión a una serie colombiana sobre temas relacionados con drogas, violencia y prostitución.
Ese mismo profesor, durante una reunión de padres celebrada el pasado mes de marzo, dejó entrever que en el interior del centro igualmente ocurrían eventos delictivos. Sugirió a los familiares "adaptar a sus hijos a tener siempre la mochila encima".
Advertencias similares, sobre presuntos hechos relacionados con venta de drogas, robos, violencia y corrupción de menores en las cercanías de las escuelas, se trataron en las reuniones de padres de la enseñanza preuniversitaria de diferentes barriadas habaneras, que el Gobierno cubano denomina eufemísticamente "en transformación" y que son, en realidad, comunidades marginadas.
"La violencia es como otro alumno que llega puntual a nuestras escuelas", dijo el joven Yusniel, vecino de un adolescente de 14 años de edad apuñalado fatalmente en junio de 2008 por otro estudiante en la secundaria básica Fructuoso Rodríguez, en La Lisa.
"Cuando la violencia es parte de tu vida, lo mismo en casa que en el barrio, no es sorprendente que ocurra dentro de las escuelas, donde los profesores también están estresados porque la realidad es para todos por igual", señaló Yusniel, actualmente trabajador de una cooperativa de construcción.
Padres consultados coincidieron en que la familia tiene la obligación de velar por sus hijos, del mismo modo que los directivos de cada centro escolar tienen la responsabilidad de establecer medidas preventivas para garantizar la seguridad, no únicamente de sus estudiantes, sino también de sus profesores.
"Pero aquí estamos hablando de sucesos que también ocurren fuera de las escuelas y, en ese sentido, la Policía qué hace, o acaso tampoco podemos tener la tranquilidad de que nuestros hijos estén seguros en sus escuelas y su entorno", objetó Gabriela Montero, madre de una estudiante de preuniversitario en San Miguel del Padrón.
"En la reunión del grado de mi hija, el pasado curso, nos advirtieron sobre los asaltos para robar celulares y del aspecto llamativo de las hembras. Es decir, que quienes tenemos hijas lindas y con celulares tendríamos que contratar escoltas ante la pasividad policial", ironizó Montero.
"Tenemos muchos policías… y para qué"
La obligación de garantizar la tranquilidad, especialmente en los entornos de centros educacionales, "es un trabajo que corresponde absolutamente a la Policía, sin discusión alguna", opinó Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente y padre de un adolescente que cursa el onceno grado.
"El crecimiento de las pandillas juveniles es una realidad inobjetable, pero el Gobierno mantiene una ferrea censura sobre estos asuntos".
"¿O acaso el presupuesto del Ministerio del Interior solo está destinado a reprimir opositores y activistas de los derechos humanos", fustigó Rodríguez en referencia a que los escasos reportes sobre el fenómeno son realizados por la prensa independiente de la Isla.
"No es nada nuevo lo que está ocurriendo en las escuelas y a la vista de todos", dijo Carlos residente del consejo popular Minas-Barreras, de Guanabacoa.
Se refería a un caso registrado en febrero pasado en la secundaria básica Enrique Hart Dávalos, cuando a un estudiante del centro le fueron ocupados una pistola semiautomática Makarov y ocho cartuchos de nueve milímetros, tras amenazar y aterrorizar durante tres días a sus compañeros de clase.
Su esposa, antigua bibliotecaria, dijo que no le asombra el incremento de los problemas relacionados con la violencia y corrupción de menores en las escuelas.
El asunto "lleva muchos años apartado de las agendas del Gobierno, aunque incluso ha salido en medios de prensa extranjeros", añadió en referencia a un reportaje sobre la prostitución infantil en Cuba transmitido por la cadena de televisión Telecinco en España.
Ese reportaje le costó al periodista español Sebastián Martínez Ferraté una condena de siete años de prisión en la Isla. El Gobierno cubano lo acusó de corrupción de menores y proxenetismo.
Martínez Ferraté cumplió finalmente 17 meses. Fue expulsado de Cuba por "razones humanitarias" tras gestiones de la Embajada de España en la Isla.
En los últimos años funcionarios del Ministerio de Educación (MINED) han reconocido su preocupación por la falta de profesores en las escuelas.
"Es consecuencia directa de los bajos salarios que percibimos los maestros, que no se corresponden con nuestra labor", afirmó la directora de una escuela secundaria ubicada en Guanabacoa que pidió no ser identificada.
A esto se añaden las duras condiciones de trabajo. "Si a este déficit perenne que confrontamos en cada curso escolar, también le sumas que tendríamos que asumir la seguridad de los alumnos, ¿cómo garantizamos concentrarnos en nuestros deberes principales: la formación, la enseñanza y el rendimiento académico del estudiante?", cuestionó esta directora.
"No tenemos maestros; sin embargo, tenemos muchos policías y me pregunto para qué", dijo Bárbaro René Junco, vecino del Cerro y padre de un alumno de onceno grado, en referencia a la excesiva presencia policial y del Ejército ("brigadas de prevención") que conjuntamente custodian zonas céntricas de Centro Habana, La Habana Vieja y el Vedado.
"En una reunión, los padres alarmados indagamos sobre qué medidas estaba tomando la Policía" contra la violencia en las escuelas y su entorno. "Los profesores simplemente dijeron que no estaban autorizados a hablar sobre ese particular, que las autoridades ya estaban actuando", relató Junco.
"Increíble. Resulta que ahora también es un secreto de Estado saber cómo la Policía va a garantizar la seguridad de nuestros hijos en las escuelas. Solo espero que esa 'actuación' llegue antes de que ocurra algo peor".