En noviembre de 2016 la técnico de Ordenamiento Territorial Niuvis Marily García se quitó la vida en La Habana. Días antes le habían notificado una revisión del papeleo legal que manejaba, especialmente los modelos de Resolución por el Decreto 217/97, relacionados con expedientes de migración interna en Cuba.
Para las autoridades, el suicidio no hizo sino confirmar sospechas.
Tras la muerte de García, Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, fue detenida por agentes de la Policía y separada del cargo. En breve la acusarían de liderar en una red de falsificación de documentos.
Su amiga, Iluminada Machado, exempleada del Consejo de Administración Provincial de La Habana, "tuvo acceso a los modelos de Resolución por el Decreto 217/97 y preparaba los expedientes" en 2013, según el informe final elaborado por la Fiscalía General de la República.
Ese año, Machado y Barban se unieron "con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, y aprovechando Barban las facultades que le brindaba el cargo en que se desempeñaba", indica el documento.
Hoy, las dos sobrevivientes que presuntamente encabezaban la "Red del Cerro" enfrentan sanciones de 15 y ocho años de cárcel, respectivamente, por los delitos de "falsificación de documentos públicos" y "cohecho".
Cinco acusados más, entre oficinistas y ciudadanos que supuestamente sacaron provecho económico del grupo corruptor de documentos, podrían enfrentar condenas de tres años de privación de libertad.
Los acusados comparecieron este martes ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana. Todos quedarían inhabilitados, en lo adelante, de ejercer profesionalmente como empleados administrativos.
¿Cómo lo hicieron, según la Fiscalía?
La red, que presuntamente operó entre 2013 y 2016, se dedicó a falsear expedientes migratorios de personas de provincias hacia la capital, y tuvo como epicentro la oficina de Vivienda del municipio Cerro, de acuerdo con las actas oficiales del caso. Tramitó cambios de dirección de Guantánamo, Granma, Camagüey, Artemisa e Isla de la Juventud a municipios como Guanabacoa y La Habana Vieja.
Al proceso de la Causa 41/18, que se extenderá hasta este miércoles mediante juicio oral en la Sala Segunda de lo Penal, asisten como acusados más de 20 supuestos implicados, entre proveedores y solicitantes de los servicios criminales.
Según las autoridades, el método del grupo consistía en identificar a individuos necesitados del trámite y agotados ante la burocracia que lo circunda.
Muchos llegaban al entorno de las funcionarias acusadas y pactaban el monto a pagar que, por lo general, sería abonado en dos mitades: al inicio del proceso y una vez entregada la Resolución requerida.
La calidad de las falsificaciones no era la mejor: las hacían en impresoras domésticas, sin los relieves o tintas específicas que necesitaban los cuños u otras marcas, indica el el expediente del caso. El peritaje criminalístico confirmó que la red llegó a armar, como mínimo, una veintena de cambios de dirección falsos.
"La reconstrucción de los hechos a cargo de la fiscal Esmerlinda Betancourt llegó solo hasta ese punto, pero me parece que fueron más. Es lógico porque la 'demanda' es mucha (basta con pasar por las abarrotadas oficinas de Vivienda), y quienes resolvían su situación con los corruptos recomendaban ese camino a otros conocidos, y después estos a otros, y así quién sabe hasta dónde", explicó una abogada enterada del caso que pidió no ser identificada.
"Asumo que algunos participantes no dijeron todo lo que sabían", subrayó.
El grupo cayó a finales de 2016. Entre otros, funcionarios de las Oficinas de Trámites de Vivienda y supervisores de las del Carné de Identidad en los municipios Regla, El Cotorro, San Miguel del Padrón, La Lisa y Habana del Este, denunciaron irregularidades en expedientes recibidos.
Entre la espada y la pared
Los implicados supuestamente cobraban entre 40 y 150 dólares a jóvenes, en su mayoría, que deseaban residir permanentemente en la capital o que necesitaban el cambio de dirección para contratarse en un empleo estatal.
"Pagué lo que pedían porque cuando me gradué de la universidad quería quedarme acá, donde hay mejores oportunidades de trabajo dentro de la especialidad que estudié y hasta un buen lugar me había pedido para cumplir los dos años de Servicio Social. Volver a mi provincia hubiera significado estancarme profesionalmente", declaró una implicada bajo condición de anonimato.
"Estaba entre la espada y la pared. Si existieran iguales posibilidades laborales en otros sitios del país las cosas serían distintas, pero esta centralización de la vida financiera, cultural y económica en la capital es propio del subdesarrollo nacional", agregó la joven, egresada de una carrera de humanidades.
Para ser empleado a tiempo completo en La Habana, el Estado exige a los cubanos residir legalmente en la ciudad, cuestión que empuja a los migrantes internos contra una laberíntica muralla de burocracia y, con frecuencia, los termina obligando a la ilegalidad.
Tal dilema convierte a los naturales de provincia que pretendan vivir en la capital en ciudadanos de segunda clase.