Una semana después de haber sido impuestos en Cienfuegos los precios topados para la comercialización de diversos productos y servicios, como la actividad transportista, choferes de autos de alquiler privados se niegan a laborar en protesta por la medida, a pesar de un ultimátum dado por funcionarios gubernamentales a través del periódico local 5 de Septiembre.
La medida fue activada por el Consejo de la Administración Provincial el pasado 5 de agosto y desde inicios de esta semana un número significativo de transportista ha dejado de circular, buscando presionar a las autoridades para que den marcha atrás.
La reacción oficial no se ha hecho esperar. El gobierno local ha amenazado con multar y retirar la patente a quienes no se incorporen de inmediato.
Hasta el 13 de agosto, la piquera de autos de alquiler que cubren la ruta Santa Clara-Cienfuegos permanecía casi sin movimiento. Algo similar se podía observar en la piquera intermunicipal responsable de la ruta Cienfuegos–Cumanayagua. En ambas áreas, decenas de pasajeros se aglomeraban a la espera de transporte.
La decisión de los choferes ha coincidido con la clausura de los carnavales cienfuegueros el pasado 11 de agosto. El lunes fue el momento más tenso, ya que muchas personas que se habían trasladado a la ciudad cabecera para disfrutar de la festividad tenían planeado regresar ese día a sus lugares de origen.
Uno de los transportistas en paro, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que el descontento no solo se debe a los precios topados. De igual modo incide en el estado de ánimo la reciente imposición que los obliga comprar el combustible en las gasolineras estatales. Con anterioridad, muchos adquirían el carburante en el mercado negro por un precio un 50% inferior de lo que deben pagar ahora.
El Estado los obliga ahora a usar una tarjeta magnética de la firma FINCIMEX S.A., perteneciente a los militares cubanos, con la que deben adquirir el combustible en pesos convertibles (CUC).
"Esto encarece el viaje hasta el punto que trabajamos prácticamente para cubrir gastos", dijo el entrevistado. Opinó que ambos aspectos (la obligatoriedad en la compra de combustible en los CUPET y los precios topados) funcionan como una tenaza que aniquila la rentabilidad del negocio.
"Debe tenerse en cuenta que, aparte del combustible, tenemos que pagar las reparaciones de los carros con piezas que importan desde el extranjero particulares para venderlas en el mercado negro a precios astronómicos", apuntó.
"A eso hay que sumar que un número importante de los transportistas no son dueños de los autos que explotan, más bien son arrendatarios y tiene que compartir las ganancias mensuales con los dueños del vehículo. Súmale a ello la patente y los impuestos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT)", enumeró, y aseguró que no se incorporará a trabajar hasta que le den una respuesta convincente.