Otra vez el régimen de Cuba se somete al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Se trata de un mecanismo que permite revisar el estado de los derechos humanos en los países miembros de la ONU. El caso de la Isla es muy particular, pues el Gobierno suele llevar a su escrutinio el aval de decenas de organizaciones que controla y presenta como parte de la sociedad civil. Pero son cada vez más los grupos independientes que denuncian una realidad que contradice la propaganda oficial, y es precisamente el EPU una oportunidad para visibilizar esa situación.
El EPU se basa en tres documentos: el informe nacional del Estado examinado; la compilación de información por parte de la ONU, que contiene los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, así como las presentaciones escritas de los Equipos de País de las entidades de la ONU; y, por último, el resumen de las presentaciones escritas de otros actores interesados, que contiene información de las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos regionales de derechos humanos.
Este año la fecha límite para la presentación de informes de las partes interesadas para la 44ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU es el próximo 5 de abril de 2023, de acuerdo con el cronograma publicado.
La próxima parada del proceso es el 7 de agosto, cuando termina el plazo de entrega del informe del Gobierno cubano.
En todos los casos, las presentaciones deben contener información creíble y fiable sobre la situación de los derechos humanos en el Estado examinado, que destaquen las principales preocupaciones en materia de derechos humanos, las mejores prácticas y las recomendaciones al respecto, y abarquen el período transcurrido desde el último examen, de 2018 en el caso de Cuba.
Ya en 2020 La Habana pasó una evaluación de medio término del EPU. En ese momento no había cumplido con al menos siete de los compromisos adquiridos con el CDH en 2018, según denunciaron entonces la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En un informe enviado a las representaciones de los Estados con delegaciones ante Naciones Unidas en Ginebra, las agrupaciones indicaron que el Gobierno cubano sigue sin respetar, entre otros, los derechos de acceso a la información, a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Desde su creación en 2006, el régimen cubano se ha presentado a tres EPU (2009, 2013, 2018), y entre octubre y noviembre de este año se dispone a pasar otro examen, para el cuarto ciclo.
De acuerdo con el cronograma, las presesiones arrancan el 1 de octubre, y el Grupo de Trabajo del EPU sesionará el 6 de noviembre.
En el segundo ciclo del EPU (2013) La Habana recibió 292 recomendaciones y de estas aceptó 226. En 2018 se le presentaron 339 recomendaciones y aceptó también 226. Mientras el número de recomendaciones ha ido incrementándose, el porcentaje de aceptación del Estado cubano se ha ido reduciendo. Del 79% de aceptación a las recomendaciones recibidas en 2013, pasó al 67% de aceptación de las recomendaciones en 2018.
En el último EPU más organizaciones no oficialistas presentaron sus informes. Esto, pese a esa aplastante sociedad oficialista y de simpatizantes que el régimen moviliza para ocultar violaciones y arbitrariedades.
Por eso es necesario que la sociedad civil se active, participe y presente información documentada y creíble, para que el mundo sea consciente de la realidad del cubano. Probablemente, sufrirán el descrédito de la propaganda oficial, pero el expediente de recomendaciones seguirá aumentando. Así, la dictadura estará más expuesta, con evidencias documentadas de la cada vez más crítica situación de derechos humanos en la Isla.
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