Varios grupos de la sociedad civil independiente cubana entregaron el lunes una petición de acción legislativa a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para reclamar que acabe de legislar sobre el derecho de manifestación y reunión, recogido en el Artículo 61 de la Constitución de la República de 2019 y sobre la que no se han elaborado las disposiciones correspondientes para su ejercicio.
El documento, acompañado por 500 firmas de cubanos, fue entregado por nueve activistas integrantes del proyecto de asesoría legal Cubalex y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en la sede de la Asamblea Nacional.
"La discusión y aprobación de esta norma estaba incluida en el cronograma legislativo 2020-2023. A consecuencia de la Covid, dicho cronograma fue modificado en 2022, excluyendo, sin justificación argumental, la norma en cuestión de entre las que efectivamente se han venido aprobando una vez restablecida la normalidad en la vida institucional del país", señala el comunicado del grupo, hecho llegar a DIARIO DE CUBA.
"La exclusión, inexcusable, es contraria al mandato popular dado a la Constitución del Estado en febrero de 2018, luego de la consulta popular del anteproyecto y a través de la cual la sociedad cubana expresó, rebasando los límites de la consulta misma, sus demandas de más derechos para más personas", prosigue.
Los firmantes recuerdan que "entre la amplia batería de normas aprobadas, muy pocas responden al cuerpo de los derechos ciudadanos. La mayoría tienen como objeto proteger al Estado de la acción legítima de aquellos. De ellas, el Código Penal constituye la prueba del divorcio deliberado del Gobierno con la sociedad y con la Constitución del Estado".
"La aprobación de esta ley es urgente y fundamental. Muchas y muchos ciudadanos cubanos están hoy en prisión por el uso pacífico de sus derechos humanos y constitucionales, en medio de la ausencia de precisión jurídica y legal que les respalden, de la interpretación caprichosa de la Constitución por parte de autoridades y funcionarios, y de la judicialización política e ideológica de nuestros derechos civiles y políticos", subrayan.
"La soberanía reside en las y los ciudadanos. El Estado está a su servicio. No viceversa", finalizan.
Las protestas ciudadanas pacíficas que se producen en Cuba, y que desde el 11 de julio de 2021 se han convertido en una de las maneras más frecuentes para expresar el descontento con el régimen, son criminalizadas por las autoridades, que contra ellas lanzan a su aparato represivo, incluyendo grupos paramilitares. Sus participantes son golpeados, encarcelados y condenados a largas penas de prisión.
¿Esto es un chiste o parte e una estrategia de la seguridad del estado?
¿A quien se le puede ocurrir que el parlamento (excremento) de un campo de concentración socialista podría legislar algo que implique libertad o beneficio para los esclavos?
¿No se han dado cuenta estos grupos de la sociedad civil que el derecho a manifestarse está refrendado en la propia constitución pero que ningún decreto o ley en un régimen totalitario tiene fundamento ni propósito que obligue a cumplirlas?
Toda ley que aprueba el consejo de estado está encaminada a un solo proposito; mantener a la dictadura en el poder. Ya veran cómo contrarrestan esta propuesta con alguna nueva ley o árticulo que vaya en contra de cualquier ley que pueda ser interpretada en beneficio de los cubanos y su libertad. Si no, vean la constitución, que cada derecho que se le otorga a los ciudadanos, tiene un árticulo que lo anula.