El Gobierno de China ofreció comprar la deuda de El Salvador para ayudarlo a refinanciar sus obligaciones externas, dijo el lunes el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.
El Salvador, a quien la empresa consultora S&P Global Ratings otorgó una calificación de CCC+, que equivale a siete niveles por debajo del grado de inversión, está tratando de reorganizar su deuda externa para evitar caer en impago. Actualmente, según el medio especializado en finanzas, cuenta con alrededor de 670 millones de dólares en bonos con vencimiento el 24 de enero.
"China ofreció comprar toda nuestra deuda, pero debemos andar con cuidado", dijo Ulloa a Bloomberg al margen de un evento en Madrid. Cuando se le preguntó sobre una posible reestructuración de deuda, señaló: "no vamos a vender al primer postor, hay que ver las condiciones".
La nación centroamericana recompró bonos con vencimiento en 2023 y 2025 con una oferta pública que cerró en septiembre. Adicionalmente, esperaba lanzar una nueva oferta para adquirir la deuda restante, que se cotiza a unos 90 centavos por dólar, este mismo mes.
Sin embargo, Ulloa señaló que en enero se realizaría una segunda oferta pública, antes de que venza el pago del principal. El país utilizará las tenencias de los llamados derechos especiales de giro, o activos de reserva mantenidos en el Fondo Monetario Internacional, para financiar la recompra, dijo.
"El Ministerio de Hacienda junto con el Banco Central están preparando las condiciones de la segunda recompra", dijo Ulloa.
Según los analistas de Oxford Economics, Felipe Camargo y Lucila Bonilla, si bien El Salvador probablemente podrá evitar un default soberano en 2023, "las reservas desaparecerían si el Gobierno pagara la amortización de los eurobonos de 2025".
En los últimos años, China se ha vuelto un importante acreedor de los países pobres y en desarrollo, ahogados por presiones de deuda. Estados Unidos ha advertido de la influencia que intenta ejercer en Latinoamérica y ha señalado al régimen comunista de no querer participar en procesos de reestructuración impulsados por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
