La activista cubana Yanilys Sariego Acosta presentó este martes una demanda, a la que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, en la Sala de Amparo Constitucional del Tribunal Provincial de Matanzas contra la Fiscalía y los Órganos de la Seguridad del Estado de esa provincia, para que investigue el cúmulo de violaciones legales en su contra desde finales del pasado año hasta la actualidad y procese judicialmente a los responsables por ello.
La demanda tiene la particularidad que es una de las primeras que se apoya en la recién estrenada Ley de Amparo Constitucional —ya en vigor— para buscar un pronunciamiento de la justicia de cómo a un ciudadano cubano le han sido violados sus derechos constitucionales.
Esta activista, residente en la ciudad de Cárdenas, fue una de las que expresó públicamente a través de sus redes sociales que saldría a la calle el día 15 de noviembre de 2021 como parte de la marcha pacífica convocada ese día por el grupo Archipiélago, la cual el régimen frustró con un amplio despliegue militar en las principales ciudades del país.
Por ese motivo permaneció detenida durante cuatro días en una estación policial de esa ciudad matancera con el objetivo de frustrar su participación en dicha convocatoria. Durante su arresto Sariego Acosta se negó a ingerir alimentos en protesta por lo que consideraba "una arbitraria detención". Apenas salió en libertad la Fiscalía le abrió un proceso penal por los supuestos delitos de "desobediencia" y "resistencia agravada".
"Desde el comienzo el proceso (judicial en mi contra) ha estado marcado por la opacidad, el irrespeto a mi dignidad e integridad física, psíquica y moral, mediante coacciones para forzarme a aceptar soluciones alternativas que no se ajustan con la realidad y violentan mis derechos, así como la negativa a aportar la información necesaria para poder ejercer el derecho a la defensa de manera efectiva" expresó la activista en la demanda.
En el texto presentado Sariego Acosta detalló las ocasiones en que ha sido objeto de presiones, malos tratos y cómo en todo estos meses las autoridades han violado reiteradamente lo establecido en sus propias leyes.
La activista exigió también que le notifiquen por escrito, tal y como establece la ley, que el proceso penal en su contra fue archivado, algo que según las autoridades sucedió en mayo de este año y de lo que Sariego Acosta solo le consta una notificación verbal.
Como ha analizado DIARIO DE CUBA, la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales deja fuera de su jurisdicción las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos; las reclamaciones relativas a la defensa y la seguridad nacional, y las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país.
En Cuba, el régimen interpreta "la seguridad colectiva y el bienestar general" como la seguridad de su permanencia en el poder y su propio bienestar. Por tanto, los cubanos abiertamente críticos que sufran la vulneración de sus derechos recogidos en la Constitución no encontrarán amparo en esta Ley ni en ninguna norma aprobada en el país.
