Pocos días antes que estallaran las protestas del 11 de julio, el segundo de los dos juicios celebrados en Cuba a los miembros del grupo Clandestinos quedaba visto para sentencia. Aunque ya pesaban excesivas condenas sobre Panter Rodríguez Baró, Yoel Prieto Tamayo y Jorge Ernesto Pérez García (de 15, nueve y un año de cárcel, respectivamente) solo por haber manchado bustos de José Martí con sangre de cerdo, todos sus integrantes fueron acusados y procesados también por los delitos de tráfico de drogas y juegos prohibidos, para aumentar sus años en prisión.
Tanto los afectados como sus familiares consideran que, al encausarlos por esos nuevos delitos, el régimen buscaba evitar la posibilidad de que fueran considerados presos políticos, y que el ensañamiento contra ellos se debe al impacto mediático que lograron con su simbólica acción en los primeros días de enero de 2020.
Panter Rodríguez Baró fue condenaron a diez años por el delito de tráfico de drogas, Yoel Prieto Tamayo a seis y Jorge Ernesto Pérez García a cuatro. Aun cuando esta última sentencia se encuentra en proceso de apelación ante el Tribunal Supremo, es evidente que las posibilidades de que los acusados obtengan alguna respuesta favorable son muy escasas.
Rodríguez Baró y Prieto Tamayo admitieron ante las autoridades haber consumido drogas, pero rechazaron el delito de tráfico. Aseguraron que nunca han lucrado con sustancias prohibidas. Por su parte, Pérez García, quien solo prestó su celular para subir a las redes sociales los videos de Clandestinos, negó cualquier vínculo con la droga y dijo que jamás ha consumido ni vendido.
"A mi hijo lo tienen en el área 47 del Combinado del Este desde el 4 de marzo de 2020 con otros reclusos condenados por asesinatos y violaciones, totalmente aislado. Le quitan el derecho a llamadas telefónicas constantemente", declaró a Radio Televisión Martí Esther Baró, la madre de Panter, en mayo de este año.
En anteriores declaraciones a DIARIO DE CUBA, Baró dijo que ha hecho reiteradas solicitudes a la Dirección General de Prisiones para que su hijo sea sacado de esa área, pero nunca le han dado una respuesta positiva.
Por su parte, la madre de Prieto Tamayo, en declaraciones por vez primera a un medio independiente, dijo a DIARIO DE CUBA que a su hijo "no lo tratan nada bien en prisión. Cuando fue detenido lo golpearon y perdió dos dientes, y aún no le han dado atención medica para ponerle una prótesis. Es un maltrato muy grande golpear a un detenido", criticó Alina Tamayo Pérez.
"Mi hijo estuvo con Covid primero y después un herpes en la mano, y no dejaban pasar los medicamentos para esos tratamientos diciendo que en la farmacia de la cárcel había. Es mentira, no hay de nada; tuve que exigir mucho que dejaran pasar los medicamentos para que pudiera curarse. Además, la higiene y la comida son pésimas, hay unas ratas y chinches gigantes", añadió esta madre.
DIARIO DE CUBA tuvo acceso a una carta escrita por Prieto Tamayo, en la cual este afirma haber sido engañado por el oficial de la Dirección Nacional Antidroga (DNA) Arnaldo Ramos Moqueira, quien a cambio de la falsa promesa de ser solo un testigo en el juicio le pidió que identificara a la persona a la que supuestamente compraron la droga y la casa donde ocurrió, a lo que este prisionero accedió.
"En la petición fiscal se decía que yo le proporcionaba drogas a Guillermo Mendoza, un vecino de Altahabana que había estado detenido junto a nosotros, ya que él nos había prestado su teléfono celular sin ningún interés, con el cual tiramos las fotos a los bustos con sangre", explicó en la carta Prieto Tamayo.
"En el juicio todo era una mentira, pruebas falsas. Entre los testigos que presentó la Fiscalía estuvo Guillermo Mendoza, quien declaró, con la verdad, que nosotros nunca le habíamos proporcionado droga alguna. Pero esto de nada sirvió, porque nuestra palabra de nada sirve, solo la del instructor y el fiscal", agregó en la carta Prieto Tamayo.
"Me sancionaron injustamente por una acusación falsa a seis años de privación de libertad, por ser un cubano con pensamiento diferente a los que rigen este país" consideró Prieto Tamayo.
Similar versión del juicio relacionado con las drogas a los miembros de Clandestinos ofreció Mercedes García, madre de Jorge Ernesto Pérez García, quien estuvo presente en el tribunal.
"No le pudieron probar nada a mi hijo de algún vínculo con la droga. Los testigos de la Fiscalía decían mentiras o declaraciones contradictorias, pero a pesar de eso lo condenaron. Ese juicio fue una gran farsa", dijo la madre de este preso.
"Debido a su estado de salud, ya que el tiene un marcapasos en el corazón, el abogado ha pedido su libertad condicional, pero siempre la niegan. En ocasiones, cuando le toca visita, no nos dejan pasar los medicamentos o la comida. Todo con él ha sido una gran injusticia", añade esta madre.
Tanto las ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) como Prisoners Defenders consideran a los miembros de Clandestinos presos políticos.
A juicio del OCDH, las condenas contra los integrantes de este grupo "demuestran un ensañamiento notorio por razones políticas, en una causa (...) contra la libertad de expresión en Cuba".
