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REPRESIÓN

Concluso para sentencia el nuevo juicio a la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz

El esposo de la opositora denuncia que fue 'una patraña, un montaje de la Seguridad del Estado'.

La Habana
Aymara Nieto Muñoz y dos de sus hijas.
Aymara Nieto Muñoz y dos de sus hijas. UNPACU/facebook

La prisionera política cubana Aymara Nieto Muñoz fue sometida a un juicio el lunes en el Tribunal Provincial de La Habana que, según su esposo, Ismael Boris Reñí, estuvo plagado de irregularidades.

Boris Reñí, opositor miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), al igual que Nieto Muñoz, pudo presenciar la vista judicial en la que su esposa participó por videoconferencia, con interrupciones por problemas técnicos. De forma presencial estuvieron otras cuatro reclusas procesadas en la misma causa.

En una llamada al ex prisionero político Ángel Moya, Reñí denunció que fue un juicio amañado, "una patraña, un montaje por la Seguridad del Estado".

Según la declaración del opositor, publicada en Facebook, ninguna de las reclusas señaló a Nieto Muñoz de haber participado en los hechos de los que son acusadas.

Aimara Nieto Muñoz, Dama de Blanco, está cumpliendo una sentencia de cuatro años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y daño a la propiedad, en una cárcel de mujeres en la provincia Las Tunas. Está separada por más de 600 kilómetros de sus dos hijas menores de edad y el resto de su familia, residente en La Habana.

Nieto Muñoz fue trasladada en marzo de 2020 desde la cárcel del Guatao, en La Habana, tras ser acusada de ser promotora de un motín en esa prisión de mujeres

El nuevo cargo que las autoridades intentan sumar a la activista es el de "promotora de desorden público en centro penitenciario". Es la directora de la cárcel del Guatao la única que acusa a Nieto Muñoz de los hechos, entre ellos el incendio de unos colchones. La Fiscalía pidió para la opositora cinco años de privación de libertad.

Según Boris Reñí, no hay pruebas presentadas por la funcionaria de prisiones, solo lo que escuchó decir a la Seguridad del Estado. 

Ella "es la que declara que Aymara había accedido a una fosforera para darle candela a los colchones", sin embargo, no hay evidencias y las reclusas no mencionaron la participación de Nieto Muñoz en los hechos.

En diciembre de 2020, Boris Reñí denunció a DIARIO DE CUBA que a la activista le querían "atribuir ahora un motín ocurrido en marzo (de ese año) en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, donde se encontraba antes de ser trasladada a la cárcel de Manatí".

Boris Reñí afirmó entonces que "su esposa ha negado toda responsabilidad en esos hechos".

La situación de Nieto Muñoz fue denunciada por el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que demandó al régimen su inmediata liberación y una indemnización por daños y perjuicios.

 

Nieto Muñoz participó junto a su esposo y otro activista en una protesta ante el papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana en 2015. El 12 de julio de 2016, esos activistas fueron llevados a prisión por un año, debido a un supuesto delito de "desorden público".

Nieto Muñoz fue liberada el 11 de julio de 2017. Continuó con su activismo y el 6 de mayo de 2018, al salir de su vivienda, fue detenida junto a otras dos Damas de Blanco. Fue golpeada por una policía de uniforme, trasladada a prisión y acusada de los delitos de "atentado y daños". Las autoridades le impusieron una condena de cuatro años de cárcel que estaría cerca de cumplir.

Durante el cautiverio de la presa política, la comunicación con la familia ha sido irregular. Nieto ha estado castigada en aislamiento y sin derecho a llamadas telefónicas en varias ocasiones. Sus hijas se han visto privadas de ver a su madre por periodos prolongados, de más de dos años.

Abogados consultados por DIARIO DE CUBA señalaron que la opositora ha sido víctima de un proceso de discriminación dentro del sistema penitenciario y que se violan los derechos carcelarios previstos en el Artículo 64 del Reglamento de las Prisiones. 

A Nieto Muñoz también se le ha privado del derecho de progresar hacia un régimen carcelario de menor rigor, de rebaja de condena por años cumplidos y de ser beneficiada con alguna forma de excarcelación, como la condicional. 

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