"Cuba tiene uno de los entornos mediáticos más restrictivos del mundo", concluyó la ONG promotora de los derechos humanos Freedom House en su Informe sobre la Libertad en Internet 2021.
En ese reporte, la Isla bajó del puesto 22 al 21 con respecto a 2020 en lo que a la libertad global de internet se refiere, al reportar incidencias como restricciones en las redes, bloqueo de las redes sociales y sitios web, uso de trolls pro régimen y represión y arresto de personas por el uso que hacen de sus redes.
El Informe reconoce que, pese a "mejorías en la infraestructura técnica, Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del Hemisferio Occidental, el acceso regular a internet sigue siendo demasiado caro y la conexión es pobre".
Asimismo, en abril de 2021 "el Gobierno anunció la adopción del Decreto Ley 35, que impone amplias obligaciones a los proveedores de servicios de censurar el contenido online sin supervisión judicial o medidas de transparencia".
Del mismo modo, el régimen continuó "usando el Decreto Ley 370 para arrestar arbitrariamente, multar, confiscar los equipos de periodistas independientes, y el activista Juan Luis Bravo Rodríguez fue sentenciado a dos años de prisión en septiembre de 2020 tras oponerse a pagar una multa impuesta bajo esa normativa".
Desde inicios de 2020, al menos 28 periodistas independientes y activistas han sido sancionados o amenazados a partir del Decreto Ley 370. En varios casos, los agentes mostraron a los periodistas "impresiones de sus publicaciones en redes sociales como 'pruebas' de sus crímenes", indica el informe.
A pesar de que la penetración de internet alcanzó en 2019 el 68% del país, según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), la Isla tiene la menor tasa de penetración de telefonía móvil de América Latina, si bien en el mismo año el 53% de la población tenía acceso a ese servicio.
"Son comunes las quejas sobre los altos precios de la empresa estatal, el servicio poco confiable y las prácticas comerciales monopólicas y poco receptivas. Además, según los datos de junio de 2019, solo el 26% de los usuarios accedió a Internet móvil a diario", indica el informe.
Según el estudio, "las tarifas telefónicas y de acceso a Internet siguen siendo exorbitantes según los estándares internacionales. Con el salario mínimo mensual de Cuba ajustado a 2.100 CUP (84 dólares) después del 1 de enero de 2021, un cubano todavía tendría que pagar casi diez veces esa cantidad (20.000 CUP, o 800 dólares por mes) por el servicio de tiempo completo de Nauta Hogar, ya que no hay tarifa plana".
Por el lado de la censura, Freedom House resume diversos hechos represivos. Así, por ejemplo, recuerda que en junio de 2020 el monopolio estatal ETECSA suspendió el servicio de telefonía móvil a una 20 activistas y periodistas como parte de un operativo de la Seguridad del Estado "para impedir su asistencia a una protesta por el asesinato a manos de la Policía del joven negro Hansel Hernández".
También Telegram y varias VPN populares fueron bloqueadas por alrededor de cinco semanas a partir de octubre de 2020.
Freedom House subraya que en el periodo examinado "el gobierno impuso restricciones de conectividad a gran escala después de las históricas protestas de noviembre de 2020", derivadas del asalto a la sede del Movimiento San Isidro y la posterior manifestación ante la sede del Ministerio de Cultura (MINCULT).
Entre e 28 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020, el proyecto de periodismo de datos Inventario identificó casi 80 interrupciones del servicio de telefonía móvil. En julio de 2021, a raíz de las masivas manifestaciones del 11J, "las autoridades restringieron la conectividad a internet y bloquearon WhatsApp, Telegram y Signal".
Además, prosigue el bloqueo esporádico de sitios y medios de comunicación extranjeros, como The Miami Herald y El Nuevo Herald, BBC, El País, Financial Times, así como medios independientes cubanos como El Estornudo, 14ymedio, DIARIO DE CUBA, Cibercuba, CubaNet, Cuba Encuentro, Periódico Cubano, la Asociación Pro Libertad de Prensa, Gato Pardo, Tremenda Nota, Proyecto Inventario, Rialta y Martí Noticias.
A ellos se suman, entre otros, el sitio de las Damas de Blanco, las plataformas para reunir firmas en favor de peticiones colectivas Change.org y Avaaz.org, o herramientas de protección de identidad como Anonymouse.
"Según el Inventario Global de Manipulación Organizada de Redes Sociales de 2019, actores oficiales cubanos, incluidas las agencias gubernamentales, emplean redes coordinadas que manipulan las redes sociales mediante la difusión de desinformación, la amplificación de cierto contenido y el trolling", indica el informe.
"Las cuentas de redes sociales falsas a favor del régimen conocidas como ciberclarias apoyan al Gobierno en las redes sociales y plataformas, en particular Facebook y Twitter, al atacar a disidentes y activistas, publicar artículos en los medios estatales y compartir publicaciones de funcionarios de alto nivel. Según los informes, las ciberclarias están compuestas por jóvenes, muchos de ellos de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, que reciben beneficios como más tiempo en Internet y planes de datos 3G", subraya.
Por ello, recuerda Freedom House, en septiembre de 2019 Twitter suspendió temporalmente los perfiles en esa red social de muchos medios oficiales y figuras del Gobierno, incluido Raúl Castro.
"La compañía señaló que estaban trabajando de manera coordinada para 'amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de múltiples cuentas'", recuerda.
