La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide seis años de privación de libertad por presuntos "desórdenes públicos" y dos delitos de "desacato" para el joven cubano Jorge Gabriel Arruebarruena León, luego de su participación en las protestas del 11 de julio en la localidad de Villa Clara.
"Fue detenido el 11 de julio. Solo iba manifestándose y gritando lo que la gente, el pueblo, iba gritando. Nada de carteles, ni piedras tiradas, manifestándose como iba todo el mundo en una marcha sin alteraciones y con su nasobuco puesto", declaró su madre Madel León Jiménez a Radio Televisión Martí.
Según el medio, las conclusiones provisionales del órgano acusatorio establecen que "Arruebarruena, de 23 años, y el resto de los consignados en el Expediente en Fase Preparatoria 689 de 2021 se aprovecharon de la situación que enfrenta el país debido al Bloqueo impuesto por Estados Unidos para arengar a otras personas a que los siguieran, al tiempo que vociferaban Díaz Canel Singado [sic]".
"El abogado dice que 'desacato' es por gritar la frase ¡Díaz Canel Singao", señaló la madre.
Según el defensor de Arruebarruena, Laslo Pérez de Alejo, citado por la madre, espera poder quitarle un desacato, pero "son tiempos difíciles y hay que fajarse por él".
"Todo el mundo se está quejando. Están pidiendo muchos años a niños que no han hecho nada, que solamente marcharon y gritaron alguna consigna. Es abusivo", denunció León Jiménez.
Otros 15 manifestantes serán juzgados en la misma causa por "desórdenes públicos, desacato y resistencia". Son Yunior Sebey Mena, Andy Dunier García Lorenzo, Randy Arteaga Rivera, Mercy Daniela Pitchs Martínez, Liván Hernández Sosa, Maykel Fleites Rivalta, José Miguel Gómez Mondeja, John Luis Machado Marrero, Pedro Manuel Nicodemos Cabrera, Amanda Dalai Matamoros Cabrera, Brian Amed Ceballo OReilly, Leonel Tristá García, Ariel Núñez Martínez, Armando Guerra Pérez, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz. La Fiscalía pide para ellos entre cinco y ocho años de prisión.
Hasta el momento, no hay fecha establecida para el juicio.
Según el Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX, al menos 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación, y 202, en fase de juicio oral. De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre cinco y 25 años para 198 personas.
